La Asociación Argentina de Fiscales también advierte sobre la situación institucional en Jujuy

La Asociación Argentina de Fiscales (AAF) se sumó a la numerosas expresiones de preocupación por la situación institucional de Jujuy generada a partir del pedido de juicio político contra el fiscal general del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Ficoseco, impulsado por el Poder Ejecutivo provincial.

En este caso, la AAF difundió un comunicado dirigido a los miembros de la Sala Acusadora, presidida por el diputado provincial Ramiro Tizón, a quienes les recuerdan que un pedido similar ya había sido desestimado con anterioridad, y tras repasar las «expresiones descalificadoras» del Consejo de Procuradores Generales, Fiscales Generales, Defensores y Asesores Generales advierten que existe «alarma y preocupación en todos los estamentos y componentes del Ministerio Público provincial y fuera del mismo».

En el texto, les piden a los legisladores que integran la comisión acusadora que al momento de decidir tengan en cuenta «que el caso es de gravedad institucional, con entidad suficiente para generar responsabilidad internacional de nuestro país de verificarse una colisión con las Convenciones suscriptas».

El documento

Sres. Miembros de la Sala Acusadora de la Legislatura de la Provincia de Jujuy

La Asociación Argentina de Fiscales tiene entre sus objetivos: “…Garantizar, practicar y defender la más absoluta autonomía del Ministerio Público Fiscal  con respecto a otros Poderes del Estado, Partidos Políticos, Sindicatos, Grupos de Interés o Factores de Presión…” (cfr. Art. 2).  Estos objetivos se encuentran alineados con la circunstancia de que la República Argentina es signataria de los tratados internacionales contra la corrupción y el crimen organizado (ONU, OEA y Convención de Palermo), que expresamente demandan el establecimiento de jueces y fiscales independientes.

Nos hemos enrolado así, en el compromiso de modificar leyes y ajustar acciones en ese sentido, donde la «estabilidad reforzada» (como se conoce en la doctrina internacional) de los órganos encargados de investigar y juzgar es uno de los pilares en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

Bajo esa óptica, la eventual destitución de un Fiscal (cualquiera sea su grado), debe motivarse en la comisión de delito o en el mal desempeño en sus funciones, pero además no debe existir duda alguna de la seriedad de las imputaciones. La fragilidad, velocidad y sencillez, con que se coloca a un Fiscal General frente a un juicio de destitución, funciona con una proyección geométrica sobre los fiscales de menor grado, generando el temor de ver pulverizada la estabilidad en la función y convertirse en un mecanismo aleccionador frente a la posible mera discrepancia con sus decisiones.

En particular, la estabilidad y la independencia del Poder Judicial no deberían ser fácilmente vencibles cuando además no se trata de la denuncia de un particular, y quien denuncia al Fiscal General, y quienes deben juzgar, son parte del sistema político y la representación partidaria.

En ese contexto, el renovado pedido de Juicio Político efectuado por el titular del Poder Ejecutivo provincial contra el Sr. Fiscal General Dr. Alejandro Ficoseco, (basado en dos causales que ya habían sido desestimadas en la Legislatura jujeña y por una tercera que por sí sola no parece de entidad, en tanto se trata de un dictámen no vinculante ante el Superior Tribunal sobre la apertura de declaraciones juradas de los magistrados), a lo que se suma algunas expresiones descalificadoras sobre el Consejo de Procuradores Generales, Fiscales Generales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, han tomado  trascendencia pública, generando alarma y preocupación en todos los estamentos y componentes del Ministerio Público provincial y fuera del mismo, en fiscales de otras jurisdicciones provinciales.

Por ello, solicitamos que al momento de decidir, se tenga en cuenta las razones antes expuestas, y que el caso es de gravedad institucional, con entidad suficiente para generar responsabilidad internacional de nuestro país de verificarse una colisión con las Convenciones suscriptas.

Marcelo Varona Quintián. Vicepresidente Primero a/c de la Presidencia

Walter Fernández. Secretario General

 

 

 

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