«Cada vez que quiso avanzar en la impunidad, no le fue bien al gobierno de Milei»

El equipo de abogados y abogadas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que actúan como querellantes en los juicios de lesa humanidad, está diezmado. De 26 profesionales que había, hoy quedan 12. Y a fin de mes ese número podría reducirse drásticamente. Esto, sumado al desmantelamiento de áreas de investigación, compromete la continuidad del juzgamiento de los responsables del terrorismo de Estado.

Fernando Almejún integra el equipo de abogados y abogadas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Lo es hasta el 31 de marzo. Después de esa fecha, no sabe qué pasará. Porque, sintetizó, «estamos viviendo, desde que asumió el gobierno de Milei, una política de desmantelamiento de la Secretaría».

En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), Almejún explicó que la Secretaría de DDHH de la Nación tiene dos áreas, una que se encarga de la promoción de los derechos humanos y otra de la protección. Los abogados y abogadas pertenecen a la segunda, desde donde trabajan en los juicios de lesa humanidad.

«Impulsamos querella, notificamos a las víctimas, hacemos informes sobre las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas, hacemos pericias en las ejecuciones de la pena, después del proceso, para saber si quienes fueron condenados por delitos de lesa humanidad deberían estar en cárcel común o en domiciliaria», describió.

Y agregó: «Todo eso hoy está en riesgo, porque han desmantelado la mayoría de los equipos en un 50 por ciento o más».

En este sentido, precisó que, por ejemplo, el cuerpo de peritos con los que contaba el equipo fue desarmado totalmente. «Hoy no tenemos peritos para saber si un genocida está en condiciones de ir a domiciliaria o de mantenerse en cárcel común y efectiva».

Sobre la actuación de los abogados en los juicios, representando a la Secretaría, Almejún explicó: «En la parte acusadora, está el fiscal y están las querellas particulares de las víctimas. Y está el Estado nacional, que a partir de Néstor Kirchner se ocupó de impulsar las causas desde el Poder Ejecutivo».

Reveló luego que de los 26 abogados querellantes que estaban actuando, «quedan solo doce en capacidad de estar en juicio», cuando hay en curso 265 causas.

Como ejemplo, indicó que en la Ciudad de Buenos Aires, que es el distrito «donde hay más víctimas y juicios muy extensos, hay sólo tres abogados para la cantidad de causas penales abiertas».

«Es muy difícil de llevar a cabo la tarea», concluyó.

‘Resistencia’

Desde la asunción del gobierno de Javier Milei, los equipos de la Secretaría de DDHH no recibieron ninguna señal para impulsar los juicios de lesa humanidad. Pero el trabajo continuó. «Fue una decisión que mantuvimos, casi como un acto de resistencia entre los compañeros», contó.

Si bien la situación es preocupante, el abogado analizó la situación en el contexto presente y llegó a la conclusión de que la disputa del gobierno nacional «todavía parece que no la tiene saldada con el pueblo argentino, con el tema de la memoria completa, como dicen ellos».

En esta línea, señaló: «Lo relaciono con la marcha de ayer, con la visita de los diputados de La Libertad Avanza a los genocidas. Cada vez que quisieron dar un paso en un sentido de impunidad, en un nuevo pacto de impunidad, no le fue bien al gobierno de Milei».

Archivos

Almejún se refirió al anuncio del gobierno nacional sobre la supuesta apertura de archivos de la SIDE de la época de la dictadura, y coincidió con quienes ya expresaron que se trataría de un anuncio distractivo, pues esos archivos ya fueron desclasificados en el pasado.  Sobre este punto, repasó: «Cuando estaba (Cristina) Camaño al frente de la AFI, se encontraron 250 mil microfilms con información de seguimiento de las personas que trabajaban en la SIDE en la dictadura. Eso se empezó a ordenar y se ordenó la digitalización a la Casa de la Moneda, que ahora fue totalmente desmantelada por Milei».

«Si encontraron nuevos archivos, tienen que decir dónde los encontraron, en qué condiciones. Y si no, estamos hablando de los mismos archivos que ya se encontraron y estaban en proceso de digitalización», agregó.

Por otro lado, recordó que en el Ministerio de Defensa funcionaba un área que se dedicaba a analizar documentación de aquellos años, en particular investigando los legajos de los militares que habían actuado durante la dictadura.

«Esa documentación es una de las pruebas principales en los juicios que se llevan a cabo al día de hoy, porque los legajos contienen información valiosísima, porque recordemos que hay un pacto de silencio de los militares -señaló-. Ahí podemos encontrar información cruzada que determina que ciertas personas estuvieron en centros clandestinos de detención, por ejemplo. Y si lo sabemos, es por esos legajos que todavía se preservaban en el Ministerio de Defensa».

El futuro de los juicios

Para Almejún, el desmantelamiento de estas áreas claves son «parte de un pacto de impunidad», aunque consideró que «si no avanzaron todavía en un indulto es porque todavía se les puso un freno». Y en ese sentido volvió a destacar la contundencia de la marcha de este lunes en todo el país.

«Ellos no pudieron avanzar más porque también encuentran un claro mensaje del pueblo argentino de decir ‘no, seguimos manteniendo el Nunca Más'», afirmó, aunque aclaró: «Eso está en disputa. Quizá el año que viene logren generar un consenso para tratar de efectivamente hacer un nuevo pacto de impunidad. Pero hoy me parece que después de lo de la marcha de ayer, es muy difícil».

A su entender, esta es la razón por la que «necesitan crear otra historia», en referencia al video que difundió la Casa Rosada. «Tienen que explicar con mentiras cuestiones que ya fueron juzgadas, que ya fueron aclaradas, incluso en la Conadep. Para ellos ni siquiera es la teoría de los demonios, sino que el demonio era la guerrilla y ellos vinieron a defenderse de eso».

Para Almejún, incluso sería difícil que la Corte Suprema de Justicia tome un camino diferente y tome decisiones que impliquen un retroceso en materia de derechos humanos. «Hasta el día de hoy siguen condenando. Las condenas que llegaron a la Corte por pedido de las defensas, han sido ratificadas», remarcó.

-¿Qué va a pasar con los juicios ante el desmantelamiento de la Secretaría y los equipos de abogados?

-Hoy quedan abogados que todavía están querellando. Después, para mí, hay que saber que el principal impulso procesal en las causas de lesa humanidad fueron, son y creo que serán los familiares y las víctimas que fueron sobreviviendo. Entonces no será la primera vez que las víctimas, los familiares, les pidan reuniones a los jueces, a los tribunales, para que pongan fechas para procesar a quienes encontraron. Porque las principales pruebas judiciales, además de las documentales que salen de los análisis de los legajos, son aportadas por las víctimas. Entonces los juicios van a seguir, con querellas particulares. Porque además la Unidad Fiscal de delitos de lesa humanidad no está desarmada, sigue impulsando las causas. Puede haber un proceso de ralentización de los de los juicios, más que nada porque el Poder Judicial muchas veces acompaña a los tiempos políticos, pero los juicios van a seguir.