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El principio de acuerdo alcanzado en la Cámara de Diputados entre La Libertad Avanza (LLA) y los denominados bloques dialoguistas del PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, comprende cuestiones como la metodología de aumento de las jubilaciones, los sectores productivos alcanzados por las retenciones y con qué porcentajes y el detalle de las empresas a privatizar.
El acuerdo es analizado por los diferentes bloques de la Cámara y se propone limitar el plazo de vigencia de la emergencia solicitada por 4 años a un año, más otro prorrogable por el Poder Ejecutivo (lo que suma dos en total), y se eliminan las facultades delegadas en materia de defensa, social, previsional y sanitaria.
En otro punto el texto dice que se fijan en 0% las retenciones para economías regionales, que originalmente se llevaban a un 15%, y se limita/elimina la facultad para aumentar los derechos de exportación.
En relación al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, se establece como requisito que el Poder Ejecutivo Nacional para poder liquidar dichos activos (luego de ser transferido al Tesoro), «deberá contar con un dictamen previo favorable de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones».
Sobre las empresas del Estado a privatizar, sólo se excluiría a YPF, aunque el bloque radical también pide dejar al margen al Banco Nación y Arsat.
En materia de producción se prevé un aumento en los cortes obligatorios de bioetanol (hasta alcanzar entre 18% y 27%) y biodiésel (alcanzar en 2026 hasta 15%) y se elimina la posibilidad de libre importación de biocombustibles. También, se elimina la derogación de Ley de Azúcar.
El texto establece un beneficio para contribuyentes cumplidores del impuesto a los Bienes Personales, aunque se sugiere que el capítulo sobre este tributo podría enviarse junto «al proyecto de Ganancias».
En materia de seguridad, se elimina el artículo que hacía referencia a considerar manifestación a la reunión de tres personas, y se agregaría como «pena en el Código Penal los bloqueos a comercio o industrias».
Se establecería la eliminación de todo el capítulo de reforma a la Ley de Sociedades y el de salud pública; en tanto que de la cuestión electoral sólo avanzaría el referido a las PASO, quedando al margen la modificación a la composición de la Cámara.
En relación al Régimen Federal de Pesca, se precisa que «se mantiene la obligación de desembarcar en Argentina; se aclara que el sistema de licitaciones no va a ser internacional; y se mantienen los requisitos actuales con respecto a la tripulación local».
Sobre la Ley de Hidrocarburos se incluirá «la aclaración ‘Nacional o Provincial’, según corresponda, para evitar cualquier duda sobre competencias de las provincias en la materia, en todo el articulado» y se mantendrá la facultad de las provincias de controlar el plan de inversiones, con lo cual no se derogan los artículos 32 y 33 de la Ley 17.319.
