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Fueron liberadas las cuatro personas que habían sido detenidas esta mañana en el marco del violento accionar policial para llevar desalojar a la comunidad Tusca Pacha, en Los Alisos. Tres de ellas fueron imputadas por resistencia a la autoridad.
Por otra parte, un grupo de unas siete personas que fueron heridas durante la represión asistió al hospital para recibir asistencia y para certificar las lesiones. Entre los heridos hay un niño de 11 años. Esos informes médicos, junto con fotografías y videos, serán agregados a las denuncias presentadas por el excesivo uso de la fuerza por parte de la policía.
Andrés Deymonaz, Rosa Gutiérrez y José Luis Fuentes Alcoba fueron imputados por resistencia a la autoridad. La cuarta persona detenida, Anastasia García, es funcionaria de la delegación local de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, que depende del Ministerio de Agricultura y Pesca de la Nación.
En este episodio han tomado intervención varios organismos nacionales.
El conflicto por la posesión de esas tierras es de larga data. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ya se presentó dos veces en el expediente, recordando que no se puede desalojar a la comunidad por la vigencia de la Ley 26.160.
Por otro lado, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación recibió la denuncia correspondiente por la violencia institucional desplegada por la Policía de la Provincia.
Repudios
El Movimiento Nacional Campesino Indígena denunció el desalojo ilegal y advirtió que se encuentra en «alerta campesina indígena por la defensa de los territorios».
El Equipo Técnico y Coordinación de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena Jujuy denunció «el violento atropello policial» en el desalojo de la comunidad Tusca Pacha. «Las familias fueron reprimidas mientras defendían su legítimo derecho de permanencia en esas tierras», afirmaron. Además, responsabilizaron al estado provincial por la seguridad de las cuatro personas detenidas y reclamaron su urgente liberación.
Desde Auka-Colectiva de Trabajo Social de Jujuy expresaron su «profundo rechazo» al desalojo violento, y señalaron como responsables a la policía y el Poder Judicial de la provincia.
«Nos manifetamos sabiendo que la concentración de la tierra en pocas manos no debe ser nunca un interés que atente contra los derechos de los pueblos a la tierra para vivir», afirmaron, y reivindicaron «la identidad y las prácticas campesinas indígenas que ancestralmente se sostienen en nuestra provincia».
La organización Andhes también repudió el accionar policial y judicial, en especial el maltrato sufrido por Natalia Peñaloza, abogada del Movimiento Nacional Campesino Indígena, y rechazó «cualquier acción tendiente a la criminalización de la defensa de los territorios».
