Comunidades indígenas de Jujuy: “El gobierno provincial es un gran violador de nuestros derechos y territorio»

Pueblos originarios de Jujuy difundieron un manifiesto en el que piden la prórroga de la ley nacional de emergencia territorial para así evitar el avasallamiento sobre sus territorios. Denuncian que el “Gobierno de Jujuy, la oligarquía terrateniente, multinacionales y mineras usurpan el territorio y provocan daños irreversibles a la Madre Tierra”.

El documento se dio a conocer luego de la segunda Asamblea Provincial de Pueblos Indígenas que se desarrolló este lunes en Huacalera.

Allí remarcaron la necesidad de que se prorrogue la vigencia de la ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, que en noviembre próximo y decidieron, en acuerdo con comunidades de otras regiones del país, exigirle al Congreso de la Nación la inmediata instrumentación de la ley de Propiedad Comunitaria Indígena, reconocida en la Constitución Nacional desde su reforma en 1994.

El objetivo es “evitar el avasallamiento, vulneración de derechos e intento de despojo sobre los territorios de nuestras Comunidades Indígenas Preexistentes”, indicaron en un manifiesto.

Además, exigieron al Poder Judicial “la aplicación plena y efectiva de todo el marco jurídico reconocido a favor de los Pueblos Indígenas; como así también la derogación de leyes provinciales inconsultas e inconstitucionales como la ley 5915, 6080, 6097, 6235”, entre otras.

Denunciaron que el “Gobierno de Jujuy, la oligarquía terrateniente, multinacionales y mineras usurpan el territorio y provocan daños irreversibles a la Madre Tierra, poniendo en riesgo así la vida de toda la Humanidad”.

Entre otros conflictos enumeraron los ocasionados por el desarrollo de proyectos mineros como los de litio en el departamento de Susques, además de las explotaciones de otros minerales en Pirquitas-Chinchillas, y emprendimientos de energía solar como Cauchari.

Denunciaron que la comunidad Ayllus Huichaira, en la Quebrada de Humahuaca, “empresarios vitivinícolas, entubaron el agua”. También rechazaron “medidas judiciales que prohíben el acceso al agua y energía eléctrica», como es el caso que perjudica a la Comunidad Cueva del Inca en Tilcara.

Por otro lado, repudiaron “múltiples desalojos y negocios inmobiliarios impulsados por la inmobiliaria Remax en la localidad de Huacalera”, además de la “intromisión ilegal sin consulta, libre, previa e informada, ni consentimiento en la comunidad de Rodero (Humahuaca), donde ingresaron máquinas de vialidad provincial destruyendo un sitio sagrado de la comunidad».

Más adelante se pronunciaron en contra de la posible explotación minera en la zona de las Comunidades de Alonso, Mudana, Yala de Monte Carmelo y Loma Larga, donde se registran pedimentos mineros en áreas que incluyen dos escuelas primarias.

“El gobierno provincial también es cómplice y un gran violador de nuestros derechos y territorio, usando ese poder para dominar y excluir a los verdaderos dueños y poseedores ancestrales del territorio”, enfatizaron.

Los referentes indígenas jujeños expresaron: “Nuestros mayores lucharon por la libre determinación y el Sumaj Kawsay (buen vivir), conviviendo en armonía y equilibrio con la madre tierra, resguardando el territorio y los bienes naturales con la plena conciencia que estos elementos son la garantía de vida de las futuras generaciones y de toda la humanidad”.

Consideraron que es “tiempo de aplicar todo el marco jurídico reconocido a nivel nacional y a través de tratados internacionales; como parte de la reparación histórica y la deuda que tiene el Estado hacia los Pueblos Indígenas”.

Caminata por el agua y la vida

En tanto, comunidades originarias emprendieron una caminata desde la ciudad de La Quiaca hasta San Salvador de Jujuy, llevando por cada pueblo sus reclamos colectivos.

La marcha, que se repite cada año para esta fecha bajo la consigna «Por el agua y por la vida», prevé llegar el próximo 12 de octubre hasta la Casa de Gobierno provincial.

El manifiesto de la Asamblea

Los Pueblos Indígenas de Valles, Quebrada y Puna en la Provincia de Jujuy; reunidos en ASAMBLEA siendo las Hs. 11:00 del día 03 de Octubre de 2021, amparados en el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional, Convenio 169 de la OIT ratificado en nuestro país mediante ley N° 24.071 y normativas internacionales, tales como la Declaración Universal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración de la Organización de los Estados Americanos (OEA); convocamos a la Unidad de los Pueblos Preexistentes y acción de lucha pacífica en resguardo del territorio y en defensa de la Vida.

Reafirmamos nuestro posicionamiento respecto a la PRORROGA DE LA LEY 26.160 DE EMERGENCIA TERRITORIAL INDÍGENA, siendo que la última prórroga LEY 27.400, vence en el mes de Noviembre del presente año Y CONSENSUAMOS en coincidencia con los mismos reclamos de las Comunidades Indígenas Preexistentes del territorio nacional, en EXIGIR ante el Congreso de la Nación Argentina, Diputados, Senadores y Poder Ejecutivo la URGENTE prórroga de la ley 26.160 con presupuesto y la INMEDIATA instrumentación de ley de PROPIEDAD COMUNITARIA INDÍGENA reconocida desde 1994 en la Constitución Nacional; para evitar el avasallamiento, vulneración de derechos e intento de despojo sobre los territorios de nuestras Comunidades Indígenas Preexistentes; exigimos al poder judicial la aplicación plena y efectiva de todo el marco jurídico reconocido a favor de los Pueblos Indígenas; como así también la derogación de leyes provinciales inconsultas e inconstitucionales como la ley 5915, 6080, 6097, 6235 entre otros.

En la actualidad el gobierno de turno, la oligarquía terrateniente, multinacionales y mineras usurpan el territorio y provocan daños irreversibles a la Madre Tierra, poniendo en riesgo así la vida de toda la Humanidad.

Ejemplo de esto son los conflictos ocasionados por: La minera El Aguilar, minera Pirquitas, Pirquitas-Chinchillas – mineras de Litio en Dto. Susques, Olaroz Chico, Cauchari, Minera Loma Blanca (Coranzulí), Minera Piuquenes en Las Capillas, Comunidad Ayllus Huichaira (Empresarios Vitivinicólas, Entubando el Agua), Medidas Judiciales que prohíben el acceso al agua y Energía Eléctrica, como es el caso de la Comunidad Cueva del Inca, Múltiples desalojos y Negocios Inmobiliarios (inmobiliaria REMAX en la localidad de Huacalera), intromisión ilegal (sin consulta, libre, previa e informada, ni consentimiento) en la comunidad de Rodero donde ingresaron máquinas de vialidad provincial destruyendo un sitio sagrado de la comunidad, además nos pronunciamos en contra de la explotación minera en la zona, de las Comunidades de Alonso, Mudana, Yala de Monte Carmelo, Loma Larga ( Pedimentos mineros que incluyen dos Escuelas Primarias).

El gobierno provincial también es cómplice y un gran violador de nuestros derechos y territorio, usando ese poder para dominar y excluir a los verdaderos dueños y poseedores ancestrales del territorio.

Nuestros mayores lucharon por la libre determinación y el SUMAJ KAWSAY (BUEN VIVIR), conviviendo en armonía y equilibrio con la MADRE TIERRA, resguardando el territorio y los bienes naturales con la plena conciencia que estos elementos son la garantía de VIDA de las futuras generaciones y de toda la HUMANIDAD.

Consideramos que es tiempo de aplicar todo el marco jurídico reconocido a nivel nacional y a través de tratados internacionales; como parte de la reparación histórica y la deuda que tiene el Estado hacia los Pueblos Indígenas.

LA DEFENSA DEL TERRITORIO ES PERMANENTE, EL TERRITORIO NO SE NEGOCIA PORQUE ES PARTE DE NUESTRA IDENTIDAD, ES NUESTRA VIDA!!!…..

POR UN ESTADO PRESENTE SOBERANO Y PLURINACIONAL!!!….

JALLALLA!! KAWSACHUN!!

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