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El Gobierno nacional presentó una denuncia judicial por los presuntos delitos de «extorsión» y «defraudación al Estado» en relación al manejo de planes sociales, en función de las 16.150 llamadas que se recibieron a la línea 134, 1200 de las cuales «se podrían relacionar directamente» con esos delitos. «Hay 32 personas denunciadas», dijo el vocero presidencia, Manuel Adorni.
En conferencia de prensa, el funcionario precisó que identificaron a 14 organizaciones sociales, entre las que nombró al Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa, Libres del Sur, La Dignidad, Barrios de Pie y el Movimiento Evita.
Además, dijo que el gasto por el despliegue del operativo de seguridad con motivo de la marcha del miércoles último ascendió a 60 millones de pesos. «Esa será la factura que se le pasará a los movimientos sociales», dijo.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, solicitó oficialmente a las fuerzas de seguridad que determinen los gastos del operativo de seguridad que llevaron a cabo el miércoles, durante la protesta convocada por la Unidad Piquetera a Plaza de Mayo.
Por medio de la resolución 949/2023, publicada este viernes en el Boletín Oficial, Bullrich instruyó a la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Política de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval y al Servicio Penitenciario Federal a «determinar los gastos en los que hayan incurrido a causa de los operativos de seguridad federales» llevados a cabo en el marco de la implementación del protocolo de orden público.
La resolución precisa que en la evaluación de los costos se deberá tener en cuenta «las horas/hombre empleadas en cada operativo, calculadas en orden a la remuneración por jerarquía de cada uno de los efectivos que participaron, el combustible utilizado, los elementos consumidos en los operativos, y otros costos en los que hubiere incurrido a consecuencia directa del operativo».
En los considerandos, la resolución recuerda que el protocolo «tiene por finalidad dar un marco de actuación a la intervención de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales frente a impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación sujetas a la jurisdicción federal y en territorios provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
El protocolo prevé que se «podrá demandar judicialmente a las organizaciones» así como a «las personas individuales que resultaren responsables, por el costo de los operativos que se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos».
«Sería conveniente que esos recursos ingresen en el Estado Nacional para compensar los grandes gastos en que se incurre para el mantenimiento del orden público ante la interrupción del tránsito en rutas, autopistas y otras vías transitables», dice la resolución.
