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Se reanudó este lunes el juicio de lesa humanidad que se desarrolla en Jujuy, que atraviesa su etapa final. Entre esta semana y la próxima habrá dos inspecciones oculares en la ciudad de San Pedro de Jujuy -que es donde se cometieron los delitos investigados-, y se espera que en diciembre haya sentencia para los seis expolicías acusados de privación ilegítima de la libertad, amenazas, tortura y homicidio, en diversos grados.
Los próximos pasos de este juicio son dos inspecciones oculares en la ciudad de San Pedro. “Una de estas inspecciones es relevante para la causa, porque es en la Comisaría 9, donde actualmente funcionan la Unidad Regional 2 y Bomberos, y donde en esos años había una superposición de estructuras. La otra, es para intentar determinar dónde funcionaba la Caballería en San Pedro”, explicó a El Submarino Radio (91.5) María José Castillo, abogada querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
La inspección en la comisaría, que se realizará el 9 de noviembre a las 15, con la presencia de testigos y también de víctimas, tiene el objetivo de reconstruir todo lo que se pueda el escenario donde se cometieron los delitos, porque en todos estos años hubo reformas en el edificio. “Sabemos que había una zona de inteligencia, de acceso restringido, donde se torturaba, que era la zona de calabozos”, explicó Castillo.
Antes, el próximo lunes a las 16 horas, se realizará la inspección donde actualmente funciona la Caballería. “Se cree que en 1976 esa dependencia funcionaba donde hoy está Infantería, que es también la misma cuadra donde está la Comisaría 9. Eso es lo que está por determinarse, porque no estamos seguros. Hay solo dos testimonios que dicen que funcionó ahí”, comentó.
Cerca de fin de mes está previsto que empiecen los alegatos del Ministerio Público Fiscal, y el 4 de diciembre, el de las querellas. “Es una etapa final en la que las partes acusadoras podemos dar cuenta de la responsabilidad de los acusados, de las pruebas que hemos podido visualizar y corroborar en el debate oral. Y también tendrán su oportunidad de alegar los imputados. Esperamos, siendo optimistas, que para diciembre tengamos la sentencia”, detalló la abogada.
-¿Cuál es el balance de este juicio y cuáles las expectativas?
-Las expectativas de la sentencia y posible condena siempre están. El balance es positivo, porque hemos podido conocer cómo funcionó dentro del aparato represivo la Comisaría 9 de San Pedro, sus responsables, la existencia de una patota funcionando en coordinación con otras fuerzas de seguridad. Ayer quedó claro en el testimonio de uno de los policías, de apellido Crespo, que contó cómo la policía custodiaba al Ingenio Ledesma. La importancia del juicio, de la verdad histórica, es trascendente. No podemos decir que tenemos expectativas de condenas ejemplares, porque hay un contexto político y judicial que hace que nuestras expectativas sean moderadas. Pero sí tenemos la certeza de que va a haber condena, porque se ha demostrado la responsabilidad de los imputados. Y hay un capítulo aparte en este juicio, que es condenar por los abusos sexuales que han sufrido las víctimas, inclusive con la reticencia judicial que hubo para determinar esto.
Los hechos
La causa se refiere a la detención de un total de cinco personas en tres operativos desplegados en San Pedro entre 1976 y 1977. Todos ellos fueron alojados en la Seccional 9 de esa ciudad, donde funcionó un Centro Clandestino de Detención. Allí fueron sometidos a torturas y vejaciones.
Fueron tres operativos policiales diferentes. En el primero, Víctor Jesús Segura fue secuestrado el 21 de septiembre de 1976 en una heladería del centro de San Pedro de Jujuy, y luego conducido a la Seccional 9. Al momento de su secuestro, Víctor, que había nacido en la localidad salteña de Metán, tenía 24 años y estudiaba en la Universidad Nacional de Tucumán. Permanece como desaparecido.
Otras tres víctimas son Jenny Aquin Exeni, que tenía 18 años; Delmira Élida Garnica, de 31, y Juan Carlos Valenzuela, de 34, todos ellos sobrevivientes. Los tres fueron secuestrados cuando se dirigían de San Salvador a San Pedro en el auto de Valenzuela. Iban al bar Zákate, próximo a la Comisaría 9. Al salir de la confitería, fueron detenidos por policías y trasladados a esa seccional, donde fueron alojados de manera ilegal, torturados y sometidos a condiciones inhumanas de detención.
En relación con el hecho del que fueron víctimas estos tres jóvenes, hay otra causa abierta por la violación de Garnica y Valenzuela.
En el último de los hechos que se ventilan en este juicio, Antonio Elías Díaz fue secuestrado por personal de la Policía provincial durante un allanamiento ilegal en su casa en San Pedro de Jujuy, cuando estaba con su amigo, Raúl Oscar Nacer.
En la requisitoria fiscal se detallan las torturas que padecieron las víctimas en la Seccional 9, que fueron relatadas en la etapa de instrucción por los sobrevivientes. En las sesiones de tormentos, que incluían la aplicación de picana, participaban entre dos y tres policías. Así lo relató en su declaración Jenny Aquin Exeni, quien contó además que por las noches, sin que hubiera ningún interrogatorio, los uniformados abusaban sexualmente de ella y de Garnica.
En el caso de Valenzuela, el tercer detenido en este episodio, fue trasladado a una caballeriza donde recibió torturas con picana.
El comisario Arturo Rubén Morales era el jefe de la Seccional 9 y, de acuerdo a los testimonios, quien comandaba al grupo.
Los procesados
Los represores procesados en este nuevo juicio oral y público son cinco hombres y una mujer que en el momento de los hechos pertenecían a la Policía de la Provincia y se desempeñaban en la Seccional 9 de San Pedro de Jujuy.
Arturo Rubén Morales está acusado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, con el agravante de violencias o amenazas, homicidio calificado por alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de coautor, todos en concurso real.
Ramón Sánchez está procesado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, con el agravante de violencias o amenazas, delito de torturas, en grado de coautor, todos en concurso real.
Francisco Lauralicio Díaz está acusado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, con el agravante de violencias o amenazas, del delito de torturas, en grado de coautor, todos en concurso real.
Oscar Francisco Guzmán está procesado por los delitos de privación ilegítima de la libertad con el agravante de violencias o amenazas, y del delito de torturas, en grado de coautor, todos en concurso real.
Virgilio Sergio Aldana está procesado por el delito de allanamiento ilegal cometido en perjuicio en carácter de partícipe secundario, todos en concurso real.
Aída Isabel Ruiz está acusada por los delitos de privación ilegítima de la libertad con el agravante de violencias o amenazas y el delito de tortura, todos en concurso real.
