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Este viernes se cumple un mes de la llegada del Tercer Malón de la Paz a Buenos Aires, los integrantes de este colectivo de pueblos originarios de Jujuy destacaron la importancia de la iniciativa que permitió que sus reclamos ante la Corte Suprema de Justicia por la reforma constitucional que impulsó el gobierno de Gerardo Morales sean «visibilizados», pese a que los magistrados del máximo tribunal aún no los recibieron.
En dialogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), el cacique del Pueblo Ocloya, Néstor Jerez se mostró conforme con la visibilidad que tuvo el reclamo de las comunidades aborígenes, pero aclaró que “acá nos vamos a quedar hasta recibir una respuesta de los Cortesanos rechazando o no nuestro pedido de inconstitucionalidad de la reforma constitucional que nos impuso Morales (Gerardo, el gobernador) sin hacer la consulta libre, previa e informada como marca el Convenio 169 de la OIT
Más adelante, analizó la problemática que viven los pueblos originarios en Jujuy tras la reforma de la carta magna provincial y la represión a las protestas que llevó a cabo el gobierno de Morales, y destacó la conformación de una comisión que investigue las violaciones a los derechos humanos que se produjeron en la provincia a través de un decreto del Poder Ejecutivo.
«A un mes de haber llegado de Jujuy, seguimos en permanencia frente a la Corte. Lo bueno es haber conseguido un decreto del Ejecutivo llamando a los organismos internacionales para que se presenten en Jujuy y se puedan evaluar los delitos de derechos humanos y violencia institucional. Esperemos que muy pronto esté formada la comisión y también recordamos que hay un proyecto de intervención presentada”.
Actualmente están instalados en la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales que alberga a la Corte Suprema de Justicia, y reclaman desde entonces que los magistrados se expidan sobre la «inconstitucionalidad de la reforma de la Carta Magna provincial que impulsó Morales.
Además, le solicitan al Congreso de la Nación la intervención de Jujuy y que se sancione la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena» así como «el cese de represión, hostigamiento, persecución, detenciones e imputaciones a dirigentes y autoridades indígenas en Jujuy».
Ayer, el Gobierno nacional creó la comisión de recepción y análisis de denuncias sobre violencia institucional en la provincia de Jujuy.
El ente recibirá las denuncias de hostigamiento, persecución y demás casos de violencia institucional cometidos contra manifestantes en la protesta contra la reforma «inconsulta e inconstitucional».
Desde el Tercer Malón de la Paz invitaron a organismos internacionales a participar como veedores durante el proceso de implementación.
«Se ha logrado un gran avance, algo totalmente positivo a través de este decreto publicado en el Boletín Oficial para garantizar los derechos no sólo de las comunidades indígenas sino de todo el pueblo jujeño que ha sido afectado por esta reforma inconsulta e inconstitucional impulsada por Gerardo Morales», sentenció Jerez.
