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El Poder Judicial de Jujuy sigue sin cumplir con lo ordenado, durante el martes pasado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y disponer de inmediato el traslado de Milagro Sala para cumplir con el régimen de prisión domiciliaria a su domicilio habitual, que está ubicado en el barrio de Cuyaya.
Mientras tanto, ayer se llevó a cabo una nueva audiencia del juicio oral y secreto “Pibes Villeros”, con dos testimonios que dejaron más dudas que certezas. Uno de ellos, fue Juan Carlos Guarch, que era desempeñaba como jefe del Departamento de Obras Municipales y Organizaciones Sociales (Domos) del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (Ivuj), quien atestiguó durante por cuatro horas y luego la ex vocal técnica del Ivuj, Mariana Franco, quien declaro por dos horas. Ambos dejaron más dudas que certezas en sus testimonios.
Luego de una demora de un poco más de media hora, el abogado Matías Duarte, integrante de la defensa de la dirigente social, dio a conocer a las juezas del Tribunal en lo Criminal N°3 las actuaciones que se están realizando para que la justicia de Jujuy cumpla con la acordada unánime de los supremos judiciales, que fue dispuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Cabe destacar que hasta ahora no hay ninguna orden de trasladar a Milagro Sala a su domicilio, desde el penal federal de la ciudad salteña de Guemes. “Estamos esperando que las instituciones se activen y pongan sus mecanismos a trabajar para ejecutar las órdenes del máximo tribunal de justicia de la nación”, que se estima que sería en la jornada de hoy y se podría cumplir luego de una nueva audiencia del juicio legal y secreto, que se inicia a las 14.30 horas.
El letrado dijo que la Corte Interamericana es el tribunal creado por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y es la última intérprete de la Convención, que en nuestro país tiene la misma jerarquía que la Constitución Nacional. Es decir que todas las sentencias que dicte la Corte Interamericana son de cumplimiento obligatorio para el Estado argentino.
Guarch, en su testimonio, dejo en claro que, durante la inspección y verificación de la construcción de los núcleos habitacionales en la ciudad de San Pedro de Jujuy, “fue una tendencia”, ya que “no pudimos auditar todo y corroborar la construcción”. Lo mismo aseguró sobre la construcción en el sector de las 150 hectáreas que está en Alto Comedero. También admitió que algunos actos públicos no fueron notariados, ni firmados.
Por parte, Franco tuvo un rol activo para denunciar la falta de construcción de las viviendas, pero en su testimonio, además de dudas, resalto que “no me acuerdo”; “no me consta”. Se notaron con claridad contradicciones.
Finalmente vale decir que Guarch era jefe y responsable del área y testigo, mientras que uno de los empleados del Domo, que respondía a las órdenes de Guarch, Héctor Martínez está imputado en la causa por el delito de asociación ilícita y uno de los 30 procesados que está sentado en el banquillo de los acusados.
