El CELS en Jujuy por los casos de violencia institucional

Integrantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) llegaron a Jujuy para interiorizarse sobre los numerosos casos de violencia institucional que han dado recientemente en la provincia, como los sucedidos en San Pedro de Jujuy, Tilcara y Libertador Gral. San Martín.

A partir de denuncias realizadas por organismos de derechos humanos de Jujuy, el CELS tomó conocimiento de los casos ocurridos en San Pedro de Jujuy, Tilcara y en el ‘triángulo’ de Libertador. En representación del CELS, llegaron a Jujuy la psicóloga Luciana Pol y el abogado Mariano Lanziano, con el objetivo de realizar un diagnóstico de los casos ocurridos en la provincia y los procesos que se iniciaron.

Las primeras conclusiones son que las víctimas de estas prácticas ilegales son en su mayoría jóvenes de barrios marginales, y con mayor frecuencia de San Pedro de Jujuy, y que la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, a pesar de haber recibido denuncias, no parece haber activado ninguna investigación.

También observaron que la policía de la provincia tiene una cultura violenta. “Al ser poblaciones no muy grandes utilizan el control territorial y poblacional, y ese control lo ejercen mediante el armado de causas contra jóvenes, y detenciones por infringir el Código de Faltas, un instrumento desactualizado pero que la policía cumple como si fuera la biblia”, observó Pol.

“El  objetivo de esta primera visita es verificar lo descripto, además de corroborar la reacción de los estamentos del estado involucrados. Hay un principio de reacción en la justicia y eso es bueno”, dijo Lanziano. Pol explicó: “Recibimos denuncias de todo el país, pero las de San Pedro de Jujuy nos llamaron la atención por dos razones: primero, por el número de casos que se da en relación a la cantidad de pobladores que esa ciudad tiene, y segundo, por el tipo de práctica que ejerce la policía como castigo, que la catalogamos como grave frente a otras denuncias de accionar policial en el resto del país”.

En estos días se entrevistaron con las víctimas y con algunos actores involucrados, sobre todo del sector judicial de San Pedro, quienes se comprometieron a elevar un informe con el avance de las causas en el término de diez días. En ese primer acercamiento, afirman, detectaron varias irregularidades y situaciones confusas en el proceso de investigación.

La última reunión que mantuvieron fue con los referentes de los organismos de derechos humanos, en la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, donde su titular Natacha Freijó describió las acciones que se llevan a cabo respecto a los casos específicos de San Pedro. La funcionaria les explicó que las causas no prosperan porque las víctimas no ratifican las denuncias.

Los observadores vieron además que los policías involucrados en los casos de violencia institucional, que están denunciados con nombre y apellido, no recibieron sanciones ni son objeto de ningún tipo de investigación. Y lo poco que se hace, se hace lento.

Los referentes de Madres y Familiares junto a exdetenidos agradecieron el compromiso del CELS y solicitaron a la Secretaría de DDHH una campaña de difusión de derechos frente a situaciones de violencia institucional, realizar otras acciones administrativas en otros órganos del estado provincial.