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Denuncian estafas y abusos en los puntos de recarga y venta de la tarjeta SUBE

tarjeta sube puntos de carga ssjDesde que los usuarios del servicio de transporte tiene como sola opción utilizar el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), comenzaron a inundar las redes sociales de denuncias de abuso que cometen los que están al frente de los puntos de venta de carga y recarga de la tarjeta. Se verificaron largas filas, demoras y numerosas «caídas de sistema». 

Desde el miércoles pasado para viajar sólo se puede usa la SUBE. Hasta ese día convivió con el viejo boleto, por lo que los problemas no se pusieron tan en evidencia. 

Entre las irregularidades denunciadas están por sobre todo la no entrega de ticket o comprobante y diferencias entre el monto cobrado y el efectivamente cargado.

El Submarino Diario recogió varios testimonios que dieron cuenta, de primera mano, que los problemas no fueron aislados. 

Una mujer hizo una presentación formal en la Municipalidad porque en un local ubicado en Leandro Alem entre Urdininea y Campero, del barrio Gorriti, le cargaron solo 100 pesos a pesar de que pidió y pagó 200. «Nadie me dio una respuesta y no tengo cómo ni dónde reclamar», se lamentó. 

«Yo cargué la tarjeta y cuando subí al colectivo resulta que no me alcanzaba lo que me habían cargado, y tuve que bajarme», relató un joven.

En los últimos días se repitió la postal de largas filas bajo el sol, en muchos casos para llegar al mostrador y recibir como respuesta que «no hay más carga» o «se cayó el sistema».

Quienes tuvieron la suerte de podeer concretar el trámite, se encontraron con que pretendían cobrarle un plus de entre 2 y 5 pesos por la operación, algo que está terminantemente prohibido. La justificación de los comerciantes es que el trámite no les genera ninguna ganancia, lo cual debería ser resuelto por las autoridades para evitar que, una vez más, los usuarios sean los perjudicados por estas falencias. 

La gran pregunta por estos días es cuál es el mecanismo para que los usuarios presenten los reclamos y reciban una solución efectiva e inmediata. El estado provincial y el municipal son los responsables de implementar ese mecanismo, tanto para sancionar a quienes cometen irregularidades como para establecer controles preventivos. 

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