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El Estado bonaerense imputó a la empresa de medicina prepaga Omint SA y podría multarla por hasta 300 millones de pesos por el caso de una asociada que denunció la negación de una interrupción voluntaria de embarazo. La mujer que presentó la denuncia tuvo que acudir al sistema público de salud para acceder a la práctica.
Según el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Buenos Aires, Omint no garantizó la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) a una asociada que tenía el derecho de acceder a la práctica. La presentación oficial advierte que, con esta decisión, la empresa habría vulnerado lo establecido por Ley Nacional de acceso a la IVE e incumplido la Ley Nacional de Defensa al Consumidor.
Dada la nueva legislación provincial, Omint podría recibir una multa de hasta 300 millones de pesos.
La Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios, que depende de la Subsecretaría de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones del Ministerio de Producción comandado por Augusto Costa, fue la encargada de acompañar el reclamo de la persona gestante.
Ella finalmente pudo acceder a su derecho por medio del Sistema de Salud Público provincial. Sin embargo, el litigio sigue en pie dado que no hubo acuerdo entre las partes.
Según informó el Ejecutivo provincial, la firma fue imputada por “obstaculización de la práctica y dilación del trámite, una falta de información clara y precisa, e incumplimiento en las condiciones y modalidades en la prestación del servicio por el cual fue contratada”.
“La gente está en una situación vulnerable porque las empresas resuelven sin que el ciudadano pueda defenderse”, explicó a Buenos Aires/12 Ariel Aguilar, el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones de la Provincia. El funcionario consideró que “las empresas vienen de una etapa donde el Estado se había retirado, y muchas de estas denuncias en la gestión anterior no prosperaban”.
En ese plano comparativo, aseguró que en la gestión actual “hay una decisión política de ir para adelante y solucionar los conflictos que se van planteando”.
“La diferencia radica a partir del lugar desde el que uno se para como Estado y desde dónde considera los derechos de las y los bonaerenses”, dijo el funcionario. Y agregó: “El ministro Costa y el gobernador Kicillof nos dieron la orden de ver que no se vulneren derechos, y eso hacemos”, aseguró.
Consultado sobre el procedimiento que derivó en la imputación, Aguilar detalló que “con la empresa hubo una etapa conciliatoria y se hicieron dos audiencias, pero como no avanzó decidimos actuar sobre la firma”. También aclaró que Omint, empresa que tiene como socio mayoritario al empresario Juan Carlos Villa Larroudet, presentó un descargo que todavía está siendo analizado por el ministerio.
«El descargo solicita que se celebre una nueva audiencia de conciliación, a la cual vamos a acceder para ver si se llega a un acuerdo», explicó Aguilar. «En caso de no haber acuerdo, el expediente, como con cualquier otra empresa, pasa a ser evaluado y entra en consideración la aplicación de una multa.”
La multa
El funcionario destacó que el poder de fuego del Estado antes estaba limitado en este aspecto dado que el tope máximo de una sanción para una empresa llegaba a 500 mil pesos. Esto fue modificado recientemente por una ley que estableció que el monto más elevado de una multa equivalga a 5 mil salarios mínimos, vitales y móviles.
“Esto es, más o menos, 300 millones de pesos”, relató Aguilar. “Hoy Omint podría tener que pagar una multa de esos valores”, agregó.
“Muchas veces el ciudadano desiste porque tiene mil cosas para pensar en el día a día y, además, suele creer que contra esas empresas en cualquier reclamo pierde”, describió el subsecretario. “Lo que nosotros hacemos, como el caso de Netflix que también se hizo conocido, es actuar de oficio sobre aquellos contratos que la gente firma sin saber que tienen cláusulas abusivas”, relató. E incentivó a imitar lo realizado por la reclamante ante Omint e ingresar al link de denuncias en la web del ministerio.
Consultado sobre la posible intervención de la Justicia en el proceso, el funcionario aclaró: “Ahora no interviene el Poder Judicial porque es una instancia administrativa, pero una vez impuesta una multa por parte del ministerio, la empresa puede ir a la Justicia para impugnar la multa y pedir revisión de la causa”.
En el caso de la reclamante, “puede optar ir por la vía judicial en cualquier momento del proceso, aunque por el momento optó por la instancia administrativa», explicó Aguilar, y advirtió que la daminificada también podría apelar a la Justicia con el mismo reclamo. Quien denunció a la empresa puede ir a la Justicia en todo momento del proceso administrativo y pedir la indemnización de daños. “Esto corre por separado respecto de la actuación administrativa”, concluyó.
Derechos por ley
La legislación sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo data de 2020 y su estado de aplicación en la provincia de Buenos Aires está vigente. “La Ley se está cumpliendo”, aseguró Sabrina Cartabia Groba, jefa de gabinete de la Subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia.
En referencia a la imputación sobre la prepaga de servicios médicos, celebró que surjan situaciones como esta, donde desde el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica se pone a trabajar en regular y seguir adelante investigaciones vinculadas a la IVE. «Es algo a tener en cuenta; esto no sucedía”, remarcó.
“Me parece que cuando empezamos a tener situaciones nuevas logramos un marco del avance que se tiene en políticas públicas”, explicó la funcionaria.
Integrante del Colectivo Ni Una Menos y presidenta de la asociación civil Red de Mujeres, Cartabia Groba explicó que “hace menos de veinte años se le negaba el acceso al aborto a niñas víctimas de violación o mujeres que tenían la vida en riesgo si continuaban con el embarazo”, pero “eso fue cambiando y hoy hay nuevos desafíos, como por ejemplo trabajar la situación de los privados y las empresas de medicina prepaga”.
Lo sucedido con la imputación a Omint “es interesante para entender que cuando vos tenés legalización después arranca la implementación”, reflexionó la abogada especializada en políticas de género.
“Cuando alguien del privado no hace lo que tiene que hacer, el Estado toma las herramientas que tiene y acciona para que esto no se repita”, celebró, y agregó: “Si no hubiera habido una ley y un compromiso del Estado en primer acceso al aborto hoy no podríamos estar hablando de una situación de estas características con una prepaga u obra social”.
La reflexión de Cartabia Groba sigue la línea de las políticas desplegadas desde diciembre del 2019 tanto por el gobierno provincial como por el nacional, que se coronó con la legalización del aborto. La resolución 1/2019 firmada por Ginés González García a sólo dos días de asumir como ministro de Salud restableció el nuevo Protocolo de Aborto no Punible para la interrupción legal del embarazo, una herramienta que había sido dada de baja por el macrismo. La Provincia adhirió de forma inmediata.
“Hoy podemos decir con orgullo que la inmensa mayoría de los municipios brindan aborto público en las instituciones públicas”, destacó la referente en materia de género, a la vez que mencionó a los tres distritos que aún no lo hacen. Uno de ellos es San Miguel, por influencia del exintendente y actual precandidato a gobernador del PRO Joaquín de la Torre, que se ha declarado «municipio pro-vida».
Por Andrés Miquel, en Página/12
