El Submarino Jujuy Noticias de Jujuy, Argentina y el mundo
El Juez de Control Nº 5 Marcelo Ibáñez ordenó la liberación de los afiliados del Seom que causaron daños en la municipalidad de San Pedro, tras conceder la libertad bajo caución juratoria de doce de los involucrados en la causa, que están imputados de los delitos de Daños, Daños Agravados, Lesiones Leves Calificadas y Lesiones Graves Calificadas. Aún quedar por presentarse dos personas.
Los trabajadores comunales se habían presentado espontáneamente ante la justicia el jueves, 48 horas después de los incidentes sucedidos en el edificio y alrededores de la comuna sampedreña. En ese momento, la Fiscalía de Investigaciones en lo Penal Nº 10, a cargo de Silvia del Valle Farall, dispuso que quedaran detenidos, les designó sus abogados defensores y les tomó declaración indagatoria.
Mariana del Valle Bassutti, asesora del sindicato municipal, pidió al Juez de Control de turno el mantenimiento de la libertad con sustento en las disposiciones del Código Procesal Penal de la provincia, artículo 306. El magistrado hizo lugar a lo solicitado, considerando que en este caso concreto, «la presentación espontánea constituye la contratara del peligro de fuga y la voluntad expresa de estar a derecho, lo cual propicia aventar la existencia de peligros concretos para al investigación».
Ibáñez analizó los argumentos de los imputados, que explicaron el origen del conflicto social que derivó, a su vez, en el conflicto penal, y plantearon que la protesta social no debe ser criminalizada.
Frente a esta situación, el juez destacó que los órganos de justicia «no pueden permanecer indiferentes». Es más, enfatizó que su obligación es actuar pero, reflexionó, «también queda claro que si mentalmente suprimiéramos la negativa de las partes a brindar, de ambos lados del conflicto y con la suficiente antelación, el marco adecuado para destrabar las diferencias existentes, con seguridad la intervención ulterior de la justicia penal sería innecesaria».
El magistrado impuso obligaciones que deben cumplir cada uno de los imputados, bajo pena de revocar la libertad concedida: 1) mantener el domicilio fijado en la causa y en caso de ser cambiado, comunicar de inmediato a la autoridad competente. 2) comparecer ante la autoridad policial más próxima a su domicilio una vez al mes 3) permanecer a disposición del órgano judicial y concurrir a todas las citaciones que se le formulen 4) Abstenerse de realizar actos que puedan obstaculizar el normal curso de la investigación.
