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La presidenta de Perú, Dina Boluarte, descartó este sábado que vaya a renunciar, exigió al Congreso a que “reconsidere la votación del adelanto de elecciones” y llamó a los legisladores a “reflexionar y actuar de cara a los intereses del país”, luego de que el órgano legislativo no logró impulsar ayer el proyecto para convocar a las urnas en diciembre de 2023.
“Señores congresistas, no busquen pretextos para no adelantar las elecciones, no se abstengan en el voto, voten directamente de cara al interés del país. No se escudan detrás de una abstención. O es blanco o es negro, a medias tintas no se resuelven los problemas del país”, apuntó Boluarte en una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno en Lima.
La compleja situación sociopolítica de Perú, que incluye una veintena de muertos desde la semana pasada, se agravó a partir del rechazo en el Congreso al proyecto para adelantar elecciones a diciembre de 2023 y terminar en abril de 2024 los mandatos de presidente y legisladores, mientras persisten las masivas protestas cuya represión generó dos renuncias en el gabinete de la mandataria Dina Boluarte.
Aunque parecía que existía consenso, el Congreso no logró la mayoría calificada que exigía el adelanto de las elecciones –porque implica una reforma constitucional- y antes de que pudiera analizarse la reconsideración pedida, la sesión fue suspendida sin nueva fecha por el titulkar del cuerpo, José Williams.
En medio de cruces y gritos afloraron las diferencias en torno a si se debía impulsar una Asamblea Constituyente en simultáneo al voto de presidente y nueva composición para el Congreso.
Las bancadas de izquierda y centroizquierda eran las que consideraban que la crisis no se resolvía únicamente con comicios, sino que era preciso modificar la carta magna para que a un futuro Ejecutivo no le pase lo mismo que al del destituido Pedro Castillo, erosionado desde su asunción por un Congreso fragmentado pero marcadamente opositor. Sostenían esta postura los bloques de Perú Libre, Magisterial, Perú Democrático, Perú Bicentenario y Cambio Democrático.
La cuestión generó tanta polémica que únicamente el fujimorista bloque de Fuerza Popular votó unido, mientras que las demás bancadas sufragaron divididas.
Una reforma constitucional como la que implica adelantar comicios exige una mayoría de 87 votos en dos periodos legislativos consecutivos o 66 votos y un referendo de ratificación.
Protestas y represión
El reclamo para que se celebren las elecciones lo antes posible es central en las protestas que dejaron ya una veintena de muertos.
El país tiene cinco aeropuertos cerrados, decenas de rutas bloqueadas y clases suspendidas en varios departamentos y rige un estado de emergencia que habilita el accionar de Fuerzas Militares en casos internos. Además, anoche el Gobierno central decretó el toque de queda en 16 provincias.
A raíz de la violenta represión, mientras se realizaba la sesión parlamentaria hicieron pública sus renuncias dos integrantes del gabinete de Boluarte: la ministra de Educación, Patricia Correa, y el ministro de Cultura, Jair Pérez.
“La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte”, señaló Correa en una carta.
«Los lamentables sucesos acontecidos en el país que tienen como saldo la irreparable pérdida de hermanos y hermanas hacen insostenible mi permanencia en su gobierno», indicó Pérez.
Los dos se referían al accionar de militares y policías, a los que se acusa de la mayoría de las muertes que se registran desde el miércoles de la semana pasada y que hoy alcanzaron las 18, aunque medios y algunas instituciones suben a 20 o 22.
Los graves hechos de ayer en Ayacucho, donde grupos locales intentaron tomar el aeropuerto con un saldo de ocho muertos, marcaron una bisagra en el accionar de las fuerzas militares y en el estado de emergencia dictado hace apenas días, que restringe derechos.
A la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, que exigieron que se investigue el accionar de los militares, se sumaron los abogados Abimael Méndez y Jack Diburga, que denunciaron penalmente a la presidenta Dina Boluarte, el premier Pedro Angulo y los ministros César Cervantes (Interior) y Alberto Otárola (Defensa) por las muertes registradas durante las protestas al interior del país.
La denuncia también alcanza al jefe de la Macro Región Policial de Ayacucho, Antero Mejía; el comandante general de la Segunda Brigada de Infantería Militar de Ayacucho, Jesús Vera Ipenza; y el congresista Jorge Montoya “por resultar instigador de los delitos denunciados”.
A todos ellos se les imputa la presunta comisión de los delitos de genocidio y homicidio calificado “en grave contexto de violación de derechos humanos”.
Al no haber un registro centralizado de víctimas, los números difieren por las informaciones de provincias y departamentos y por las fuentes que los consignan: policías locales, Defensoría del Pueblo y carteras de salud, entre otras.
En otro intento de llamar a la calma, Boluarte anunció que viajará al interior para atender los reclamos de las protestas y conformar mesas de diálogo con líderes de iglesias y gobernadores regionales. Explicó que pretende abrir espacios para “llamar a los líderes que encabezan las marchas” y escuchar sus demandas. “Todos estos esfuerzos con un claro objetivo: la paz social del país”, subrayó.
Mientras, el expresidente Castillo fue trasladado al penal de Barbadillo, en la periferia de Lima, donde también se encuentra recluido el exmandatario Alberto Fujimori, para cumplir la prisión preventiva por 18 meses que ayer la justicia dispuso en su contra.
Desde que fue destituido, el 7 de este mes, Castillo estaba detenido de manera preliminar en las instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes).
El penal de Barbadillo, ubicado en el distrito limeño de Ate, es conocido como «la cárcel presidencial» porque ahí es donde Fujimori cumple una condena a 25 años de prisión.
Fotos: Resumen Latinoamericano
