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La Comunidad Tusca Pacha amaneció este martes en medio de un operativo de desalojo con máquinas y custodia de Infantería. Una referente comunitaria fue detenida y alojada en la Comisaría 51 de Palpalá.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y otras organizaciones informaron que cerca de las 7 de la mañana comenzó «sorpresivamente y en plena feria judicial, un desalojo ilegal avalado por el fiscal Walter Hugo Rondón y el ayudante de fiscal Martín Andrés Lavilla con la presencia de numerosas máquinas enviadas por la empresa Sucre y numerosos efectivos de la Guardia de Infantería».
El operativo consistió en el avance sobre el territorio comunitario donde se venían realizando tareas de siembra y preparación del suelo, «de manera prepotente y sin presentar ninguna orden».
«Ante el intento de evitar la destrucción, fue inmediatamente detenida la hermana y compañera Rosa Gutiérrez, que se encuentra en la Comisaría 51 de Palpalá», precisan.
En tanto, advierten, las máquinas continuaron destruyendo «lo que la Comunidad Tusca Pacha y la familia Maraz han limpiado, trabajado y cuidado por décadas».
Hace casi un año, el 25 de enero de 2021, se produjo un desmonte ilegal en ese mismo territorio que fue repudiado por organizaciones campesinas y de derechos humanos. La avanzada sobre esta comunidad viene de tiempo atrás. En octubre de 2020 también hubo un desalojo violento, que fue denunciado por los entonces diputados provinciales Alejandra Cejas, Fátima Tisera y Emanuel Martín Palmieri, quienes estuvieron presentes en el operativo.
El sector donde la comunidad Tusca Pacha vive y trabaja la tierra desde hace décadas es reclamada por supuestos propietarios privados. Desde el MNCI recuerdan que «la empresa Sucre cuenta con constante apoyo ilegal del Poder Ejecutivo provincial pues uno de sus integrantes y antiguo representante legal es el Secretario de Asuntos y Relaciones Municipales Javier Gronda».
«Recordamos también que el fiscal Rondón fue designado recientemente con la oposición de todos los legisladores no oficialistas pues tenía, siendo abogado, numerosas denuncias de violencia de género y delitos económicos», agregan, y concluyen: «Para realizar maniobras ilegales como la de hoy es que lo quería en ese puesto el Gobierno Provincial».
En el comunicado remarcan que la Ley Nacional 26.160 y el Protocolo para el Abordaje en Conflictividades de Tierras y las Comunidades Indígenas del Ministerio Público de la Acusación siguen vigentes «y hoy el Fiscal Rondón, el Ayudante Lavilla, la Policía de Jujuy y la Empresa Sucre los están violando».
«Exigimos que se frene este desalojo ilegal y retrocedan las máquinas de la empresa Sucre. Exigimos la inmediata libertad de Rosa Gutiérrez», finalizan.
