Producir lo esencial: el alcohol en gel y los ingenios azucareros

Por César Saravia | Collage: Iván Barrera. Cuando el 19 de marzo, el gobierno argentino anunció el aislamiento preventivo social obligatorio (ASPO) en todo el territorio, no se esperaba que durara tanto. El coronavirus, COVID- 19, modificó muchas de las formas de relacionarnos que conocíamos. La pandemia evidenció con más fuerza las profundas desigualdades que existen en la sociedad, como el acceso a la educación, a la vivienda y al empleo en condiciones dignas.

La pandemia también tuvo profundos impactos en el mundo del trabajo. Para quienes desarrollan actividades esenciales, significó una nueva problemática de salubridad. Para quienes no, en muchos casos se les suspendieron sus ingresos. Otro grupo, quienes pudieron hacer teletrabajo, tuvieron que adaptar el ámbito del hogar a lo laboral y asumir muchos los costos necesarios para desarrollar sus actividades.

En estos meses, también algunos productos se volvieron esenciales. Uno de ellos fue el alcohol en gel. Durante los primeros días de marzo, la demanda de alcohol en gel en el país aumentó un 120% y, con respecto a marzo de 2019, el aumento superaba el 200%. Este producto, considerado secundario por la mayoría farmacéuticas, había pasado a convertirse, en pocas semanas, en uno de primera necesidad.

Aunque parezca una conexión distante, en el primer eslabón de la cadena de valor que hace que el alcohol en gel llegue a las góndolas del supermercado se encuentran los ingenios azucareros. Según datos del INDEC, en el país hay 23 ingenios, en su mayoría ubicados en el noroeste argentino (NOA). Solo en la región del NOA se encuentran 20 de los 23: 15 en Tucumán; 3 en Jujuy; y 2 en Salta. Los restantes están en las provincias de Santa Fe (2) y Misiones (1).

Mapa de ingenios de las provincias de Salta y Jujuy. Fuente: CTA Autónoma

Según datos del INTA, la caña de azúcar ocupa cerca de 376 mil hectáreas de cultivo en el NOA y solo en la provincia de Tucumán, durante la zafra 2019/2020 (como se le conoce al periodo de cultivo y producción de azúcar), se produjeron más de 326 millones de litros de alcohol. De esta cantidad, una parte importante es destinada a la producción de etanol, un biocombustible derivado de la caña de azúcar.

Entre esos ingenios se encuentra el Ingenio Ledesma, conocido por su complicidad en la última dictadura cívico militar eclesiástica durante la noche del apagón y que, a inicios de año, se retiró del programa Precios Cuidados, luego de que el gobierno se negara a elevar en un 25% el precio del azúcar. Pero no fue sólo durante la dictadura que la empresa se vio manchada de sangre. En 2011, luego de un operativo de desalojo de una toma de tierras propiedad de Ledesma, cuatro personas fueron asesinadas por la represión policial. En las últimas semanas, el ingenio ha estado nuevamente en el foco por la alta tasa de contagios de trabajadorxs. A la fecha de redacción de esta nota, el sindicato de la empresa registraba 20 trabajadores muertos a causa del COVID-19 y alrededor de 500 casos de casos positivos confirmados.

¿Quién defiende a lxs esenciales?

Antes del COVID-19 ya existía una serie de problemáticas relacionadas a las condiciones laborales dentro del sector azucarero. Para meternos en esa realidad, dialogamos con la investigadora del CONICET, Silvia Nassif, quien señaló que uno de los principales problemas para lxs trabajadorxs del campo es la gran cantidad de trabajo no registrado. A esto habría que sumar que, en el último tiempo, se ha incrementado el número de empleos temporales. En el caso de Ledesma, el ingenio más grande, el porcentaje de trabajadorxs temporales es del 60%. Un fenómeno similar ocurre en Tucumán, donde el número de trabajadorxs temporales sobrepasa al permanente, según la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA), situación que configura una dinámica de empleo bastante inestable.

Frente a la problemática de la temporalidad del empleo, lxs trabajadorxs fueron consiguiendo que, durante el intercultivo, se les otorgue un plan de 2300 pesos compensatorios. Se trata de un monto bajo y que difícilmente pueda garantizar el sustento para una familia. De ahí que muchxs trabajadorxs opten por migrar a Río Negro para la cosecha de manzanas, así como a otras provincias. Esta realidad poco visibilizada, fue noticia a inicios de la pandemia, cuando varios trabajadores no pudieron volver a sus provincias una vez que se declaró el ASPO.

La pandemia, que no era una preocupación al inicio, ha profundizado una crisis que ya era aguda en el sector. Sobre esto, Silvia comentó: “A inicios de la cuarentena, el COVID-19 todavía no era preocupación para los azucareros, como sí lo es ahora. El principal problema de la agenda con el nuevo gobierno era cómo volver a incorporar a esos trabajadores que habían perdido sus puestos de trabajo durante el macrismo. Cómo modificar la modalidad de contratación para tratar de que la mayoría de las trabajadoras y los trabajadores estén en categoría permanente, qué hacer con la falta de trabajo al finalizar la zafra, qué hacer con el plan de interzafra”.

Pese a que en los primeros meses los temas económicos señalados y otras enfermedades como el dengue eran la prioridad, desde los sindicatos comenzaron a alertar a las empresas sobre la urgencia de tomar medidas. Rafael Vargas, secretario general del sindicato de Ledesma, conversó con Marcha para dar a conocer las acciones que desde el inicio impulsaron para garantizar la salud y vida de lxs trabajadorxs.

En ese sentido, explicó: “En marzo, cuando comenzamos a conocer las resoluciones por parte del gobierno por la pandemia, desde la federación azucarera regional, conformada por los sindicatos de Salta y Jujuy, habíamos armado una declaración que le hicimos llegar a las patronales con el armado de los protocolos que debían tener como finalidad el cuidado de la salud de los compañeros. Como es costumbre con las patronales, no nos dieron importancia.Tuvimos, cada uno de los sindicatos, cada uno de los gremios, que ir trabajando en función de cómo se iba desarrollando la pandemia y también con toda la inexperiencia de no conocer todo lo que conllevaba”.

Frente a la displicencia con que la empresa abordó desde el principio la elaboración y seguimiento de protocolos, las medidas de fuerza gremiales no se hicieron esperar. El 4 de julio, el sindicato presentó formalmente la declaración de conflicto laboral en la que establecieron una serie de medidas para frenar el foco de contagios.

La declaración de conflicto establecía, además, el paro de actividades durante 7 días, si la empresa no daba una respuesta satisfactoria. A partir de ese momento, la empresa accedió a crear una mesa de diálogo. Entre las demandas de lxs trabajadorxs se encontraba la de reducir la producción y así disminuir la circulación; armar comités mixtos entre delegados y mandos medios, nombrados por la empresa, para tener información de todo lo que estaba pasando; cuestionar el trabajo que venía haciendo Medicina Laboral y cumplir con la resolución del Ministerio de Trabajo respecto a licenciar a los mayores de 60 años, así como a contactos estrechos y casos sospechosos.

Sobre los resultados de la negociación, Rafael señaló: “Logramos en esas reuniones que puedan licenciarse a más de 150 trabajadores con patologías de hipertensión, obesidad, diabetes, todas aquellas enfermedades que estaban dentro del listado. Donde no pudimos avanzar es en la mesa de delegados, el comité mixto, la información; porque la información se maneja como la provincia de Jujuy, con una información política. Ellos lo manejan con los tiempos y cuando les conviene, y dudamos de la veracidad”.

El poder de los ingenios azucareros

No es fácil enfrentarse al poderío del Ingenio Ledesma. En Jujuy, los intereses de la empresa son los intereses de la provincia. Así ha sido por décadas, durante las que los gobiernos provinciales han sido funcionales a la oligarquía monopólica azucarera. Esto lo tienen claro en el grupo de Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), una organización que está en las provincias de Tucumán y Jujuy, y que, además de trabajar en temas de violencia institucional y de Memoria, Verdad y Justicia, tiene un área de empresas y derechos humanos.

Por eso Marcha conversó con Malka Manestar, coordinadora institucional de ANDHES en la provincia de Jujuy, sobre las acciones de acompañamiento que llevaron adelante: “Desde 2017 hemos acompañado, junto al CELS, y Amnistía Internacional y ATE, al sindicato de Ledesma y al sindicato de la Esperanza en una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y unas audiencias sobre criminalización y represión de la protesta social en la provincia de Jujuy; una situación que se viene profundizando”.

Dentro de las acciones que desde el gobierno de la provincia y la empresa han realizado contra el sindicato, está principalmente el armado de causas, pero también el ninguneo de las demandas. A inicios de 2020, el Tribunal N.3 de Jujuy elevó a juicio la causa contra Rafael Vargas por presunta “usurpación” durante una protesta realizada en 2013. Esta acción ha sido catalogada como un mecanismo de “disciplinamiento”, que en Jujuy se ha vuelto una práctica habitual contra laburantes y movimientos sociales.

Ya en contexto de pandemia, desde ANDHES efectuaron una serie de demandas a distintos organismos como el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de la Nación, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Jujuy, así como a la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Así lo explicó Malka Manestar: “En este contexto de pandemia, el grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas ha emitido una serie de recomendaciones a los Estados, justamente. Porque en este contexto, bajo ningún punto de vista se pueden poner por encima los intereses económicos por sobre la vida y la salud de las personas. Lo que debe primar siempre son los derechos de las personas, y eso es justamente lo que vimos que no se está cumpliendo en Jujuy”. Y agregó: “También se hizo llegar una denuncia al grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas, donde expresamos toda esta situación, y hasta la fecha no hemos tenido respuesta”.

Por su parte, Rafael Vargas señaló que pudieron constatar que la curva ha bajado, pero que, sin embargo, el costo ha sido muy alto. Al respecto, explicó: “Estos 20 compañeros que fallecieron podrían haber estado en su casa resguardados y se contagiaron. Porque, aunque a la empresa no le gusten los contagios, y que digan que son comunitarios y no dentro del lugar de trabajo, con todo lo que hemos venido reclamando y las observaciones que venimos haciendo a la aplicación de protocolos, les va a quedar por lo menos, a ellos la duda, pero a nosotros la certeza de que tendríamos que haber parado entre 14 y 21 días en el peor momento de la pandemia aquí en el departamento”.

Las denuncias y reclamos a la empresa siguen vigentes y serán parte de la lucha de los próximos meses para determinar responsabilidades. Desde el sindicato, se llevó a cabo una demanda penal contra el directorio de la empresa por el delito de Propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa, que se suma a la presentada en otras instancias y de las que todavía no hay respuestas. La expectativa del sindicato es que se juzgue al Ingenio por violar el derecho a la salud y la vida de sus trabajadorxs, priorizando la búsqueda de ganancia y amparado en una complicidad histórica del Estado.

Para este año, luego de la Zafra, se espera que Ledesma produzca 95.000 m3 de alcohol que será usado en su mayoría para Bioetanol. Por su parte, tanto los sindicatos aglutinados en el FOTIA en Tucumán, como el sindicato de Ledesma cerraron una paritaria de 38%. Quisimos indagar en el entramado social y laboral detrás de la producción de alcohol. Reconocer que detrás de un bote con alcohol en gel hay laburantes y una trama social y laboral en todos los eslabones.

Al cierre de la charla con la investigadora Silvia Nassif señaló que una de las características de la organización sindical de azucareros es su potencia de movilización. Fue esa potencia la que posibilitó que los casos no pasaran desapercibidos y también fue clave el papel de los medios. Lo esencial, es organizarse.