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Las abogadas que representan a la comunidad de Cueva del Inca se presentaron en la justicia federal para ampliar la denuncia que presentaron el 22 de abril tras el violento intento de desalojo ordenado por la jueza provincial Lis Valdecantos Bernal en un operativo en el que además se destruyeron dos propiedades.
Alejandra Cejas, quien representa a la comunidad junto a su colega Silvana Llanes, explicó en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) que «el hecho de ser una comunidad originaria y que se haya violentado su territorio es lo que habilita la causa federal».
Las abogadas asumieron la representación de la comunidad el mismo día de los hechos. Como primera medida, presentaron denuncia escrita en la justicia federal que derivó en la intervención de Gendarmería Nacional para que se detenga el operativo. En ese momento, solicitaron además que el antropólogo Gustavo Ontiveros hiciera una exposición presencial en Gendarmería de Tumbaya, para dejar constancia de que en el lugar de los hechos había yacimientos arqueológicos.
En el trámite de este miércoles, Ontiveros dio testimonio y presentó el informe que elaboró especialmente para esta investigación. Es una de las pruebas que las abogadas están incorporando a la causa iniciada en la justicia federal. «Tenemos que sumar un cúmulo de pruebas de esta violación flagrante al territorio comunitario que además implica delitos contra bienes culturales que están previstos a nivel nacional», precisó Cejas.
El expediente federal se abrió contra «personas a establecer». Cejas aclaró: Entendemos que está el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, por la actuación de la policía provincial, y la municipalidad de Tilcara».
Sobre este último caso, la letrada detalló: «Las máquinas que entraron y destruyeron dos propiedades dentro del territorio de la comunidad son máquinas de la Municipalidad de Tilcara. Están los videos, están las pruebas», precisó.
Además de haberse usado automotores de la comuna, Cejas contó que «gente de la Municipalidad de Tilcara estuvo adentro intentando negociaciones en nombre de la intendenta, ofreciendo casas a miembros de la comunidad casas a cambio de que se fueran de ahí».
«Nosotros no sabemos cuál era el objetivo. Hay que investigarlo. Porque ¿cuál sería el interés? Y además, ¿de dónde la municipalidad tiene casas para ofrecer?», planteó.
La abogada remarcó: «Esta es una constante en todos los desalojos. En barrio Radio Estación apareció (Guillermo) Corro ofreciendo terrenos. ¿De dónde tiene propiedades Corro para dar? Y acá la intendenta, a través de un concejal que estuvo ahí, y eso está documentado, ofrecía dos propiedades a miembros de la comunidad».
Sobre las otras instituciones apuntadas en la denuncia, Cejas recordó que el día del operativo «había una supuesta orden de desalojo para uno de los miembros de la comunidad, no para la comunidad, y terminaron rompiendo dos casas, robándose las cosas que había dentro de las propiedades».
-¿Quién robó cosas?
-Eso es lo que hay que determinar. Va a surgir de las pruebas. Tenemos evidencias. Ahora lo que hay que hacer es investigar.
-¿Cómo sigue la investigación?
-La semana que viene van a empezar a venir los miembros de la comunidad a hacer las denuncias respectivas, sobre todo los más perjudicados, los que perdieron propiedades. Ahora nosotros tenemos la actividad más intensa que es la incorporación de pruebas para ir delineando y definiendo quiénes son los responsables, ir ajustando el ojo probatorio para saber quiénes fueron responsables, quiénes estuvieron y eventualmente para saber cuál es la responsabilidad penal en esta instancia. Hoy estamos en la vía penal federal pero seguramente esto va a tener un correlato en la vía civil.
-¿Tienen confianza en que avance la causa?
-Los procesos legales llevan un tiempo. Entendemos que la fiscalía ya ha oficiado pedidos a la provincia de Jujuy, por lo menos es lo que nos dijeron el miércoles. Siempre hay ansiedad, sobre todo cuando pasan estas cosas y sobre todo cuando uno litiga contra el Estado, municipal o provincial, porque ponen toda la artillería para frenar.
Intimidación policial
Cejas reveló un aspecto lateral que surgió el miércoles cuando se presentaron en la fiscalía y se encontraron con efectivos policiales provinciales. «El Ministerio Público Fiscal Federal es federal, y ellos no habían pedido que fuera la Policía de la Provincia. Es más, a la presidenta de la comunidad le pidieron disculpas», contó.
Y comentó: «Para nosotros fue claramente un signo intimidatorio. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en el ámbito federal, sobre todo con los fiscales de Independencia al 100, y nunca hemos tenido problemas».
«Nosotros generalmente llevamos a las víctimas, y las víctimas no van a perturbar el trabajo que hace la fiscalía sino todo lo contrario, van a colaborar porque quieren saber quién los está agraviando en sus derechos y en su situación de vida», explicó.
Para Cejas, esta situación se enmarca en un contexto general reiterado y preocupante: «No podemos vivir en una provincia donde se le paga a la policía para que vaya a hostigar a las víctimas -advirtió-. Y además me parece desagradable que se presenten en un organismo federal a no sabemos qué, cuando hoy están siendo observados por haber ido a ayudar a destruir propiedad privada sin orden judicial».
«Ahora están en Cueva del Inca -reveló-, pero nadie sabe quién los mandó. Ni siquiera sabemos si son realmente policías, o si están en horario de trabajo. Porque no se identifican».
En este sentido, recordó que en otras oportunidades avanzaron denuncias que presentaron porque «aparecían en propiedad privada para custodiar un sector y no eran policías».
«Vivimos en una provincia con altísima violencia institucional y altos niveles de corrupción. Un combo que lamentablemente sufrimos los ciudadanos que no tenemos acceso a la justicia ni a una provincia con seguridad», concluyó.
Cueva del Inca: La justicia federal frenó el desalojo y la comunidad permanece en alerta
