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Durante la primera Sesión Extraordinaria del 2023 año, la Cámara de Diputados resolvió desaforar a la diputada del bloque Frente por Jujuy-Frente de Todos, Débora Juárez Orieta, solicitado por el juzgado de Control Penal N°6. También fue suspendida de su cargo, mientras dure el proceso judicial.
El desafuero y la suspensión de la legisladora fue aprobada por el interbloque de Juntos por el Cambios y por los diputados del partido justicialista.
El diputado Ramiro Tizón solicitó el tratamiento del pedido sobre tablas, situación que fue rechazada por los integrantes el bloque que integra la diputada.
A su turno, Alejandro Snopek, quien preside el bloque Juntos por Jujuy, afirmó que el ingreso del pedido judicial a la Cámara no había cumplido el procedimiento que se requiere y que este tampoco estaba firme.
Luego, se conformó la Cámara en Comisión, que finalmente resolvió a favor del desafuero y suspensión de la legisladora mientras dure el proceso judicial. La resolución fue firmada por un total de 37 diputados y posteriormente fue aprobada en el recinto.
Cabe recordar que hace más de diez años, el juzgado penal del Centro Judicial de San Pedro de Jujuy, a pedido del fiscal Ernesto Liam Resúa pidió el desafuero de la legisladora por la supuesta venta ilegal de lotes en la localidad de Fraile Pintado.
Juárez Orieta fue imputada por el delito de “Abuso de Autoridad” y “Negociaciones Incompatibles por la Función Pública en concurso real y amenazas coactivas”
La causa data del mes de junio de 2012, cuando la diputada suscribió un compromiso de colaboración con el Estado provincial, a través del entonces Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, acordando la venta de terrenos a particulares para el programa «Un Lote para cada Familia que lo Necesite», de propiedad del esposo de la legisladora.
La investigación preparatoria penal surge a partir de denuncias de beneficiarios (más de 140) que señalaron que los obligaban a pagar cuotas por esos lotes y que además los habrían obligado a trabajar en la campaña política a cambio de mantener la propiedad de dichos terrenos.
Luego los diputados aprobaron los pedidos de acuerdo remitido por el Poder Ejecutivo para la designación de 14 funcionarios judiciales y uno de la Dirección Provincial de Vialidad.
Los funcionarios designados fueron los abogados Roberto Marcelo Savio Cravero como Defensor Penal Público Jurisdicción de Palpalá, Augusto Ezequiel Elgoyhen como Defensor Penal Público Jurisdicción San Pedro, Matías Fernando Mora García, Rodrigo Gabriel Fernández Ríos, Juan Luis Sorbello y Guillermo Miguel Beller como Agentes Fiscales de Investigación Penal Preparatoria, Leila Edith Rodríguez como Fiscal Especializado en Violencia de Género (Sede Humahuaca), Natalia Fabiana Segovia y María Emilia Cuerten Haquim como Fiscales Especializados en Violencia de Género (Sede Dpto. Dr. Manuel Belgrano), Augusto Sebastián Baiud Luraschi como Fiscal Especializado en Violencia de Género (Sede San Pedro de Jujuy), Romina Celeste Núñez como Fiscal Especializado en Violencia de Género (Sede Perico), Norma Pamela De Las Cruces como Juez de Control en San Pedro de Jujuy, Sergio Martín González como Juez de Control – San Pedro de Jujuy, Guillermo Marcelo Bulacios como Vocal de la Dirección Provincial de Vialidad y Pablo Gabriel Read como Juez Administrativo de Minas.
