Cinco mujeres muertas en Jujuy en lo que va del año: El Estado es responsable

Por Gabriela Tijman. El gobernador Gerardo Morales se ufana de las políticas que lleva adelante para prevenir la violencia de género y asistir a las víctimas. La titular del Consejo Provincial de la Mujer, Alejandra Martínez, brinda una conferencia de prensa y manipula la interpretación de las cifras para demostrar un supuesto avance en la materia.

Lo cierto es que en Jujuy, en lo que va del año, murieron cinco mujeres.

Para Alejandra Martínez, la funcionaria que hace malabares con los números, hubo “solo” un femicidio. Y no dice nada más. No habla de las presunciones, no dice nada de las familias de las mujeres muertas que aseguran que había antecedentes de violencia, en algunos casos con denuncias y todo.

Que el femicidio se haya incorporado como figura legal fue un logro de la lucha de años. Pero en materia de atención a víctimas de violencia de género, el femicidio no debe ser tenido en cuenta solo en función de carátulas de expedientes. Porque hay muertes que son indubitablemente consecuencia de las acciones de los violentos, aunque no hayan sido ellos los que empuñaron el arma mortal.

El 8 de enero pasado, el cuerpo sin vida de Pamela Chosco fue hallado en un arroyo de la zona de Perico. Tenía 26 años. En ese momento, su pareja y otro hombre fueron demorados, pero finalmente recobraron su libertad porque el informe de la autopsia dijo que murió por ahogamiento por sumersión. Había caído a un arroyo crecido. Se investigó la hipótesis de suicidio. La familia de Pamela asegura que era víctima de violencia. La presunción es que, luego de una discusión, la joven fue arrojada al arroyo sin posibilidad de defenderse.

Al día siguiente encontraron el cuerpo de Doris Chuqui Pacheco en un basural del barrio Alto Verde, también de Perico. Presentaba signos de golpes, un disparo en un ojo y signos de estrangulamiento. El 26 de enero detuvieron a Matías Padilla y lo imputaron por “homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género”. Doris era peruana, vivía en Jujuy desde hacía 20 años y tenía dos hijos. Como desapareció el 31 de diciembre, la titular del Consejo Provincial de la Mujer considera que su caso corresponde al 2019, y no a este año. Y con esa explicación justifica su optimismo en materia de cifras.

Todavía no había terminado el primer mes del año cuando Pablo Ordóñez apuñaló a su expareja, Mariela Zamora, el 24 de enero. La joven murió dos días después en el hospital Pablo Soria a causa de las siete puñaladas que recibió. Aquí hubo un ingrediente adicional: tres efectivos de la Policía de la Provincia fueron detenidos e imputados por la manipulación de pruebas en la investigación. Uno de ellos es familiar de Ordóñez.

El 2 de marzo pasado encontraron el cuerpo sin vida de Jaqueline Arjona pendiendo de una soga en su casa de La Quiaca. Todo indicaba que se trataba de un suicidio, pero las pericias determinaron que la soga de la que pendía no se correspondía con las huellas en su cuerpo. La autopsia mostró que la joven presentaba lesiones que se produjeron mientras estaba con vida. Jaqueline, que tenía 20 años, luchó por su vida defendiéndose de un ataque. El novio fue imputado del delito de «homicidio doblemente agravado por relación de pareja preexistente y violencia de género».

Tres días después que Jaqueline, Camila Peñalva murió en su casa de Huacalera. Tenía 25 años, una hija de 7 años y un bebé de 6 meses. En las primeras horas, la hermana de la joven señaló a la expareja, Ángel Roberto Quipildor, como presunto responsable. Pero la autopsia indicó que Camila murió por broncoaspiración y se cerró la línea investigativa por femicidio. Testimonios de vecinos y familiares indican que Quipildor había pasado por la vivienda horas antes. Cuando la encontraron, Camila estaba en su cama, boca abajo, con un golpe a la altura de la nariz. Dicen que es difícil broncoaspirarse boca abajo. Dicen que es difícil golpearse contra un colchón. Su hija de 7 años fue testigo de lo que pasó. Nadie la escucha.

Pamela, Doris, Mariela, Jaqueline y Camila son cinco mujeres que faltan, mujeres que murieron en Jujuy de forma violenta.

Si el Estado provincial elige exhibir solamente las cifras de femicidios oficializados en carátulas judiciales, está eludiendo su responsabilidad mayor: la atención integral de las víctimas de violencia de género.

Hagamos literatura. Pensemos en clave de ficción. Una joven es hostigada y violentada por el padre de sus hijos. Están separados, pero él insiste en vaya a saberse qué. Ella teme por su vida y por la de sus hijos. Acude a un centro de atención, le dicen que hoy no, que vuelva pasado mañana, que no hay nadie disponible. Vuelve a su casa. Mira a sus niños. Piensa que ella es el problema. Sabe que su hermana, su madre, su tía, su vecina… sabe que hay mujeres dispuestas a hacerse cargo de aquello con lo que ella hoy no puede lidiar. Confía en que habrá alguna que críe a sus hijos lejos del violento. Cree que morirse es la solución. Se mata. Viene la policía, viene el fiscal, determinan suicidio. Cierran la causa. Se van.

Otra joven discute con su novio violento. Ella aprendió. Sabe que tiene derechos, sabe que puede decir que no y esperar que la respeten. Pero su novio no. La discusión se torna violenta. Ella corre. Es de noche. Está agitada, asustada, teme por su vida. Tropieza y cae en un curso de agua. Se golpea la cabeza, pierde la conciencia. Se ahoga. Muere. La encuentran. Viene la policía, viene el fiscal, determinan accidente. Cierran la causa. Se van.

Este domingo, este 8 de marzo, encontraron sin vida a Fátima Acevedo en Paraná, Entre Ríos. La mató su expareja. Se supo que ella había presentado numerosas denuncias en su contra. Se supo que el violento, Jorge Martínez, había intentado quemarla con ácido en enero pasado. Se conocieron incluso audios de Fátima en los que daba cuenta de la falta de respuesta a sus denuncias.

Parece que el “no nos callamos más” no es suficiente. Todo indica que los anuncios teñidos de institucionalidad e imprecisiones no son más que una estrategia para escribir una falsa historia, haciendo alarde de una presunta atención a las mujeres víctimas de violencia. Porque son muchas las que no se callan, las que acuden a los centros de atención, las que llaman al 144, y son también muchas las que terminan en una zanja, en un basural, muertas en su cama o colgadas de una viga del techo de su casa.

Nos están matando. Vivas nos queremos. No son consignas. Son gritos. El Estado es responsable. Responsable, desde antes de las imputaciones y las autopsias. Y es responsable también de sus palabras. Cada una de las mujeres muertas en un contexto de violencia -asesinadas, suicidadas, caídas, broncoaspiradas- pesa sobre las espaldas de un Estado que no se hace responsable.