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Frente el incumplimiento del gobierno de una medida cautelar dispuesta por la justicia federal, vecinos de Caspalá mantienen desde hace tres días una permanencia en la cancha comunitaria del pueblo para impedir que avance la construcción de una escuela. La policía fue hasta el lugar para entregar actas contravencionales que dejó en el suelo ante la negativa de la gente de recibirlas.
El conflicto se inició en noviembre pasado, cuando el gobierno provincial desmanteló la cancha comunitaria del pueblo, que estaba emplazada sobre un terreno privado, con el fin de construir allí un edificio escolar, pese a que desde 2015 había un lote destinado a ese fin. Frente a la protesta de los pobladores, que fue reprimida por la policía, el gobernador Gerardo Morales anunció que se iba a construir un «polideportivo» en otro sector del pueblo, donde las máquinas destruyeron material arqueológico.
Silvana Llanes es la abogada que representa a los vecinos de Caspalá. En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), explicó que «hace tres días hay un acampe en la cancha para evitar que sigan construyendo», y recordó que el terreno pertenece a los herederos de María Liberata Apaza.
«Se cansaron de esperar. Están totalmente descreídos de todas las instituciones», describió la letrada, y agregó: «Nosotros, como abogados, seguimos creyendo en la justicia y seguimos haciendo las presentaciones, pero la verdad es que si te están rompiendo la casa, no te queda otra que defenderla».
Lidia Balcarce está con el grupo que mantiene la permanencia. «El gobierno está destruyendo nuestra cancha ancestral. Dicen que es un terreno fiscal, que está expropiado, pero la cancha está en un terreno privado que pertenece a María Liberata Apaza. Ella falleció, ahora están sus herederos», relató a El Submarino Radio.
Apenas un grupo de vecinos se instaló con carpas en el terreno, llegó la policía a entregar actas contravencionales. Ante la negativa de recibirlas en mano, los uniformados las dejaron en el suelo, con piedras para que no se las lleve el viento.
«El lunes trajeron contravencionales contra los dueños de la propiedad. Supuestamente le acusan de estar obstruyendo la vía pública. Pero no se entiende, no es vía pública. Le hicieron las contravencionales a los dueños del terreno. Eso es un abuso de autoridad», comentó Balcarce.
«Es descabellado. Les ponen una multa por estar ocupando su propio terreno. Es muy triste», valoró Llanes.
La irritación de los vecinos se agudizó el fin de semana cuando el comisionado municipal, Natividad Apaza, se mostró en la Feria Internacional de Turismo, que se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires, recibiendo la distinción otorgada a Caspalá por la Organización Mundial de Turismo como una de las villas autosustentables más lindas del mundo.
«Es una caradurez que vaya a recibir el premio, cuando él mismo está destruyendo el pueblo junto con el gobernador» Gerardo Morales, afirmó la abogada.
Pese a estar vigente una medida cautelar dictada por la justicia federal para que se detengan las obras hasta que se resuelva la cuestión de fondo, la construcción avanza en los dos puntos en conflicto. Por un lado, la escuela que el gobernador pretende levantar en el terreno privado donde funcionaba la cancha comunitaria. Por otro lado, un «polideportivo» en otro terreno, también privado, donde además las máquinas destruyeron un antigal.
En el caso de la escuela, hay un predio para ese fin que está asignado desde el año 1910 y fue ratificado por decreto de la Comisión Municipal 89/2015.
“Las dos obras, la escuela y la cancha, deberían ser paralizadas. Quien tendría que hacer respetar la medida es el fiscal Carlos Colonnese, porque en la justicia federal de la provincia tenemos un sistema acusatorio. Debería mandar a las fuerzas federales, hacer valer la medida cautelar, pero obviamente mira para otro lado», indicó Llanes.
La abogada reveló además que recién este martes pudo acceder al expediente. «Y descubrí que no han subido toda la prueba que aportamos, las denuncias a la Oficina Anticorrupción, los planos, los informes de dominio del inmueble, el plano original del pueblo, el registro que figura en archivo de la provincia respecto a la titularidad de la finca que incluye la cancha», describió.
«Ahora entendemos por qué en la audiencia del 18 de septiembre que tuvimos en la Cámara de Salta, donde el fiscal de Estado (abogado que representa al Poder Ejecutivo) intentó impugnar la medida, no lográndolo, ellos decían ‘nosotros no tenemos este plano, todo lo que está contando la doctora no lo tenemos en el expediente'», relató.
Además de la medida cautelar que logró la comunidad para proteger los terrenos, se presentaron denuncias penales por las acciones del gobierno provincial. Entre otros, está denunciado el gobernador Gerardo Morales por «usurpación» ante la justicia federal.
«No respetan el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, no han tenido en cuenta el Convenio 169 de la OIT, nunca han consultado a la comunidad, al pueblo de Caspalá», detalló Llanes, y adelantó que presentarán una nueva denuncia, en este caso contra los fiscales Carlos Colonnese y Federico Zurueta ante la Procuraduría de la Nación por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
A pico y pala
La cancha es un espacio clave para la vida comunitaria de Caspalá. Allí se celebran eventos como el Día del Niño, el Día de la Madre, campeonatos y reuniones vecinales.
«La cancha es nuestro único lugar de esparcimiento. Y no hay otro lugar donde ponerla porque Caspalá es medio empinado -dijo Balcarce-. Además, eso lo dejaron nuestros abuelos y el pueblo hizo la cancha a pulmón. Por eso la defendemos tanto. Es como nuestro monumento. Ahí está el trabajo de muchos abuelos que ya no están, de mi papá, de mi mamá, que ya no están. Nunca trabajó una máquina. Se hizo todo a pico y pala».
Allí permanecen los y las vecinas, defendiendo su espacio. «Con mucho miedo», describió Balcarce. La presencia policial, aunque reducida en número de uniformados, se mantiene. Y corren rumores de que efectivos de Infantería estarían trasladándose desde Humahuaca. Quienes ya llegaron a Caspalá son representantes de comunidades de otros puntos de la zona y también del Tercer Malón de la Paz que sostiene la permanencia al costado de la Ruta 9 a la altura de Purmamarca en rechazo a la reforma constitucional.
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