El Consejo Federal de Mujeres reclamó al gobierno que cumpla los compromisos asumidos

Las autoridades de los mecanismos de mujeres y diversidades de las 23 provincias argentinas y la ciudad de Buenos Aires presentamos un petitorio al gobierno nacional en la primera reunión anual del Consejo Federal de las Mujeres convocada por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación.

Los femicidios y la violencia por razones de género existen, son una realidad palpable, que se evidencia en las estadísticas, aunque el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona insistan en negarlos.

El marco legal vigente en nuestro país y los compromisos internacionales que asumió nuestro Estado deben ser respetados. Es obligación del Gobierno garantizar políticas públicas en la materia y el presupuesto para llevarlas adelante.

Las representantes provinciales, de signos políticos variados, coincidimos en manifestarnos en contra de los discursos de odio que, en su gran mayoría, están dirigidos e impactan sobre todo en la vida de las mujeres y LGTBI+.

Reclamamos un plan de políticas públicas específicas y transversales para abordar las violencias por razones de género desde el Estado nacional. Las provincias estamos haciendo un gran esfuerzo para sostener el abordaje de las violencias por razones de género. Queremos saber qué pasa con el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género.  ¿Qué pasa con el presupuesto para políticas de género?

Demandamos tener precisiones respecto de quienes son las autoridades e interlocutores válidos en los distintos organismos del Gobierno en los que recayeron competencias y temáticas relacionadas a mujeres, géneros y diversidad.

Necesitamos detalles sobre el presupuesto que el Gobierno nacional presentó para el ejercicio 2025 respecto de cuánto se invertirá en el abordaje de la violencia de género y el acceso a derechos de mujeres y LGTBI+.

Solicitamos información sobre el estado de situación de programas como el Acompañar, la Línea 144 nacional, el patrocinio legal, el programa Generar, los Centros Territoriales en ejecución y licitados.

Requerimos la continuidad de las investigaciones y la recolección de datos imprescindibles para nuestra tarea como la Encuesta de uso de tiempo, brechas económicas, unificación de la toma de datos de femicidios, etc.

Es indispensable que nos informen qué pasará con el Plan ENIA, cómo se está asegurando la implementación de la ESI, qué hará el Gobierno nacional respecto de la provisión de métodos anticonceptivos e insumos para la realización de IVE e ILE.

En relación a los créditos BCIE, solicitamos la transferencia a las provincias del remanente de 21 millones de dólares que no fueron ejecutados y que tenían el destino de fortalecer políticas públicas de género en todo el territorio.

Garantizar el derecho a una vida sin discriminación y sin violencias es responsabilidad del Estado.

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