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Luis Paz: “La Corte tiene los instrumentos para encaminar este desaguisado jurídico”

juicio dic15 paz 04El viernes pasado ocurrieron dos hechos muy importantes relacionados con la situación judicial de Milagro Sala. Por un lado, sus abogados presentaron un pedido de juicio político y destitución contra la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Clara Langhe de Falcone, por entender que incumplió sus deberes “al permitir que el Poder Ejecutivo interfiera en el Poder Judicial de la provincia de Jujuy, siendo órganos independientes por la Constitución”, según explicó el abogado Luis Paz en diálogo con El Submarino Radio (91.5 MHz). Es por las comunicaciones que salieron a la luz entre la magistrada y funcionarios del gobierno provincial referidas a la próxima visita de la CIDH a Jujuy.  

A las pocas horas de esa presentación en la Legislatura –que debería ser tratada en la primera sesión ordinaria de este período-, el STJ resolvió conceder dos recursos extraordinarios que había interpuesto el 20 de diciembre la defensa de Sala, y que desde esa fecha descansaban en algún despacho. Paz prefiere descartar que haya “alguna connotación”, aunque puede entreverse alguna relación entre ambas cuestiones.

-¿En qué se basaron para pedir el juicio político y la destitución de la presidenta del STJ?

-La presentación es consecuencia de la publicación en Página/12 de una investigación realizada por Horacio Verbitsky donde claramente queda demostrada la vinculación y planificación que existe para defraudar y engañar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que visitaría la provincia. Esa operación está encabezada por el gobernador Morales a través de su apoderado legal, el doctor Federico Wagner, que integra el estudio Gil Lavedra, y en esa organización se encuentran vinculados la presidenta del STJ y el fiscal de estado Mariano Miranda.

-¿Qué se refleja en esas comunicaciones?

-Lo que denotan claramente estas comunicaciones es la intervención por parte del Poder Ejecutivo en la planificación y el diseño de la política criminal en la provincia de Jujuy, además a través de un estudio privado; y particularmente la persecución judicial orquestada contra la diputada del Parlasur Milagro Sala. Lo que veníamos sosteniendo y sospechando desde la detención de Milagro, allá por enero del año 2016, se corrobora con esta comunicación a través de correos electrónicos entre estas figuras. Esto hace que se constituyan las causales de remoción de los funcionarios sujetos a juicio político, en este caso de la presidenta del STJ de Jujuy.

-¿Cómo sigue el procedimiento?

-La Constitución de la Provincia, a través del artículo 203, establece cuáles son las causales de remoción, y el reglamento de la Legislatura establece el procedimiento para esta remoción. La presidenta estaría incursa en que constituyen incumplimiento de los deberes a su cargo, que son contrarias a la Constitución Nacional y de la Provincia. La denuncia formulada por el diputado Esquivel y por la diputada Milagro Sala tiende a que se investigue y se destituya a esta jueza por el incumplimiento a los deberes a su cargo. En la primera sesión ordinaria se debe establecer la sala acusadora, juzgadora, y avanzar en la investigación.

-¿En qué consistiría exactamente el incumplimiento de deberes?  

-Fundamentalmente en permitir que el Poder Ejecutivo interfiera en el Poder Judicial de la provincia de Jujuy, siendo órganos independientes por la Constitución. Nosotros creemos que existe una organización que tiene como fin sostener la detención arbitraria de Milagro Sala, y la planificación de cada uno de los actos de esta organización está siendo conducida desde el Poder Ejecutivo de Jujuy. Y hay elementos objetivos, como el intercambio de correos entre el apoderado de Morales; el Poder Ejecutivo provincial en la figura de Mariano Miranda, y el Judicial en la figura de Clara de Falcone. Pero hay algo más: es muy grave que también participa el Ejecutivo nacional a través de su representante de derechos humanos en la Cancillería, Leandro Despouy. Esas pruebas son objetivas.

-Pocas horas después de haber presentado este pedido de enjuiciamiento, el STJ aceptó enviar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación los recursos que había solicitado ustedes para que se expida por la situación de Milagro Sala. ¿Qué significa eso?

-Así es. El viernes pasado por la tarde los defensores de Milagro Sala fuimos notificados de que el Superior Tribunal había concedido los recursos extraordinarios que habíamos interpuesto para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, último órgano que debe dirimir los conflictos en la Argentina, entienda sobre la privación de la libertad de Milagro. Primero, por violación de sus fueros parlamentarios; y segundo, porque su prisión preventiva no está justificada conforme a derecho por parte del juez de control de la provincia de Jujuy.

-¿Creen que hay alguna relación entre los dos hechos?

-No, no me llama la atención en términos de que pueda haber alguna connotación. 

-¿La Corte tiene plazos para resolver sobre la libertad de Milagro Sala?

-No, no tiene plazos para resolver. Yo estoy seguro de que la presión internacional ejercida sobre la República Argentina, y el hecho de que órganos de la jerarquía de Naciones Unidas, la OEA, organismos de derechos humanos como Amnistía y Human Rights, entiendan que la prisión de Milagro es arbitraria, tiene que movilizar estructuras dentro del Poder Judicial de Jujuy. Nosotros lo hemos demostrado y Naciones Unidas ha tenido la posibilidad de revisar los expedientes, las presentaciones de la defensa de Milagro y también las presentaciones que hizo la Argentina a través de Cancillería. Con todo eso, concluyen que la detención es arbitraria. Me parece que hay un punto de inflexión en este sentido y que la concesión de los recursos extraordinarios a la Corte por parte del STJ se relaciona con esto. Y creo que no es menor este dato.

-¿Los dos recursos ya están en Corte Suprema?

-Los dos expedientes ya deberían estar en Buenos Aires.

-La libertad de Milagro Sala se decidirá allá, entonces.

-La detención continua y permanente que sufre Milagro Sala trae consecuencias jurídicas para el Estado nacional, que es el responsable de esta detención desde el 21 de octubre de este año, a partir del informe del Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU. A partir de ese momento, el cumplimiento o no de las normas internacionales y el respeto o no a los derechos humanos, es responsabilidad del presidente Mauricio Macri, que es el principal responsable de esta detención. A mi entender, la Corte Suprema tiene los instrumentos necesarios para encaminar este desaguisado jurídico orquestado y organizado desde el Poder Ejecutivo de la provincia de Jujuy.

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