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Si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resuelve las medidas cautelares en el mismo sentido en que se vienen pronunciando organismos internacionales, Milagro Sala debe ser liberada de inmediato, pues una resolución en ese sentido obliga al Estado nacional a obedecer. Así lo explicó el director del Área de Litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Diego Morales.
«La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las medidas cautelares puede decir que la detención es contraria a la Convención Americana y ordenar su libertad inmediata, y el Estado nacional tiene que obedecer”, afirmó el abogado.
Aclaró que en todos los casos las consecuencias del incumplimiento de las resoluciones de organismos internacionales son para el estado nacional y no el gobierno jujeño. “En el derecho internacional rige el principio de buena fe y la Argentina está incumpliendo”, agregó.
La detención arbitraria de Milagro Sala puso al país en incumplimiento luego de que el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria (GTDA) de la ONU; el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y organizacions como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, coincidieron en reclamar la libertad de la líder de la Tupac Amaru, privada de su libertad desde el 16 de enero de 2016.
El gobernador Gerardo Morales dio una respuesta pública muy clara: “no voy a soltar a esa mujer”, dijo. Y cada vez que el presidente Mauricio Macri es consultado sobre el tema, insiste en que es una cuestión que debe resolver la justicia de Jujuy.
Por el lado de la justicia, precissamente, el juez de control penal N° 1, Gastón Mercau, que es quien tiene a su cargo la megacausa conocida como «Pibes Villeros», justifica la prisión preventiva que le dictó a Sala diciendo que, de concederle la libertad, podría entorpecer la investigación.
Sin embargo, este aspecto es rechazado desde todos los ámbitos. “Obstruir la causa era posible en cuanto ella tenía capacidad de organizar una protesta, pero después la pierde. El acampe se levantó, y cuando la detienen se supone que la investigación ya está desarrollada. El ejercicio del poder punitivo por parte del Estado tiene que tener claridad en sus fundamentos”, dice Diego Morales.
En octubre pasado, el GTDA de la ONU emitió un comunicado sobre la base de la información que recogió tanto de parte del CELS y otras organizaciones denunciantes como del propio gobierno de Jujuy, que envió su respuesta a los requerimientos. En sus conclusiones, determinó que la detención de Sala es arbitraria y solicitó al gobierno de la República Argentina que disponga lo que haya que hacer para que sea liberada de inmediato.
«Pasaron varios meses y esto no se cumplió, así que el la próxima reunión, ese organismo puede dictar una resolución ante el incumplimiento de su decisión”, explicó el abogado del CELS.
Las Cortes
En tanto, el Superior Tribunal Superior de Justicia (STJ) de Jujuy rechazó dos recursos del equipo de abogado de Sala, uno referente a sus fueros como diputada del Parlasur y otro por su libertad, confirmando así su prisión preventiva.
Tras eso, los letrados interpusieron un recurso extraordinario federal para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que debe ser concedido por el STJ. Como el tribunal jujeño no tiene plazo para resolver, todo indica que el trayecto hasta la Corte nacional se prolongue. En caso de que sea rechazado, los abogados ya adelantaron que interpondrán un recurso de queja.
