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La Legislatura de Jujuy aprobó este jueves un decreto acuerdo impulsado por el gobierno provincial que prevé un “ajuste para la contención del gasto público y la ejecución de la política salarial”, en el marco de medidas de achicamiento de la administración pública local.
La disposición, discutida en la segunda sesión extraordinaria, contó con el acompañamiento de legisladores del Frente Cambia Jujuy, el bloque del Partido Justicialista y el espacio Primero Jujuy, mientras que los diputados del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, se opusieron a la propuesta.
Entre los puntos destacados del decreto se dispone «el congelamiento de la planta del personal de la administración pública centralizada, descentralizada, organismos autárquicos, empresas y Sociedades del Estado”.
Además, indica que la prestación de horas extras o jornadas extraordinarias “será excepcional y restrictiva”, y se reducirán “los cargos de funcionarios públicos y de contratos de servicios para cada unidad de organización”.
Más adelante el documento precisa que se “restringe la utilización de pasajes aéreos para todos los funcionarios y agentes del Estado”, y “se prohíbe el alquiler de vehículos además de la compra de bienes de capital”.
A la lista se suma la suspensión de “las transferencias y asistencias financieras extraordinarias a municipios y comunas del territorio provincial por el plazo de 180 días”, prorrogables a partir de enero 2024.
Asimismo, se congela la “pauta publicitaria oficial por el plazo de 180 días, a la vez que se suspende proyectos y licitaciones de obras públicas no adjudicadas por el mismo plazo de tiempo”, puntos que tomaron fuerza de ley provincial 6382.
“Evidentemente encontramos una contención del gasto público que tiene que ir acompañado de la eficiencia. Lo que se pretende es que el Estado optimice sus recursos en una situación de emergencia”, explicó el diputado radical Fabián Tejerina.
Con respecto a la obra pública, refirió “venimos ejecutando un plan maestro de obras que van a continuar”, al tiempo que manifestó respecto a los municipios que “se pretende restringir las transferencias extraordinarias de manera de no afectar los salarios ni los derechos de los trabajadores”.
A su vez, la legisladora justicialista Patricia Armella expresó su apoyo a “algunos puntos del decreto acuerdo”, aunque planteó su preocupación por el artículo 7, “que suspende las transferencias a los municipios por 180 días, y bien sabemos que financieramente muchas de las localidades no funcionan”.
Por su parte del representante del FIT, Gastón Remy, propuso pensar que “los privilegios que tienen los funcionarios deberían extenderse por 365 días”, a lo que agregó que esta “celeridad para ajustar el gasto público va en sintonía a lo dispuesto por el Gobierno nacional”.
En otro tramo planteó que se destine “un fondo de emergencia para los sectores más vulnerables que ayude a afrontar los índices de inflación” y también requirió “evitar los despidos” en el gobierno provincial y en todas las jurisdicciones.
El diputado justicialista, Pedro Belizán, al tomar la palabra hizo referencia a que cuando se aprobó el presupuesto para el ejercicio 2023, “con los sindicatos festejábamos la seguridad de los trabajadores y esperamos que esto no afecte a los empleados de la administración pública”.
“Entendemos la necesidad, pero tiene que haber una sana discusión de la garantía laboral y su crecimiento en el escalafón”, completó.
También la diputada de izquierda, Natalia Morales, consideró que “la motosierra jujeña también afecta a las mayorías de los y las trabajadores”, y criticó que en la disposición “no se encuentra un solo artículo para atacar a los poderes de Jujuy como la empresa Ledesma, las mineras y los tabacaleros”.
Durante la audiencia la legisladora denunció que fue víctima de amenazas de muerte tras convocar a los trabajadores a marchar para recordar el “Argentinazo” y manifestarse en contra de las medidas de ajuste del Gobierno nacional
Morales repudió el protocolo impulsado por la ministra Patricia Bullrich, sobre el cual dijo que propone “cárcel o balas”, y generó que “otras personas se envalentonen y de hecho recibí un mail con amenazas de muerte”.
“El mensaje decía que si convocaba a la marcha de ayer miércoles 20 de diciembre no iba a ver la luz. Creo que si se repiten estos hechos pueden agravarse”, manifestó para luego afirmar que realizará la denuncia en la Justicia no sin antes solicitar el acuerdo del cuerpo parlamentario jujeño.
El pedido fue acompañado por todos los espacios políticos provinciales, debido a que “se está atentando con una miembro de la Legislatura, y además se atenta contra la libertad de expresión” coincidieron los legisladores y legisladoras.
El debate también tuvo un momento para prestar acuerdo en la continuidad de Miguel Rivas como fiscal de Estado provincial; además de dar el visto bueno para determinar un nuevo escalafón salarial para los agentes del sistema de salud pública.
Por último, el diputado del PJ Facundo Figueroa Caballero renunció a su banca y en su lugar, asumió, Rubén Rivarola, quien fue elegido por sus colegas como presidente del bloque de diputados peronistas.
