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Por José Luis Politi. Luego del tsunami de renuncias y pedidos de juicio político en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Jujuy durante el mes de abril pasado, este lunes, el Poder Ejecutivo envía a la Cámara de Diputados la terna de postulantes para ocupar las vacantes en el máximo órgano judicial de la provincia.
El pedido tomará estado parlamentario, y se estima que durante la semana jurarán los nuevos supremos militantes del tándem UCR/PJ.
Las radicales Elizabeth Beatriz Altamirano y Clara Langhe de Falcone, y el peronista Sergio González, son los cortesanos que se fueron. En su lugar, entran Mariano Gabriel Miranda, María Eugenia Nieva y Martín Llamas, manteniendo la relación partidaria anterior.
Miranda es actual fiscal de Estado de la provincia. Fue apoderado de la UCR hasta el 2015 y armador del entramado político electoral que le permitió a Morales ganar las elecciones de ese año.
El segundo aporte del radicalismo jujeño es el de la exdiputada provincial María Eugenia Nieva, hija del histórico dirigente Próspero Nieva, ya fallecido, y hermana de Alejandro Nieva, actual auditor General de la Nación y ex legislador local y nacional de la UCR.
La terna se completa con el abogado Martín Llamas, actual apoderado del Partido Justicialista de Jujuy, candidato a concejal del PJ en las últimas elecciones provinciales y empleado de una de las empresas de Rubén Rivarola, presidente del PJ local.
De esta manera, el gobernador Gerardo Morales da un paso más en el camino iniciado en diciembre de 2015, cuando apenas días después de asumir, impuso el aumento de miembros del STJ de cinco a nueve y logró que dos de los diputados radicales que votaron la ampliación, Pablo Baca y Elizabeth Beatriz Altamirano, juraran como supremos pocas horas después. Baca renunció a fines de 2020 y fue reemplazado por quien hasta entonces ocupaba el Ministerio de Seguridad, Ekel Meyer.
De este modo, Morales renueva las lealtades en el máximo tribunal de la provincia, algo que le es necesario para fortalecer su poder político y afianzar sus estrechos lazos con la justicia vernácula, de cara a lo que resta de este año y, sobre todo, a 2023, en caso de que precise impulsar una reforma de la Constitución provincial.
La movida de Morales obedece a que había perdido parte de confianza en la Corte anterior. Con los nuevos miembros, además, suma un aval indispensable, el del presidente del Partido Justicialista de Jujuy, Rubén Armando Rivarola. Entre ambos partidos suman la representación parlamentaria y el número suficiente para sacar y poner a gusto jueces, camaristas, fiscales y cortesanos.
Si Morales encabeza o integra una fórmula presidencial el año que viene, como aspira desde hace tiempo, Rivarola podría perfilarse como el sucesor en la provincia. Si en cambio al radical no le sale la jugada y pierde la disputa en el seno de Juntos por el Cambio, hay un plan B: impulsar la reforma de la Constitución provincial y quedar así habilitado para postularse a un tercer mandato en la gobernación.
En cualquiera de los dos escenarios, Morales necesita supremas y supremos dispuestos a lo que haga falta para sostener las reformas que les pida.
Claro que, si todo eso falla, le quedaría postularse para diputado o senador nacional, lo que implicaría irse al descenso en su carrera política.
