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Las comunidades que mantienen cortes y permanencias en la ruta se dividieron en dos: mientras la mitad sostienen el reclamo en varios puntos de la Quebrada y la Puna, el resto emprendió este lunes una caminata con destino a la Ciudad de Buenos Aires para nacionalizar el rechazo a la reforma de la Constitución provincial aprobada el 20 de junio pasado.
Vilma Llampa es una de los comuneros que se quedaron en el corte de La Quiaca. «Seguimos en pie de lucha», afirmó en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5). Docente, integrante del pueblo kolla, Llampa explicó: «Todavía desde acá no se resuelve nada. Venimos desde hace más de un mes y medio en la lucha y queremos hacer visible en toda la República Argentina lo que está sucediendo en la provincia de Jujuy con No a la Reforma».
«Desde los últimos rincones de la puna queremos que nuestras voces, las de todos los pueblos originarios, sean escuchadas», agregó.
Por su parte, Robinson Suárez, de la Nación Kolla, precisó: «El pedido puntual es la anulación de la reforma inconstucional e ilegal que perjudica a todo el pueblo jujeño. Queremos salir del acotamiento mediático, visibilizar nuestro reclamo, sensibilizar a todos los argentinos en este reclamo por nuestro legítimo derecho al agua, el territorio y la vida, no solamente para nosotros sino también para toda la nación Argentina».
La partida fue esta mañana desde La Quiaca, con vehículos de apoyo que acompañan. En el camino, se van sumando comunidades de otros puntos de la provincia, del pueblo chicha, quechua, del departamento de Yavi, de Santa Catalina, Abra Pampa, Rinconada, Humahuaca, Susques, Coranzulí, Tilcara, Maimará y Purmamarca. Pasado el mediodía, la columna recibía a las comunidades de los valles.
En Purmamarca se realizó el acto de despedida oficial de la provincia, para luego partir rumbo a Salta. «Allá nos esperan hermanos de la Misión Kollamarca, otras comunidades kollas y de otros pueblos que nos esperan para sumarse», anticipó Suárez a El Submarino Radio.
Patotas
Sobre los actos violentos que sufrieron las comunidades, sobre todo en el corte que mantienen en Purmamarca, Vilma Llampa aclaró: «Si bien estos últimos fueron muy visibles, acá en La Quiaca venimos viviendo cosas así hace semanas con un grupo de personas que se ve que son mandadas por el mismo gobierno, con las mentiras que se vienen hablando».
En particular, se refiere a las declaraciones del gobernador Gerardo Morales, quien acusó al intendente Blas Gallardo de estar entregando dinero a quienes sostenían el corte. «Eso fue totalmente mentira, porque están acá los pueblos originarios de diferentes localidades», afirmó.
Las comunidades que padecieron esos ataques, recordó Llampa, conocen a los agresores. «Son visibles, son políticos del gobernador. No es enfrentar a pobres contra pobres, atrás de esto hay una mirada política del gobernador», aseguró la mujer.
«Este Malón también hizo visible una situación que siempre estuvo tapada de alguna manera», analizó Suárez. Y continuó: «Han sido hasta misóginos con nuestras mujeres de las comunidades. Eso dolió, pero sabemos que detrás hay una cuestión política. Muchos de los que enviaron son comerciantes o están con el poder político, muchos de los que estaban agrediendo tienen relación directa con funcionarios ligados al radicalismo».
Para el comunero, fue «notorio el odio racista hacia la wiphala». Por esta razón, contó, se sintieron agraviados. «Hemos sentido en carne propia el racismo hacia nuestra piel, nuestras mujeres. Decían ‘vayan a cuidar las ovejas'», contó.
Néstor Jerez, referente del Pueblo Ocloya, calificó en diálogo con El Submarino Radio estas acciones como un «plan sistemático que continúa con diferentes metodologías, planificadas», y mencionó «la articulación entre el gobernador Gerardo Morales, Rubén Rivarola, que maneja El Tribuno, el Canal 7 de Guillermo Jenefes, que se encargan de distorsionar y generar falsas informaciones».
Respecto de las agresiones directas, Jerez coincidió con sus pares en que se trata de «patotas que responden a la UCR». Sobre los ataques en Purmamarca, recordó que «todos han resultado ser empleados del municipio o empleados y familiares del diputado Humberto López y el comisionado Gustavo Cruz».
«Entonces no estamos hablando de una lucha de pobres contra pobres, ni de autoconvocados, sino de una patota justamente dirigida para desestabilizar la resistencia pacífica de las comunidades que están defendiendo los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional y los tratados internacionales», concluyó.
El comunero relacionó estos hechos violentos con «lo que en algún momento se ha visto que hacía Bolsonaro en Brasil», y reveló que el viernes pasado «ha habido una operación de inteligencia a través de drones y policías de civil infiltrados».
Ese mismo día, relató, ocho furgones de Infantería se apostaron apostados detrás del puesto de Gendarmería Nacional de Purmamarca. A su entender, «la intencionalidad era que esa patota genere disturbios y entonces actuaba la policía con la figura de flagrancia». Y agregó: «Y seguramente los detenidos íbamos a ser nosotros».
En este contexto, las comunidades han previsto acciones de protección. Cuando arriben a San Salvador de Jujuy, a la altura de la Ciudad Cultural, se van a encontrar con referentes de la Multisectorial contra la Reforma, sindicatos y organizaciones sociales. «Van a ser nuestra escolta para poder salir de la provincia de forma segura, porque los hermanos están alarmados porque al día de hoy continúa la persecución a dirigentes y referentes indígenas», explicó Suárez.
Dos modelos
El rechazo a la reforma constitucional se plantea desde el propio origen del proyecto. «Esta reforma ha sido inconsulta y viciada en su plenitud -explicó Jerez-. Los pueblos indígenas tenemos un derecho específico que está reconocido en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por la ley argentina 24.071, que es un instrumento supralegal, vinculante, constitucional y obligatorio para el estado».
En este sentido, cada pueblo indígena tiene un protocolo para llevar adelante esa consulta previa libre e informada, y de buena fe. El objetivo es llegar a un acuerdo u obtener el consentimiento previo libre e informado en los intereses que afectan a esas poblaciones. «En este caso se han omitido todos esos pasos», remarcó Jerez.
«Nosotros estamos acá porque si esta reforma continúa, sabemos lo que se nos viene», advirtió Vilma Llampa, y remarcó que «esta Constitución no fue concretada por los pueblos originarios, ni dialogada, ni consultada ni nada; salió de un día para el otro».
Para los pueblos originarios de Jujuy, se trata de reivindicaciones históricas. Cuentan con la experiencia de lo que ya pasó y están determinados a evitar que se avance. «Sabemos que en la puna hay mucha riqueza en litio, en minerales, en agua. Y el agua es esencial para nosotros. Nuestros hermanos viven del ganado, de la siembra. Sabemos también el consumo que hacen las mineras que están en diferentes localidades, en tierras que tenemos de nuestros abuelos, que son riquísimas», describió Llampa.
«Por eso es la lucha. Estamos resistiendo hasta las últimas consecuencias para defender lo que fue, es y será de nosotros», afirmó.
Néstor Jerez sintetizó: «Acá se contraponen dos modelos diferentes. El que proponen ellos en nombre del desarrollo y el progreso, que implica el desequilibrio y el daño irreversible a la madre tierra, que se ve reflejado a través de la crisis climática y del calentamiento global, y el que proponemos nosotros, las políticas del buen vivir, totalmente opuestas, que tienen que ver con mantener el equilibrio».
«Nosotros, como guardianes naturales, por miles de años hemos sabido cómo resguardar estos elementos y bienes naturales que son la garantía de vida de toda la humanidad», agregó.
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