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Un grupo de diputados radicales revelaron actos de corrupción en la venta de garrafas sociales con sobreprecios y presentaron una denuncia penal contra funcionarios públicos responsables de ejecutar el Programa Nacional de Consumo Residencial de Gas Licuado de Petróleo desde 2008. “Alguien se queda con casi 5 millones de pesos por mes”, aseguró el diputado Pablo Baca.
El jefe de la bancada radical, Alberto Bernis, dijo sentirse “sorprendido por el escandaloso hecho de corrupción” por parte de funcionarios públicos a cargo la distribución de la garrafa social entre los que más necesitan el servicio.
Explicó que de las 66 mil garrafas que llegan por mes a la provincia, solo se distribuyen 5 mil a un valor de 16 pesos, mientras que el resto se vende con sobreprecio.
La demanda fue presentada en el Juzgado Federal Nº 1 y es promovida por los diputados Néstor Sanabia y María Reynaga, quienes solicitan que se investiguen los delitos de Fraude en perjuicio de la Administración Pública, Encubrimiento, Violación de los Deberes de Funcionario por la no ejecución de leyes que le incumben y por las negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
En su denuncia los legisladores sostienen que los precios diferenciales (precio subsidiado) de 16 pesos para la garrafa de 10 kilos; 20 pesos para la garrafa de 12 kilos y 25 pesos para la garrafa de 15 kilos, no fueron respetados y que en muchos casos se llegaron a vender las garrafas a precios que implican un mil por ciento o más, de los importes que se habían establecido.
Respecto a los sobreprecios, Sanabia aseguró que la garrafa social en nuestra provincia se sigue vendiendo a “cualquier costo y sin control”. A modo de ejemplo, señaló que en la localidad de Santa Ana la garrafa social se vende a 260 pesos; en la ciudad de Abra Pampa los vecinos las comprarían 198 pesos; en La Quiaca a 250 pesos; en la capital de la provincia jujeña entre 110 y 150 pesos.
Por su parte, Reynaga agregó que la denuncia penal puntualmente es por incumplimiento con la ley 26020, en cuanto a: garantizar un suministro regular, confiable y económico a sectores de escasos recursos que no cuenten con servicios de gas natural por redes, proteger el acceso a precios justos y razonables respetando las tarifas que deben abonarse por el servicio, controlar en la distribución de las garrafas a “precio social”, la cantidad y requisitos de las personas necesarios para la adquisición, crear un Registro Público con las personas autorizadas a distribuir las garrafas de gas licuado de petróleo y Controlar la habilitaciones de los lugares autorizados para la administración de las garrafas de gas licuado de petróleo, entre otras cuestiones.
A su turno el diputado Pablo Baca expresó que según datos de la Secretaría de Energía de la Nación a nuestra provincia llegan casi 800 mil garrafas al año pero que sin embargo los sectores con menores recursos no consiguen proveerse de la garrafa social a precio subsidiado y que para obtenerlas debe pagar sobreprecios, para el legislador radical, esto configura una maniobra delictiva que causa un perjuicio enorme a la comunidad, “alguien se queda con casi 5 millones de pesos por mes” por la reventa de las garrafas sociales, denunció finalmente.
