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Desde el 1° de enero al 31 de julio de 2024, se cometieron en el país 151 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, tres lesbicidios, dos trans-travesticidios y 12 femicidios vinculados de varones adultos y niños, según el nuevo informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” que dirige La Casa del Encuentro.
A causa de estos femicidios, 178 hijas e hijos quedaron sin madre, el 58% de ellos menores de edad.
El relevamiento muestra además que el 56% de los agresores eran parejas o exparejas de la víctima y que el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia continúa siendo su vivienda o la vivienda compartida con el agresor (58% fueron asesinadas en su hogar).
Si bien los femicidios abarcan el territorio nacional, en términos absolutos Buenos Aires sigue siendo la provincia con más casos, seguida por Santa fe, Chaco y Córdoba.
‘Las señales que no vimos’
En su informe, La Casa del Encuentro menciona «un femicidio nos sacudió especialmente», el de Catalina Gutiérrez, de Córdoba, la influencer y estudiante de arquitectura que fue asesinada por un compañero suyo que confesó el crimen.
«Dijo que ‘era el amor de su vida’ aunque solo eran amigos. Nos conmocionó y nos asustó, no estamos seguras en ningún lado. Acá no mediaba relación amorosa, ni violencia, ni denuncias y sin embargo Catalina estaba en peligro», plantea La Casa, e interpela: «¿Cuáles fueron las señales que no vimos? ¿Dónde se instala esa personalidad dual de los varones que disimulan su lado violento?»
En esa línea, señala que «son respuestas complejas con múltiples aristas» y remarca que es imprescindible el tratamiento de las temáticas de género en todos los ámbitos y a todas las edades, porque «las desigualdades refuerzan el poder de unos sobre otras y muchas veces no lo vemos».
«Es necesario ponerlo en palabras, en acto, mostrarlo -afirma-. Catalina es una más de las 151 en lo que va de este año. Las mujeres estamos en constante peligro. Nos matan quienes dicen amarnos y a la sociedad en su conjunto esto pareciera no alertarla; y mientras ocurre, el Estado retrocede».
‘Licencia para matar’
El informe advierte que, además de no existir políticas públicas de abordaje de violencia de género, «prolifera un discurso misógino y estigmatizante frente a las violencias que vivimos todos los días: hay licencia para matar y estamos solas».
Más adelante, se detallan los retrocesos en la materia que se dieron a partir de la asunción del gobierno de Javier Milei, que desmanteló y vació los organismos que deberían llevar adelante planes y programas para dar cumplimiento a leyes nacionales sobre la materia.
El texto remarca que hoy no existe un organismo rector que dé cumplimiento a lo estipulado en diferentes leyes nacionales, y que acaban de despedir al 80% de trabajadores, lo que implica un desguace en las políticas públicas de género del Estado Nacional.
Estos despidos son la destrucción absoluta de todos los programas:
- Línea 144
- Asistencia Integral en Femicidios y Travesticidios
- Hogares y Refugios
- Acompañar
- Producir
- Prevención y Formación
- Programa Travesti Trans
- Ley Micaela
- Escuelas Populares
- Acompañamiento a diversidades
- Políticas de Cuidados
- Igualdad
La lista sigue. No se ejecuta el “Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género”, se disolvieron los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), el Sistema Único de Registro de Denuncias por Violencia de Género (URGE) está inactivo, así como la –prácticamente- inexistencia de la implementación del patrocinio jurídico gratuito del Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género (Ley 27.210) y el incumplimiento de tratados internacionales firmados y ratificados por nuestro país.
«Después de muchos avances estamos ante un terrible retroceso; el relato actual es que invertir en políticas para prevenir, asistir y erradicar la violencia es un gasto, desconociendo la forma en que, en forma directa o indirecta, afecta a mujeres, niñas, niños, adolescentes, diversidades y a sus entornos cercanos y familiares», advierten.
En este contexto, desde La Casa del Encuentro exigen al Estado argentino «respeto por los derechos humanos, cumplimiento de las leyes nacionales y convenios internacionales y, especialmente, la restitución de la institucionalidad a los organismos encargados de la evaluación y ejecución de políticas públicas para la erradicación de las violencias contra mujeres y diversidades en cada ámbito donde desarrollen sus vidas».
Y agregan: «Si esto no sucede, la violencia se profundiza cada vez más y puede llegar a su expresión más extrema: el femicidio. La violencia es un tema de derechos humanos y no de inseguridad».
«NOS SIGUEN MATANDO. Nunca tendrán la comodidad de nuestro silencio. Por Ellas Siempre», cierra el informe.
Información adicional
- 24 víctimas habían realizado denuncia
- 8 femicidas tenía dictada medida cautelar de prevención
- 8 femicidas perteneciente o ex fuerza de seguridad
- 13 víctimas tenían indicio de abuso sexual
- 2 víctimas en presunción de prostitución o trata
- 2 víctimas estaban embarazadas
- 3 lesbicidios
- 2 trans/travesticidios
- 9 víctimas eran migrantes
- 21 femicidas se suicidaron
- 12 víctimas en contexto de narcocriminalidad
- 12 femicidios vinculados de varones adultos y niños
