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El Ejecutivo provincial busca obtener de la Legislatura la autorización para endeudarse en 6000 millones de pesos, que es lo que estiman van a necesitar para garantizar el pago de los sueldos de la administración pública y el funcionamiento del Estado hasta fin de año. Eso sí: ya está descartado cualquier aumento salarial para los estatales.
Así lo confirmó el ministro de Hacienda, Carlos Sadir, minutos antes de reunirse con diputados de la Comisión de Finanzas. «Estamos pidiendo una autorización de hasta 6000 millones; es la previsión que estamos haciendo con los números de hoy, porque es difícil saber qué puede pasar de acá a fin de año, si mejora la recaudación, si hay una reactivación», indicó.
De obtener la autorización de los legisladores, el gobierno provincial tomaría deuda con la Nación, a través del Fondo Fiduciario de Desarrollo Productivo, que prevé disponer de unos 60 mil millones que se destinarán a las provincias.
Con los 6000 millones que piensan pedir, precisó el ministro, se estarían garantizando el pago de los sueldos de la administración pública -congelados- y el funcionamiento del Estado hasta fin de año -salvo el pago de deudas locales-.
Solo en el mes de abril, para poder hacer frente a los salarios de los empleados estatales y al funcionamiento de la administración pública, el estado provincial necesita 5071 millones de pesos, pero cuenta apenas con 3693 millones de pesos (ATN incluidos), con lo cual le vienen faltando 1378 millones de pesos.
Proveedores postergados
Si bien el gobierno busca «garantizar el funcionamiento del Estado», lo cierto es que muchas de las obligaciones quedaron afuera de las previsiones, como el pago de la deuda que tiene -y crece cada día- con los proveedores del Estado. Sadir fue tajante: «No estamos pensando en eso», afirmó, y agregó: «En general hay atraso en los pagos a los proveedores, pero estamos trabajando en la medida de las posibilidades para cumplir».
En la misma línea, el funcionario remarcó: «Hay que pensar que en estos tres meses hemos avanzado en todo lo que significa el gasto en salud, que ha demandado una cantidad importante de recursos y ha complicado el pago a algunos proveedores».
De todos modos, aclaró que los recursos de los que dispondría la provincia al tomar deuda del gobierno nacional «también van a servir para eso».
Deuda reperfilada
Consultado sobre la posibilidad de que la provincia encare un proceso de reperfilamiento de la deuda contraída en los últimos cuatro años y medio, Sadir dijo que «hasta ahora» se está cumpliendo con todos los compromisos, tanto los nacionales como los internacionales, y ató esta situación a la renegociación que lleva adelante el gobierno nacional con los bonistas privados extranjeros.
«Hay que ver cómo va la negociación de la Nación; según qué ocurra, Jujuy podrá o no intentar un reperfilamiento», señaló.
Salarios congelados
Sobre la situación de los trabajadores de la administración pública provincial, el ministro confirmó que está trabajando con el gobernador Gerardo Morales en la elaboración del decreto que dispondrá un tope salarial, y descartó de plano cualquier mejora en los ingresos de los empleados estatales.
«Recomposición no va a haber. La situación es muy crítica y no da el momento para hablar de aumento salarial, cuando estamos tratando de asegurar el pago de los salarios a todos los empleados públicos y hay muchísimos empleados privados que no están cobrando sus sueldos», aseveró.
Fondo Fiduciario
A través del decreto 352/2020, el gobierno nacional destinó un total de 120 mil millones de pesos para financiar a las provincias en medio del aislamiento obligatorio que frenó la actividad económica en el país.
La mitad, 60 mil millones de pesos, provienen de Aportes al Tesoro Nacional (ATN), que se repartirán durante los meses de marzo, abril y mayo, de acuerdo a los porcentajes de coparticipación. A Jujuy le corresponde un 2,95%, con lo cual la suma a percibir es de 1770 millones, que se girarán en tres cuotas. Este monto no es reintegrable.
Los 60 mil millones de pesos restantes están contenidos en el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. De allí las provincias pueden tomar financiamiento, pero lo deben empezar a devolver desde 2021, con una tasa de interés del 25%.
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