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Los diputados que integran el bloque justicialista de la Legislatura no avalo la aprobación de la Ley 6.133, sancionada el último miércoles por el interbloque oficialista de Cambia Jujuy, a través de la cual se declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble de 35 mil hectáreas pertenecientes al Ingenio La Esperanza, argumentando que la iniciativa girada por el Ejecutivo provincial contenía vicios legales e incurría en una clara violación a la legislación vigente.
Dejaron en claro que el proyecto enviado por el gobierno no contenía la información suficiente respecto a cómo se van a pagar esas tierras, qué acreedores existen dentro del proceso de quiebra, con qué dinero se hará frente a la expropiación, entre otros puntos, además de volver a criticar la técnica legislativa empleada por el oficialismo para sacar adelante el proyecto, vulnerando la opinión de la oposición e imponiendo un tratamiento exprés del mismo.
Las críticas a esta propuesta del gobierno de Gerardo Morales se sucedieron en las exposiciones de los legisladores Alejandra Cejas, Javier Hinojo, Luis Cabana, Juan Cardozo Traillou y Pedro Belizan, quienes apuntaron que no se sabía a ciencia cierta para qué, cómo, cuándo y para quién estaba dirigida la expropiación resuelta por el voto del radicalismo y su bloque aliado de Primero Jujuy.
Cejas advirtió que con esta Ley el gobierno se propone comprar esas tierras a una cifra millonaria de 7 mil dólares cada hectárea sin riego, duplicándose ese valor al doble por idéntica superficie con riego, lo que le demandaría al Estado provincial un desembolso de entre 245 y 490 millones de dólares, dependiendo de la cantidad que se encuentre bajo el sistema de riego. “Este es el negocio que vinieron a proponer”, exclamó indignada la legisladora.
Hinojo, por su parte, sostuvo que en el proyecto se observaban errores conceptuales groseros, explicando que es falacia indicar que la expropiación propuesta tendía a capitalizar al Estado, “porque siguiendo ese criterio se podría vulnerar la seguridad jurídica y avasallar, por ejemplo, el derecho de propiedad a una empresa rentable sólo por el hecho de capitalizar al Estado”. “Cuando se expropia se hace por el bien de toda la comunidad o para proteger recursos estratégicos”, puntualizó.
Cardozo remarcó que la iniciativa del Ejecutivo llegó a la Legislatura sin el plano de mensura y sin el informe de dominio como requieren estos casos. Asimismo, advirtió que tratándose de un inmueble perteneciente a la quiebra del Ingenio La Esperanza el trámite parlamentario debería haber sido serio y analizado con mayor profundidad, aclarando además que del proyecto surgió que no existía la necesidad de declararlo de utilidad pública.
Por último, Belizán manifestó que el oficialismo avanzó con la aprobación de la Ley sin reparar en el procedimiento que deben seguir los expedientes internamente y faltándole el respeto a los legisladores de la oposición que conforman las comisiones por las que pasó el proyecto sin el más mínimo análisis o correcciones.
