Demandarán a los diputados Wolff e Iglesias por comentarios sobre mujeres que visitaron Olivos

La periodista Úrsula Vargues demandará ante la justicia civil por daños y perjuicios a los diputados nacionales de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias y Waldo Wolff, a partir de los comentarios que ambos realizaron sobre las visitas de diversas mujeres, algunas de ellas vinculadas al mundo del espectáculo, a la Quinta de Olivos durante 2020, cuando la Argentina transitaba una etapa de aislamiento por la pandemia de coronavirus.

El abogado Gregorio Dalbón, representante legal de Vargues, detalló a la agencia Télam que cada uno de los diputados será demandado por 25 millones de pesos. En la demanda se invocará un dictamen emitido hoy por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) en el que se señaló que los legisladores incurrieron en conductas discriminatorias.

El abogado aseguró que a través de sus comentarios en redes sociales, los diputados opositores adoptaron conductas que pueden ser consideradas como «violencia de género, discriminación política y daños al honor».

Los diputados Woff e Iglesias habían sido denunciados ante el Inadi a partir de sus expresiones en redes sociales luego de que se hiciera pública la información de que la modelo Sofía Pacchi, la actriz Florencia Peña y la periodista Vargues, entre otras mujeres y hombres, habían visitado la Quinta de Olivos en 2020.

El 27 de Julio de 2021, a poco de conocerse que Pacchi había ingresado a la Quinta de Olivos en mayo de 2020, Wolff escribió en su cuenta personal de Twitter: «Para mí, la señorita iba a ayudarlo a encontrar la perilla que enciende la economía para poner a la Argentina de pie». Y ante esa publicación, su colega Wolff comentó: «Pero ella de rodillas, no?».

Tras analizar el caso, que incluyó más mensajes de Twitter por parte de Iglesias, el director de Asistencia a la Víctima de la Inadi, Emilia Zayat, concluyó que «la conducta denunciada se encuadra en los términos de la Ley N.º 23.592, normas concordantes y complementarias precedentemente citadas, como conducta discriminatoria», según surge de la resolución a la que accedió esta agencia.

«En relación con el análisis de lo denunciado, debe decirse en principio que las expresiones cuestionadas por la denunciante fueron públicas y no sólo no fueron negadas por sus autores, sino que generaron incluso descargos públicos que también serán analizados en el presente escrito. No está en discusión ni la autoría ni el contenido de las expresiones efectuadas», sostuvo Zayat.

«La discusión en el presente caso es clara. El diputado nacional Fernando Iglesias, en sus redes sociales, postuló varios mensajes críticos con el actual gobierno y el manejo que se hizo del ASPO y el personal exceptuado de dicho aislamiento social preventivo y obligatorio. Para ello utilizó información pública sobre los accesos a la quinta presidencial de Olivos. Hasta aquí, esta tarea resulta esencial para un legislador de la oposición, y goza de la más alta protección en un sistema democrático», expresó Zayat a modo de introducción.

«Sin embargo, los tweets que publicó -y a los cuales se le sumó el diputado Nacional Waldo Wolff, también denunciado- lo que hacen es asumir que como los nombres de las personas que ingresaron a la quinta de Olivos son de mujeres, y en particular de mujeres vinculadas con el mundo del espectáculo, éstas no fueron a tener reuniones de trabajo sino que fueron a realizar favores sexuales al Presidente», continuó.

«Según este razonamiento, estas mujeres no pueden tener agenda o intereses políticos que discutir con el Presidente, no pueden ir en representación de intereses políticos como todo el resto de los ingresos a la quinta de Olivos que se produjeron, sino que –en razón de su cuerpo- sólo pudieron haber concurrido con fines sexuales», afirmó el director del área de Asistencia a la Victima de Inadi.

Además, recordó que cuando el entonces Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aclaró que fueron a reuniones de trabajo, Iglesias se burló de ello a través de fotos sugestivas desde lo erótico que en algún momento de su vida realizaron las denunciantes (Vargues y Peña).

«Esta asunción, sin ningún elemento adicional, totalmente despreocupada de la existencia de cualquier elemento de prueba que insinúe su veracidad, generó un daño a la honra y la reputación de las denunciantes, que tuvieron que salir a aclarar públicamente que concurrieron a la quinta presidencial a tener reuniones de trabajo, vinculadas con la situación del sector de la cultura y el espectáculo que representaban», reseñó Zayat.

«Los denunciados expresaron a través de frases presuntamente irónicas que las denunciantes, por el mero hecho de ser mujeres y reconocidas en el mundo del entretenimiento, el arte y el espectáculo, debieron visitar a las máximas autoridades políticas del país únicamente para prestar favores sexuales de alguna clase», remató.

La semana pasada la justicia federal porteña, con sede en los tribunales de Comodoro Py, dispuso el archivo de una denuncia penal de Florencia Peña con Wolff por estos mismos hechos tras considerar que si bien los dichos del legislador eran «cuestionables» no se los podía considerar como un acto de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

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