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El FIT acompañará el reclamo de consulta previa y libre para una educación intercultural

Durante la jornada pasada, las comisiones de Educación y de Pueblos Originarios de la Legislatura recibieron a integrantes de comunidades originarias, que rechazaron la metodología del Pacto Social Educativo y exigieron una consulta previa, libre e informada vinculante.

Los integrantes de los Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas (Ceapi) denunciaron que no se respeta la legislación vigente y tratados internacionales respecto al derecho indígena, entre otras demandas, como la deuda salarial.

La diputada del PTS-Frente de Izquierda Natalia Morales, luego de la reunión aseguró que “las comunidades originarias fueron muy claras hoy en su planteo, exigiendo que se respete el derecho a la consulta previa, libre e informada, y que ésta sea vinculante, para debatir sobre la educación intercultural y las necesidades de los pueblos originarios. Lamentablemente desde las diputadas y diputados oficialistas, demostrando una absoluta ignorancia sobre el derecho indígena, se les rechazó el pedido, insistiendo en que debían sumarse a las ‘mesas sectoriales’ del Pacto Social Educativo.”

Morales agregó que «otra de las demandas de las comunidades es por los bajos salarios y condiciones flexibilizadas de trabajo de los educadores interculturales idóneos y territoriales, con sueldos entre $4.500 y $6.000 por mes. La respuesta del oficialismo es que Gerardo Morales decidió no sumar a nadie más a la planta del Estado, por lo que no los piensan incorporar a la planta docente, mostrando un desprecio absoluto por la educación intercultural y el trabajo de los educadores. Mientras los diputados ganan más de $100.000 por mes, incluyendo un fondo discrecional de $55.000, y la ministra de educación gana cerca de $80.000, les dicen a los educadores que no pueden siquiera cobrar como un docente».

Finalmente, la diputada opositora informó que el compromiso de los diputados fue llevar los reclamos a la ministra de educación Isolda Calsina y concretar una nueva reunión, que las comunidades solicitaron sea el próximo 7 de agosto.

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