Por Diego Granda.- Jujuy es un espejo de un fenómeno que varios politólogos vienen estudiando en los últimos años: procesos en los que líderes populares con pretensiones hegemónicas acceden al poder legítimamente y, desde ese lugar, van cambiando las reglas del juego sin violar -al menos no directamente- ninguna prescripción constitucional. El resultado está a la vista: llegan a condicionar tanto el terreno competitivo que, aunque llamen a elecciones, no significan contiendas reales.
Los pensadores más sofisticados lo llaman autocracia: una deformación de la democracia, en la que todas las decisiones responden a una sola voluntad. En Jujuy, el sistema electoral debilitó las instituciones republicanas de contrapeso y control, incluidas la Legislatura y el Poder Judicial, y en razón de la imposibilidad de hacer fuerza institucional desde la oposición, el Gobierno no necesita consensuar -ni explicar- sus decisiones.
Basta con una simple denuncia para acallar una voz.
Después de romper el contrapeso del Poder Legislativo, basándose en una ley de piso electoral sobre el total del padrón sancionada en 1986 -a la vista injusta y proscriptiva-, la coalición que gobierna Jujuy emprendió el sueño de cualquier proyecto con pretensiones hegemónicas: reformar la Constitución. Una reforma que, palabras más, palabras menos, llega para empoderar al Gobierno por sobre los otros dos poderes del Estado de Derecho.
El constituyente es el máximo poder que el pueblo puede otorgar a sus representantes; ahora bien, el pueblo ¿sabe lo que va a votar el domingo? Caminar por Jujuy muestra que un gran porcentaje no sabe qué se vota el próximo 7 de mayo; ¿cómo llegamos a esta situación? ¿Cómo el pueblo confiere su máximo poder –el constituyente- a sus representantes sin saber siquiera que lo está haciendo?
La respuesta surge de un rápido análisis: a través del fraude de las colectoras, la máxima trampa electoral. Invisible y eficaz.
El sistema electivo de nuestra provincia permite a los candidatos sumar listas hacia abajo. Un candidato a gobernador puede tener innumerables listas de candidatos a diputados, y de igual manera, un candidato a intendente puede tener infinitas listas de candidatos a concejales. Recordemos, así llegó a gobernar la actual coalición de gobierno en 2015, siendo colectora de Mauricio Macri y de su opositor Sergio Massa. Una contradicción en términos ideológicos, pero efectiva en términos electorales.
Este sistema de erosión democrática se repitió en las elecciones de 2017, 2019, 2021. Así llegamos a las elecciones del próximo 7 de mayo de 2023: comicios completamente alejados de cualquier posibilidad real de competencia, con candidatos impugnados, judicializados, y ciudades en las que vemos más de diez colectoras por candidato. Y, lo que es más alarmante, candidatos que responden a una misma cabeza de lista, pero que ni siquiera se conocen entre sí.
A mayor capacidad económica, más posibilidad de financiar campañas; es decir, quién más dinero tiene, más colectores suma. Y como sucede en la gran mayoría de las provincias del norte argentino, quien tiene la caja del Estado, tiene mayor cantidad de dinero.
Al no haber primarias, el poder actual construyó a medida su propio sistema electoral: los grandes partidos invitan a competidores a sumarse a sus líneas, y con la ilusión de poder llegar a ganar, terminan sumándole votos al de arriba.
Pasadas las elecciones, ¿se resuelve la tragedia?
Los pocos legisladores que logren llegar a sus bancas en la Legislatura o en los Concejos Deliberantes tampoco se sentirán aliados entre sí: hicieron campaña por separado, pertenecieron a listas diferentes, compitieron, y lo que hoy comparten -que es la boleta-, pasadas las elecciones, ya no existirá.
Desembarcarán, los pocos que lleguen, en instituciones con presupuestos millonarios. Ese presupuesto se materializará, sobre todo, en forma de contratos. Un legislador jujeño puede llegar a disponer de 50 posiciones laborales para su tropa. En el medio estaran todas las posibilidades de negociación.
Por eso, hoy no se habla de ideas. Y los electores, con justa razón, piden a los candidatos que hablen de proyectos. Pero no hay. No hay debate, no hay ideologías. Así se vive la política en una provincia con una crisis de representatividad histórica, que lleva a los más jóvenes a optar por opciones como la de el diputado Javier Millei que prometen “romper con todo”.
Para entenderlos, son jóvenes que pretenden hacer su proyecto de vida en una provincia al borde de la erosión y el colapso democrático.
¿Queda alguna solución?