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El oficialismo buscará alcanzar acuerdos con los bloques “amigables” de la Cámara de Diputados en los artículos que mantienen discrepancias referidos a facultades delegadas, privatizaciones y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, con el fin de tener las mayorías para aprobar en particular el martes próximo el proyecto de ley Bases.
La Cámara de Diputados aprobó en general por 144 a 109 votos el dictamen de mayoría con los cambios acordados entre la Libertad Avanza (LLA), la UCR, PRO, Hacemos e Innovación, pero debió pasar a cuarto intermedio hasta el martes a las 14 para poder consensuar las discrepancias sobre algunos puntos de esa norma.
La iniciativa cosechó 38 diputados de LLA, 32 de la UCR, 37 del PRO, 18 de Hacemos Coalición Federal, 9 de Innovación Federal, uno de Creo; uno de Avanza La Libertad, dos de Producción y Trabajo, dos de Buenos Libre, tres de Independencia y uno de Unión Mendocina.
Sin embargo, no pudo avanzar en la discusión en particular porque los bloques “amigables” quieren otros cambios en algunos de los artículos, por lo que serán claves los acuerdos que se puedan lograr mañana en las conversaciones que el oficialismo mantendrá con diputados opositores que respaldaron el proyecto.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, afirmó ayer que están «prácticamente todos bastante cerrados» los acuerdos para el debate parlamentario sobre los artículos de la ley Bases que el viernes recibió la aprobación general en la Cámara de Diputados, y destacó el trabajo de los llamados bloques dialoguistas que colaboraron «con buenas intenciones».
«Quedan algunos temas para terminar de acordar en particular, pero no muchos. Prácticamente está todo bastante cerrado», afirmó Francos en declaraciones a radio Mitre.
De todos modos, el punto que genera mayores discrepancias es el reclamo de las provincias que piden la coparticipación del Impuesto País, que tiene una recaudación de unos 500 mil millones, una idea rechazada por el oficialismo que quiere terminar con ese gravamen a fin de año.
Sin embargo, los legisladores de bloques dialoguistas podrían aceptar diferir esa discusión cuando se analice el pacto fiscal y el paquete tributario, si el Gobierno acepta reformar el artículo sobre el Fondo Garantía de Sustentabilidad para que asegure el flujo de fondos para aquellas cajas provinciales que están armonizadas con la Nación, como en el caso de Santa Fe y Córdoba, indicaron voceros parlamentarios.
Otro de los puntos donde aún hay discrepancias es en el paquete de las privatizaciones de las empresas del Estado, pese a que el jueves el Gobierno propuso quitar de esa lista nueve compañías.
Los legisladores señalan que hay un principio de acuerdo en este punto, pero tanto la UCR como Hacemos se oponen a las privatizaciones del Banco Nación y de Arsat.
Uno de los artículos establece que la Jefatura de Gabinete de Ministros, en coordinación con el Sindicatura General de la Nación, deberá «elaborar y hacer público un informe integral sobre la empresa y/o sociedad de propiedad total o mayoritaria estatal en cuestión, que contendrá información detallada sobre sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros, y operativos; ese informe deberá ser remitido a la Comisión Bicameral en oportunidad de su publicación».
Las empresas que no quedarán sujetas a privatización, según esa propuesta, son el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Casa de Moneda, Dioxitek S.A; Fabrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, Radio de la Universidad del Litoral, Servicio de Radio y TV de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación y Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio.
El Gobierno mantiene la privatización parcial de Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina y ARSAT.
En tanto, otras 27 empresas entre las que figuran Aerolíneas Argentinas, Correos Argentinos, Aysa, Ferrocarriles Argentinos, Administración General de Puertos, Yacimientos Carboníferos Fiscal, y los medios públicos (Télam y RTA), entre otras, quedan sujetas a privatización.
En cambio, sí hay acuerdo en aprobar el artículo que establece la emergencia que quedó limitada a seis materias que son administrativa, económica, financiera, de seguridad, tarifaria y energética, y sobre biocombustibles y los entes referidos a la cultura.
Pero donde hay disidencia es en algunos artículos donde se delegan facultades y donde algunos diputados piden que el Gobierno no tenga atribuciones para poder eliminar fondos fiduciarios que son importantes para las provincias, como el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, y Fiduciario Federal de Infraestructura Regional.
Otros puntos que aún faltan son los cambios en el artículo sobre modificaciones al Código Penal en temas de protestas, y la reforma sobre endeudamiento, en los cuales hasta ahora no hubo avances entre oficialistas y dialoguistas, señalaron voceros parlamentarios.
El proyecto se votó en general en una sesión que se extendió desde el miércoles hasta el viernes, con 31 horas de debate y en donde expusieron más de 200 oradores.
Ahora se estima que la discusión en particular durará por los menos dos días, ya que el dictamen de mayoría de 383 artículos demandará fuerte discusiones en los capítulos sobre emergencia pública, privatizaciones, seguridad, educación y reforma del Estado debido a la cantidad de oradores que ya se anotaron.
Por ese motivo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien estuvo en la conducción de la sesión en la mayoría de los tramos de la extensa deliberación, deberá poner límites como ya lo hizo para que los expositores cumplan con el reglamento y los acuerdos establecidos en labor parlamentaria.
El segundo capítulo se escribirá el martes cuando los diputados vuelvan a sentarse en sus bancas y el oficialismo deberá conformar nuevamente quórum con los bloques dialoguistas, porque ni UxP ni la izquierda colaborarán para que se alcance el piso de 129 necesario para comenzar a votar cada artículo en particular.
