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La conducción de la CGT denunció «la realización de reuniones dotadas de cierto ‘oscurantismo’ afuera del Congreso entre algunos legisladores y estudios de abogados, como en el Hotel Savoy»; exigió que «los debates parlamentarios deben producirse siempre de cara al pueblo» y advirtió que el oficialismo procura cambiar «la fecha de análisis del DNU y la ley ‘Bases’ para un día sábado».
«En los debates parlamentarios, la discusión en las distintas comisiones y la publicidad de cada acto son un derecho de la ciudadanía a estar informados y es un deber de los legisladores exponer esa información», afirmó la CGT en un comunicado titulado «La Patria no se vende».
«En los debates parlamentarios, la discusión en las distintas comisiones y la publicidad de cada acto son un derecho de la ciudadanía a estar informados y es un deber de los legisladores exponer esa información»
Y denunció que «escuchamos perplejos como se realizan reuniones dotadas de cierto ‘oscurantismo’ en lugares fuera del recinto del Congreso (el Hotel Savoy parece ser apto para ello) entre algunos legisladores y estudios de abogados (¿?) sin saber qué se habla, aunque si percibimos el para qué se habla».
Comparto el documento de la #CGT en repudio a las reuniones que intentan realizar a espaldas del pueblo. El debate debe ser público #LaPatriaNoSeVende pic.twitter.com/3SyECDwkcT
— Héctor Daer (@hectordaer) January 17, 2024
Un documento firmado por el consejo directivo nacional, que colideran Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, enfatizó que «tratar con ello de obtener la celeridad para tratar una ley que ha sido rechazada en casi el 80% de sus aspectos por los distintos representantes sociales que pasaron por la discusión en comisiones, suena descabellado»
«Que una sesión parlamentaria de tamaña importancia pretenda realizarse un sábado, sin pasar por todos los trámites legislativos previos enmarcados en el reglamento de discusión de leyes, es una fuerte señal de, una vez más, un atropello a todo elemento republicano que se les cruce», aseguró.
La CGT denunció el intento oficialista de modificar la fecha de tratamiento en el Congreso de las leyes enviadas por el Gobierno, y exigió a cada legislador que «haga valer los intereses de la República en pos de la salvaguarda de los derechos de la ciudadanía toda y no de los privilegios de un grupo de poder que hizo un DNU y una ley ómnibus a su exclusivo beneficio».
