Grave denuncia contra Lello por encubrir una causa de abuso sexual

Una más y van… el titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Enrique Lello fue denunciado por la Defensora General del Ministerio Público de Defensa Penal, Ivone Haquim por el delito de encubrimiento en una causa de abuso sexual que tiene como acusado a Gustavo Fiad que es sobrino del senador nacional de Juntos por el Cambio, Mario Fiad.

Una nueva denuncia pesa contra Lello, por su actuación al frente del organismo, que adquiere ribetes judiciales, políticos y sociales porque la acusadora es Ivone Haquim, que es la Titular del Ministerio Público de Defensa Penal, quien pide ante el juzgado de control penal de turno, investigar la posible comisión de los delitos de encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y abandono de personas, por parte Lello y otros fiscales penales. La causa la recibió Rodolfo Fernández, juez en lo penal económico y delitos de la administración pública, un juzgado creado durante el año pasado.

Según Haquim existe un “accionar deliberado del titular del Ministerio Público de la Acusación y de agentes del Ministerio Público Fiscal para frustrar la investigación y/o encubrir al imputado y a quienes más se pudiese individualizar en la investigación”.

La maniobra utilizada, según la funcionaria es “cambiando y modificando a los fiscales a cargo de la investigación, para luego cambiar el curso de las investigaciones desglosándose las causas, negándose a realizar las diligencias probatorias correspondientes”.

En la presentación ante el juzgado, señala que “el pasado 26 de febrero de 2010, se denuncia y acusa a Gustavo Fiad por el delito de abuso sexual contra las hijas de su pareja”. La investigación estaba a cargo del fiscal Alejandro Bosatti hasta el 22 de mayo, y sin que exista apartamiento, recusación ni resolución alguna, comienza a actuar Gil Urquiola, luego lo saca y la causa cae en manos de Gustavo Araya”.

Haquim aclara “en tres meses y medio intervienen tres fiscales distintos, sin justificación ni motivo alguno, violentando las mínimas garantías constitucionales y vulnerando de modo flagrante la garantía del debido proceso penal”.

Al tomar la causa, Araya dispone el desglose de la misma, y enviándola nuevamente al fiscal Gil Urquiola “a los fines que continúe con la investigación de los hechos denunciados”.

Para Haquim, esta decisión es ilegal, arbitraria, y “causa un perjuicio a mi parte en la calidad de denunciante y víctima, en razón de que se desglosa un expediente por “instrucciones del Fiscal General que no tiene facultades para hacerlo”.

Es por ello, que la funcionaria judicial advierte que “los funcionarios referidos están ayudando al imputado, la encubridora denunciada, y quien más pudiese individualizarse a eludir las propias investigaciones de la autoridad y/o a sustraerse de estas investigaciones, ayudando al imputado a ocultar, alterar y/o desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito”.