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El ministro de salud Gustavo Bouhid estuvo presente en la Comisión de salud de la Legislatura para explicar el Decreto Acuerdo 7.648 del Poder Ejecutivo que permite la inversión privada en el sistema público de salud.
Durante la reunión la diputada provincial Natalia Morales (PTS-FIT) solicitó al funcionario información respecto al presupuesto público que se destinó sobre su gestión al sector privado en calidad de derivaciones aunque el ministro no supo dar cuenta del monto, aunque afirmó que respecto a algunos tratamientos como diálisis, colocamientos de stent, tratamientos cardiológicos, de oncología, radiología y oftalmología, las derivaciones llegan en algunos hospitales a ser del 100%, lo cual muestra la grave situación que atraviesan los hospitales.
Afirmó “Bouhid justifica este decreto privatista consciente de que la política del gobierno provincial fue ajustar en salud y vaciar el sistema público. En vez que las derivaciones sean en las clínicas e institutos privados, como el instituto de radiología del cual era socio, los empresarios prestarán servicios y lucrarán dentro de los hospitales. Por eso rechazamos el decreto y solicitamos su derogación”.
Por su parte, el diputado Eduardo Hernández, del mismo sector, dio cuenta en la reunión que el Decreto 7.648 además no contempla la gratuidad a los pacientes de los servicios que prestarían en los hospitales empresas de salud. “Es grave esta situación, el gobierno prestaría toda la infraestructura hospitalaria para que vengan empresarios a invertir y ganar, pero no solo eso, el decreto deja abierta la puerta para futuros cobros de coseguros, además del aporte que hagan los pacientes que tengan obras sociales”.
Para terminar el diputado Alejandro Vilca dijo terminada la reunión “el ministro afirma que la provincia no está a la altura de poder comprar equipamientos o tener más trabajadores en el sistema público de salud, sin embargo, genera beneficios tributarios a grandes empresarios en la provincia, dejando de percibir el fisco unos 200 millones de pesos sólo del grupo Ledesma según cálculos estimados de sus ganancias en el 2017. Mayor injerencia privada va de la mano de la aprobación del presupuesto de ajuste nacional al sector de salud cuyos recortes rondan entre el 70 y 40%, y que obtuvo media sanción en el Congreso por parte del oficialismo y el peronismo”.
