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Acompañados por organizaciones sociales, de la economía popular y algunos referentes políticos, representantes de la comunidad Cueva del Inca se movilizaron en San Salvador de Jujuy para reclamar por el cese de las persecuciones y de la represión a los originarios que protestan por la falta de políticas dirigidas a resolver los conflictos por las tierras que ocupan.
La diputada provincial justicialista Alejandra Cejas, en diálogo con La García, afirmó que «la policía no está para pegar, está para cuidarnos», y recordó que «el agua es un derecho humano», por lo que adelantó que pedirá en la Legislatura la declaración de emergencia sanitaria, «frente a la anomia del gobierno provincial».
Por su parte, José Surita, referente de las organizaciones de la economía popular, señaló que «no deja de sorprender la represión», opinó que «este gobernador no respeta nada, es autoritario» y advirtió que «llama la atención que se usara a la policía de la provincia, cuando el corte se estaba haciendo sobre una ruta nacional, por lo que debieron haber actuado fuerzas federales».
La Asamblea Abierta de Comunidades difundió un comunicado en el que exigen a los tres poderes del Estado provincial que resuelvan «de una vez por todas la problemática de la propiedad de la tierra y territorio en la provincia de Jujuy para con las comunidades indígenas».
«No se puede tolerar más hechos de atropellos, violaciones de derechos, detenciones, causas judiciales, persecuciones, amenazas, despojo de territorio, entrega de los bienes (recursos) naturales, la explotación y contaminación del agua», advierten, y agregan luego: «Las deplorables situaciones por los que deben atravesar las comunidades que solamente se movilizan pacíficamente ejerciendo derechos y en resguardo de los mismos, nunca pueden ser reprimidas por un ‘gobierno’ que, de ‘unión, paz y trabajo’ no tiene nada».
En este marco, exigen el fin de las detenciones y de la judicialización de la protesta de las comunidades originarias; el pleno cumplimiento de la legislación que mantiene suspendidos los desalojos; que se restituya «de manera urgente» la propiedad del territorio a todas las comunidades y que «se expulse de sus cargos por mal desempeño a todos los jueces que fallan en contra de la 26.260 y sus prórrogas, la 24.071 y el 169 de la OIT».
También solicitan al gobierno provincial que impulse la sanción urgente de la Ley de Propiedad Comunitaria al Congreso de la Nación.
«De ahora en más, y ante cualquier situación que llegue a suceder, le hacemos responsable directo al gobierno de la provincia y al Poder Judicial», advierten, y adelantan que harán las denuncias correspondientes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el relator de la ONU y otras instancias internacionales con competencia en la materia.
Acompañando a comunidades originarias al juzgado de control para exigir el cese de la cautelar dispuesta por el juez Cabana que impide llevar agua y luz a la comunidad de Cueva del Inca (favoreciendo un negociado inmobiliario) pic.twitter.com/MUiSsoV67h
— Iñaki Aldasoro (@InakiAldasoroPO) November 22, 2018
