Miles de mujeres protagonizaron la marcha del #8M en la provincia con un puentazo, una movilización por las calles céntrica de la ciudad capital y concentración se realizó en la plaza Belgrano. De los 68 femicidio que hubo en el país, en lo que va del año, 5 sucedieron en Jujuy.
Con la consigna de “Ni una menos”, “La deuda es con nosotres” y “Vivas nos queremos”, los diversos colectivos feministas exigen al gobierno de Gerardo Morales que “pare de tanta impunidad de algunos ante femicidios, abusos y denuncias que se han hecho”, especialmente contra funcionarios de dos poderes del Estado. Solicitaron la Interrupción Voluntario del Embarazo (IVE).
En todo el país las principales consignas son «La deuda es con nosotras y nosotros, no con el FMI»; «Aborto legal ya»; «Separación de la iglesia del Estado»; «Basta de violencia laboral», y «Ni una menos».
En Jujuy, la cuestión de la violencia laboral viene ocupando el centro de la escena desde que comenzaron a conocerse -y denunciarse- situaciones de acoso y maltrato. Sobre este tema, el documento exige «la desvinculación de funcionarios violentos, abusadores, protegidos por el Gobierno».
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— Periodistas Feministas De Jujuy (@periofemJujuy) March 10, 2020
Menciona al presidente del Superior Tribunal de Justicia, hoy de licencia, Pablo Baca, denunciado por violación; al ex ministro de Trabajo y Empleo, Jorge Cabana Fusz, denunciado por acoso laboral con fines sexuales; el titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, denunciado por acoso laboral, violencia de género y amenazas, y el ex funcionario del área de Seguridad, Néstor Navarro, acusado de abuso sexual, que se recicló en el bloque de diputados de la UCR, en el Congreso Nacional.
Las organizaciones piden además la libertad de las presas políticas; la inclusión laboral de personas trans, travestis, lesbianas y no binaries, y acceso equitativo a escenarios y espacios culturales para mujeres y disidencias.
Exigen la derogación del Protocolo de Actuación en casos de Violencia de Género en el Ámbito de la Administración Pública de la Provincia de Jujuy, por considerar que es antidemocrático e inconsulto y que garantiza la impunidad de los acosadores.