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Este martes se conformará la Comisión Bicameral de Fiscalización de Servicios de Inteligencia y al día siguiente, la oposición pidió una sesión especial para derogar el DNU que asigna a la SIDE 100 mil millones de pesos.
De esta manera, una vez más, el debate sobre los recursos para la SIDE estará en el tapete.
La solicitud de Encuentro Federal, la Coalición Cívica y algunos radicales, de sesionar el próximo miércoles puso en alerta al oficialismo, que ya tuvo un traspié cuando se votaron los fondos para las Universidades, ya que esos bloques opositores con Unión por la Patria podrían alcanzar quórum y los votos para derogar ese Decreto de Necesidad y Urgencia.
La esperanza del Gobierno es que la mayoría de los radicales y algunos legisladores de UP no asistan a la sesión, para que no alcancen los opositores que quieren anular el DNU sobre SIDE el piso de 129 diputados para iniciar la sesión.
En este contexto, será clave cómo se definan las autoridades de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia convocada para el martes a las 14, donde el oficialismo aún no acordó quién será el presidente ya que mientras la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, impulsa a Martín Goerling (PRO), pero Santiago Caputo se inclina por Edgardo Kueider (Unidad Federal).
Además de Goerling y Kueider, esa comisión estará integrada por los senadores Martin Lousteau, Edith Terenzi (Cambio Federal); Oscar Parrilli, Eduardo «Wado» de Pedro y María Florencia López por el kirchnerismo; y los diputados de UP Germán Martínez, Paula Pennaca y Leopoldo Moreau; de LLA Gabriel Bornoroni y César Treffinger; Cristian Ritondo (PRO) y la radical Mariela Coletta.
Fuentes legislativas tampoco descartan que el radical Lousteau pueda quedarse al frente de la comisión. Sin embargo, para ello deberá contar con los seis votos del kirchnerismo.
Los radicales venían pidiendo la conformación de esa comisión bicameral que debe controlar los gastos reservados de los servicios de inteligencia para no avalar la sesión impulsada por el diputado de Encuentro Federal, Nicolás Massot, cuya bancada se quedó afuera de este estratégico organismo.
Siete radicales habían avalado el pedido de sesión especial para el jueves pasado, luego postergada a pedido de Massot, pero ahora, en la nueva solicitud, solo cuatro firman ese pedido, que son Facundo Manes, Pablo Juliano, Fernando Carbajal, y Marcela Coli, quienes son los que más están enfrentados con la conducción de Rodrigo de Loredo.
La pregunta obligada es si se sentarán los 18 diputados radicales que formaron parte de los 135 que votaron a favor en la última sesión de incorporar en el temario el DNU sobre la SIDE, pero no se logró el objetivo porque se pedía una mayoría agravada.
También si Unión por la Patria aportará los 99 legisladores que tiene esa bancada o habrá algunos como los catamarqueños que preferirán ausentarse.
Fuentes de Encuentro Federal son optimistas en que se alcanzará el quorum y tendrán 135 presentes en la sesión del miércoles y se podrá derogar el DNU que sostienen que no puede asignar esa suma adicional de 100 mil millones de pesos sin una ley del Congreso.
Por ese motivo, lo que suceda el martes en la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia será clave en el armado de esa sesión.
La solicitud de sesiones fue firmada por Nicolás Massot, Emilio Monzó (EF), Facundo Manes (UCR), Juan Manuel López (CC), Carlos Gutiérrez (EF), Fernando Carbajal (UCR), Natalia de la Sota (EF), Maximiliano Ferraro (CC), Margarita Stolbizer (EF), Marcela Coli (UCR), Mónica Fein (EF), Pablo Juliano (UCR) y Alejandra Torres (EF).
El DNU puede tratarse en el recinto de sesiones debido a que ya se venció el plazo de diez días que tenía la Comisión Bicameral Permanente para emitir el respectivo dictamen.
La ley 26122 fija que vencido el plazo para emitir dictamen las cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate de conformidad con lo establecido en los artículos 99, inciso 3 y 82 de la Constitución Nacional
De todos modos, si los diputados derogan el DNU seguirá vigente hasta que no tome la misma medida el Senado Nacional.
En ese sentido, la ley fija que el rechazo por ambas Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación de acuerdo a lo que establece el artículo 2º del Código Civil, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia.
