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La diputada provincial por el Bloque Justicialista, Alejandra Cejas, presentó el proyecto de ley 133/18 que prohíbe el desempeño en la función pública provincial a personas que tengan vinculación sanguínea con el gobernador, vicegobernador, ministros del poder ejecutivo, jueces del poder judicial, y funcionarios públicos en general que durante el desempeño de su cargo y en el marco de sus facultades, gozan de la potestad de nombramiento y contratación de personal. De la misma manera esta iniciativa también trata de impedir que sean contratistas del estado provincial.
La legisladora afirmó que el presente proyecto de ley se dirige a luchar contra todo favoritismo dentro del desempeño de puestos de trabajo en la administración pública, definido como “Nepotismo” que es la preferencia que se da a parientes, amigos o allegados para el acceso a los empleos públicos sin evaluar las capacidades que poseen para el cargo a desempeñar.
Cejas afirmó que a lo largo de los años y los diferentes gobiernos por los que atravesó nuestra provincia, se ha visto desfilar, dentro de la administración pública, a personas que pudieron acceder a dichos puestos de trabajo en virtud de tener una relación directa o familiar con un funcionario público.
Por otra parte, indicó que esta situación genera de manera constante un gran descontento en la ciudadanía, en virtud de la falta de igualdad establecida por la Ley para poder acceder a un puesto laboral. “Además conlleva una serie de desventuras que podrían redundar en faltas graves por parte del mismo funcionario, ya que frente a la relación de parentesco o vinculación que une al funcionario con el agente de la administración pública, determinaría una presunta falta de independencia para dar órdenes o realizar llamados de atención cuando los mismos correspondieran”.
Cejas también manifestó que, en relación al concepto de idoneidad para un cargo, debiendo ser un requisito indispensable en toda función, esta situación desgasta el trabajo de la administración pública, frente a la colocación de personal con ningún tipo de conocimiento, capacidad o competencia para el puesto que desempeñan.
“A través de este proyecto de ley lo que buscamos es vedar, prohibir, que pueda accederse por un medio diferente al concurso de méritos, antecedentes y oposición, caso contrario podría redundar en un acto de discriminación con respecto a la ciudadanía en general”.
La diputada afirmó que son varios los casos de este tipo existentes actualmente dentro de la administración pública en Jujuy, hijos de ministros, funcionarios públicos en general, que manifiestan claramente la falta de capacidad para cumplir con la función que se les encomendó.
“Frente a esta actitud el funcionario público, debería ser inhabilitado para el desempeño de la función durante un mandato del Poder Ejecutivo, ya que esta decisión es perjudicial para el buen desempeño de su función. Esta es la finalidad que buscamos, lograr un eficiente desempeño de la administración pública provincial”.
