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Tribunales federales de todo el país dictaron un total de 340 sentencias por crímenes de lesa humanidad desde 2006, en las cuales fueron condenadas 1197 personas y resultaron absueltas 199, informó la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad en la víspera del 49° aniversario del golpe de Estado de 1976.
Desde 2006, cuando se reanudaron los procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos cometidas por el terrorismo de Estado, fueron condenadas 1197 personas y 199 resultaron absueltas, en el marco de las 340 sentencias dictadas en el país, según se detalla en el informe de la Proculesa, un organismo dependiente de la Procuración General de la Nación, que se encuentra actualmente dirigido por la fiscal general Ángeles Ramos.
El informe consigna que en este 49° aniversario del último golpe de Estado hay 14 juicios en curso; 63 causas se encuentran con elevación a juicio a la espera de futuros debates; 615 personas están privadas de su libertad, de las cuales 498 se encuentran en arresto domiciliario, y hay 33 imputados que están prófugos.
Por otro lado, 502 personas fueron imputadas y otras 27 aguardan la resolución de sus situaciones procesales tras haber sido indagadas.
En porcentajes, de las 675 causas que se instruyeron por crímenes de lesa humanidad, el 51% (340) se encuentran con sentencia firme; un 38% (258) están en la etapa de instrucción; un 9% (63) están elevadas a la etapa del debate y un restante 2% (14) están pendientes de juicio oral.
Causas en curso
Entre los juicios que se están realizando se destacan:
- “El Villazo”, en Rosario
- la Masacre del Pabellón Siete en Capital Federal
- Zona V, en Bahía Blanca
- Comisaría Octava y Comisaría Quinta en La Plata
- La Huerta y Subzona III en Mar del Plata
- “D2” en Mendoza
En fase de instrucción, en tanto, se encuentran procesadas por delitos de lesa humanidad 401 personas.
En tanto, 118 personas resultaron sobreseídas y otras 158 se vieron beneficiadas con la falta de mérito en las causas en las cuales estuvieron imputadas. «Estos datos comprueban las garantías legales que existen para las personas que están acusadas en este tipo de procesos que se siguen en Argentina en función de la anulación en 2003 de las leyes de impunidad y los indultos presidenciales de Carlos Menem», señala la Proculesa.
Imputados
En cuanto a los imputados por los crímenes perpetrados en los tiempos del terrorismo de Estado, el informe señala que 615 se encuentran detenidos y 1489 siguen los procesos en libertad, mientras otros 33 están imputados.
En ese sentido, el informe indica que desde 2016, la cantidad de personas en libertad acusadas por delitos de lesa de lesa humanidad “empieza a superar —y se aleja año a año— a la de las personas sujetas a una medida de coerción”.
Al respecto, se remarca que, de las 615 personas privadas de su libertad, 498 gozan del beneficio del arresto domiciliario, 61 transitan su detención en unidades penitenciarias y otras 56 se encuentran alojadas en la unidad carcelaria de Campo de Mayo.
Delitos sexuales
En cuanto a los delitos sexuales cometidos en el contexto de la aplicación del plan sistemático de exterminio cometido por el terrorismo de Estado, Proculesa reportó que en el país se dictaron, desde 2006, 338 sentencias, de las cuales 58, un 17%, abordaron delitos de violencia sexual.
En consecuencia, de las 1197 personas condenadas, 170 recibieron penas por haber ejercido violencia sexual contras sus víctimas en los centros clandestinos de detención ilegal.
En ese sentido, se recordó que la primera sentencia por delitos de violencia sexual cometidos en el contexto de crímenes contra la humanidad se dictó en 2010 por el TOF de Mar del Plata, en el caso de la prisión perpetua que recibió el exsuboficial de la Fuerza Aérea Gregorio Molina.
En los años que siguieron, los tribunales dictaron sentencias que incluyeron delitos de violencia sexual. Sólo en 2023 hubo seis sentencias en ese sentido, cifra que constituyó el pico en los registros anuales en este tipo de crímenes.
Proculesa afirma que el procesamiento de estos delitos es posible por las instrucciones que tienen los integrantes del Ministerio Público de “adoptar las acciones necesarias para requerir su investigación y sanción de forma autónoma, sin subsumirlos en otras figuras delictivas, como por ejemplo la de aplicación de tormentos”.
