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La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomó ayer el análisis del proceso contra los miembros de la Corte Suprema en una reunión en la que Silvio Robles, asesor del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, se mostró «reticente» a responder las preguntas del oficialismo en relación al fallo sobre la coparticipación que favoreció a la ciudad de Buenos Aires.
El expediente que derivó en la convocatoria de Robles señala que intercambió chats a través de Whatsapp con el exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, en una supuesta connivencia relacionada con el fallo de la Corte sobre la coparticipación.
El testigo se amparó permanentemente en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en el 8B del Reglamento de la Justicia Nacional para evitar contestar los requerimientos de los diputados del Frente de Todos.
El artículo 18 dice, entre otras cosas, que «ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos (…)».
Y el artículo 8B del Reglamento de la Justicia Nacional dice que magistrados, funcionarios y empleados deberán «guardar absoluta reserva con respecto a los asuntos vinculados con las funciones de los respectivos tribunales».
Ante esta situación, y advertidos de supuestas contradicciones, los legisladores del oficialismo aprobaron la realización de un careo entre Robles y el exadministrador de la Corte Héctor Marchi, quien en su momento afirmó que fue desplazado de su cargo porque se «negó a encubrir» al mencionado asesor de Rosatti.
De cara a la nueva convocatoria de Robles, el oficialismo impuso su número en la comisión para enviar un oficio a la Corte mediante el cual se pedirá que se lo exima al declarante de las restricciones que le impone el reglamento judicial, invocado hoy para no responder la mayoría de las preguntas.
En un escrito leído antes de que lo consultaran los diputados, afirmó: «Desde la creación de la Comisión en este recinto algunos diputados me han acusado falsamente de distintos hechos. Esos diputados han intentado construir una historia sobre la base de fantasías o calumnias».
«Han dicho que tengo departamentos en Nueva York. Es mentira. Han dicho que estaba prófugo de la justicia cuando en realidad estaba de vacaciones y no tenía ninguna citación judicial; han dicho, entre tantas cosas que dijeron, que también poseo propiedades en Miami y que visité esa ciudad durante este año, y también es mentira; han dado como ciertos y legítimos supuestos chats cuya veracidad, existencia o legalidad debe ser discutida judicialmente», apuntó.
Y anticipó: «Algunos miembros de la comisión ya me han acusado falsamente. De esta manera me voy a abstener de contestar toda pregunta que pueda vincularse con las distintas acusaciones que se han hecho en mi contra o aquellas que me hagan el día de hoy hayan sido o no judicializadas. Me amparo en el artículo 18 de la Constitución Nacional».
En una de las pocas preguntas que respondió, se refirió a los dichos de Marchi ante la comisión, que motivaron la decisión de los diputados de avanzar con un careo: «Dentro de las historias relatadas en este recinto por el contador Marchi a distintos niveles de acusaciones, pero como ni bien dice el texto leído, además el contador Marchi fue a sede judicial y está judicializado en la justicia federal y en atención al artículo 18 no voy a responder».
Ante las constantes negativas, los diputados del FdT cuestionaron la «reticencia» del testigo y dijeron no tener problemas en que la reunión se extendiera todo lo que fuera necesario, lo que finalmente ocurrió a las seis horas de su inicio.
«Vamos a seguir preguntando, pero hay respuestas prediseñadas que no hacen fácil esto. No sé si tiene claro que es funcionario público y su sueldo se lo paga el pueblo, no Horacio Rosatti», espetó el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez.
2023_diputados_del_fdt_cuestionaron_reticencia_del_testigo_robles_a_responder_en_juicio_politico
Para el santafesino, «no es falta de educación, es falta de respeto a otro poder del Estado».
Por su parte, su compañero de bloque Ramiro Gutiérrez pidió dejar «constancia de la reticencia del testigo» y que se tenga a vista «el artículo 10 del Código Civil en lo referente al efecto abusivo de los derechos».
En el mismo sentido, Leopoldo Moreau resaltó «los esfuerzos que hace el testigo para eludir respuestas» y advirtió que brindar las respuestas «no es a partir de la buena voluntad del testigo, sino que es una obligación».
En diferentes pasajes de la reunión, los diputados de Juntos por el Cambio (JxC) cuestionaron la metodología implementada por el oficialismo para realizarle las preguntas al testigo e insistieron en que se le respetarán las garantías al testigo.
«La reunión de hoy estuvo sesgada, politizada, e incluso algunas preguntas se realizaron de forma torpe», evaluó la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto, en un tono más moderado que el de su jefe de bloque, Juan López, que confrontó durante casi toda la tarde con el oficialismo por el tenor de la reunión.
Además de Robles, para la reunión de hoy estaba convocado D’Alessandro, quien justificó su ausencia «por motivos personales».
En la nota dirigida a la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (Frente de Todos), el exfuncionario porteño señaló: «Por existir situaciones en el plano personal que me impiden concurrir a la convocatoria prevista, vengo a solicitar tengan a bien disponer una nueva fecha, para cumplir en debida forma con la requisitoria de esa Comisión».
En el primer testimonio de la jornada comenzó a exponer el contador público Alejandro Otero, que participó del debate legislativo de la última actualización de la legislación referida a la ley de coparticipación.
Consultado sobre esa cuestión por el diputado oficialista Marcelo Casaretto, afirmó: «En el decreto 194 no surge cuál es el fundamento del incremento del porcentaje de coparticipación de la Ciudad; en el posterior, el 399, se detalla que el incremento correspondía al servicio de seguridad».
En ese sentido, agregó: «En la cautelar de la Corte Suprema no se conoce el cálculo para la obtención del coeficiente del 2.95. Si bien no se altera la coparticipación secundaria, sí fija, mediante un fallo, algo que tiene que ser fijado por ley».
A continuación, expuso Alejandro Daniel Rodríguez, de la secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema de Justicia, quien indicó: «El proyecto, que viene de alguna vocalía es cargado en el sistema por la Secretaría de Jurisprudencia y el secretario lo que hace es visar para que a partir de ahí comience lo que sería la firma digital».
La de hoy fue la decimonovena reunión de la comisión de Juicio Político en el marco del proceso que se sigue a los cuatro miembros de la Corte por presunto mal desempeño de sus funciones y no fue fijada la fecha del próximo encuentro.
