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El Gobierno confirmó este martes el cierre definitivo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). Así lo hizo a través del decreto 696/2024, publicado a la medianoche en el Boletín Oficial. También anunció que transferirán todos sus recursos al Ministerio de Justicia.
En la noche del lunes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había anticipado la medida en sus redes sociales. “Faltaba su muerte administrativa: mañana el INADI habrá dejado de existir para siempre”, escribió en su cuenta de la red social X (exTwitter).
La normativa establece: “Disuélvese Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), organismo descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio de Justicia”. A su vez, el Ejecutivo transfirió la “totalidad de los recursos materiales y financieros del Instituto” a la cartera encabezada por Mariano Cúneo Libarona.
De esta manera, el ministerio “tendrá a su cargo la elaboración y puesta en ejecución de las políticas nacionales para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo”.
Con respecto al personal del INADI, dispusieron que aquellos alcanzados por el régimen de estabilidad quedan sujetos a las previsiones de lo dispuesto en el artículo 11 del Anexo de la Ley Nº 25.164 y sus modificatorias”.
En la publicación oficial, el Gobierno argumentó que la prórroga sucesiva de la intervención del organismo «por espacio de 12 años» era la muestra del «estado de ineficiencia e incumplimiento de sus finalidades y acciones».
«Evidencia que el diseño organizacional adoptado no resulta idóneo para alcanzar los objetivos constitucionales en la materia», argumentó.
En el decreto publicado este martes, se indicó que desde el Gobierno libertario se descubrieron «graves irregularidades en la contratación de personal, arrendamiento de inmuebles y utilización de recursos», como así también «sobredimensionamiento excesivo de la estructura funcional; retrasos injustificados en la solución de denuncias y expedientes administrativos; e ineficacia e ineficiencia en la obtención de resultados concretos vinculados a la materia de su competencia».
«El Instituto no cuenta con registros fidedignos ni de sus actividades ni de ninguno de los pagos de haberes efectuados previo a diciembre de 2023, ni tampoco con procedimientos tendientes a garantizar las tareas de control y fiscalización en la utilización de los recursos», argumentaron a través del documento oficial.
