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Los/as convencionales constituyentes del Frente de Izquierda de los Trabajadores-Unidad (FIT-U) denunciaron en una nota remitida a la vicepresidenta de la convención, Gabriela Burgos, que “luego de la sesión inaugural, las reuniones de comisiones han pasado a ser una verdadera farsa a espaldas del pueblo”, exigieron que se dé a conocer el texto del proyecto de ley de la reforma Constitucional y se transmitan en vivo las reuniones de las comisiones.
“El bloque mayoritario no ha presentado las modificaciones propuestas a la Constitución y las comisiones debaten sin que los convencionales puedan pronunciarse sobre los cambios que se van a proponer. Se quiere mostrar una supuesta apertura hacia el debate y ni los invitados tienen el texto de modificaciones para opinar sobre cualquier asunto”, dijeron en la misiva
El Frente de Izquierda denunció que “además se ha limitado la difusión de las comisiones, sin que pueda verse el debate por ningún canal de televisión, gracias a un reglamento acordado entre la UCR y el PJ. También acordaron que todos los artículos se puedan modificar por mayoría simple, por lo que el oficialismo, que tiene 29 de 48 convencionales, puede hacer la reforma a su gusto. De esta forma, desde el inicio hasta el final no habrá más que puestas en escena, porque ya está todo cocinado”, afirmaron.
De acuerdo al texto entregado, la situación se agrava porque “el gobernador Gerardo Morales, que fue presidente de la Convención solo por unas horas, anunció su intención de modificar el régimen electoral para hacerlo más restrictivo aún. Según sus palabras, pretende que las elecciones provinciales se hagan solo cada 4 años en vez de 2.
De esta forma, el gobierno de Carlos Sadir no tendrá que pasar por las elecciones de medio término, lo cual lo habilita a llevar adelante con más libertad las medidas de ajuste y de entrega de los recursos naturales que pretende”.
“En su discurso también se propuso la eliminación de los fueros a los legisladores. En manos de este gobierno y su alianza con el PJ, esto no puede significar más que la posibilidad de expulsar de la Legislatura a todos aquellos que nos opondremos, allí adentro y en las calles, a las medidas anti populares que se preparan. Más aún cuando se trata de un régimen que suspende a legisladoras opositoras y proscribió la asunción como diputado de uno de los actuales convencionales del FITU”, sostuvieron.
Finalmente, alertaron que “la gravedad de todos estos hechos se suma a la intención de limitar el derecho de protesta, mientras el gobernador de forma pública admite que se preparar para entregar el litio a las multinacionales y sostiene salarios de pobreza. Lo que busca es limitar toda forma de oposición social y política. Elevar a rango constitucional las persecuciones a quienes luchan, garantizarse una legislatura adicta gracias a la imposibilidad de votar en las elecciones intermedias del 2025, y quitar fueros a los opositores, junto a un Ministerio Publico Fiscal fortalecido para reprimir a quienes enfrentemos este régimen”.
