El Submarino Jujuy Noticias de Jujuy, Argentina y el mundo
Por Marta Platía, en Página/12. “Más les hubiera valido que no los designaran para ningún premio. Ahora quedaron a la intemperie los dos por colaboracionistas con los milicos. Hay otros que ya están nombrados antes, habrá que ver… Pero esta vez no pasaron”, celebraba el martes, pasadas las diez de la noche, un docente de Ciencias Sociales en diálogo con Página/12. Finalmente, la postulación a «profesores eméritos» de los abogados probadamente cómplices con la última dictadura José Luis Palazzo y Jorge Edmundo Barbará, que había sido propuesta por unanimidad por la Facultad de Derecho, fue rechazada en la Universidad Nacional de Córdoba.
La batalla en la última reunión del Consejo Superior de la Universidad fue larga y peleada. Arrancó a las cinco y media de la tarde y, de entrada se anunció que los “puntos 7 y 8” (que involucraban a Palazzo Barbará) se tratarían “al final”.
Los acólitos del decano de Derecho, Guillermo Barrera Buteler, y el vicerrector, Ramón Pedro Yanzi Ferreira, trataron de todas las maneras posibles no perder una batalla que tal vez hubiesen ganado con sus afiatados métodos burocráticos. Si la gravedad de las designaciones no se hubiese difundido a través de los organismos de Derechos Humanos, la comunidad universitaria y medios como Página/12.
Lo intentaron todo: leyeron las dos cartas de “renunciamiento” de Palazzo y Barbará, quienes coincidieron en victimizarse ante el repudio generalizado, auto alabar sus logros académicos, repetir que ellos merecían ser eméritos y, de paso, dejar pegados a todos los sectores y las autoridades universitarias que los votaron por unanimidad en marzo de 2018. A puro agradecimiento, a la hora de caer, los arrastraron con ellos nombrándolos uno por uno.
José Luis Palazzo, el “pariente” y “luchador frontal” de Luciano Benjamín Menéndez (así lo presentó el genocida en una carta de recomendación) y Jorge Edmundo Barbará, ex secretario de Gobierno de la dictadura en Córdoba y adherente a solicitadas pro “los argentinos somos derechos y humanos”, cometieron el mismo pecado formal (¿acordado?) de renunciar a honores que no les habían sido otorgados. Un oxímoron que el decano Barrera Buteler propuso “archivar por abstracto” en su facultad. La asamblea del Consejo lo rechazó por mayoría. Y también rechazó las postulaciones “en bloque” que se pusieron en consideración por boca de Alicia Morales Lamberti, que pretendieron que se votaran por sí o por no “objetivamente” a los dos postulantes en cuestión y a dos abogades más. “Que se juzguen por sus logros académicos, no por acciones políticas”, pidieron.
Nueva votación y rechazo masivo. Hubo quejas por “mezclar a dos profesionales probos con otros dos que fueron funcionarios de una dictadura genocida”. Finalmente, solo los otros dos pliegos fueron aprobados.
La violencia de tener que escuchar
La primera en romper en pedazos el statu-quo que el oficialismo intentó dar a la asamblea, fue la decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Flavia Dezzutto. “No puedo creer que estemos aquí sometidos a la violencia de tener que escuchar a Palazzo que declina una postulación. No puede renunciar porque no se le otorgó nada. Es enormemente violento tener que escuchar la nota. Tampoco me parece que se analogue con los (dos) doctores propuestos (para eméritos), porque ellos no fueron funcionarios de ninguna dictadura. Esto que pasa afecta a todo el país. Córdoba no es una isla. Y que yo sepa –resaltó- la Universidad Nacional de Córdoba no ha suscripto ningún pacto de impunidad, por lo que no deberíamos estar tratando esos expedientes. Quieren hacer creer que esto es académico, pero tenemos más de 300 personas viéndonos por internet. No es cualquier reunión. Y junto a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, ya dijimos que Nunca Más es Nunca Más”.
A Dezzutto se sumó Stefanía Serra, egresada de Derecho que refutó el argumento de que «ni Palazzo ni Barbará fueron condenados”. Serra enfatizó el bochorno planteado “¿Así que porque no fueron condenados acá los quieren condecorar? ¡Todo esto es una verguenza!”.
La decana de Ciencias de la Información, Mariela Parisí, apuntó que “no estamos hablando de méritos académicos, sino que fueron funcionarios políticos de la última dictadura militar. Nosotros no podemos ser cómplices ni corresponsables de esa decisión. Estaríamos cimentando el negacionismo. La carta del “Chacal” Menéndez dándole amparo a Palazzo, es una prueba irrefutable”.
La sobreviviente
Y entonces habló Ana Mohaded, decana de Artes y una de las 18 personas que sobrevivieron a las (salvajes) torturas y a la matanza en los campos de concentración de La Perla, La Ribera y varias cárceles del país.
“A nosotros nos violenta mucho más la presentación (de los dos cómplices para eméritos) que este debate. Ya nadie puede decir que no sabe que acá hubo 30 mil desaparecidos, 200 mil exiliados, más de 600 campos de concentración y la resistencia histórica de Madres Abuelas y los HIJOS. Todo eso es nuestra marca de identidad. Los pañuelos y las luchas de las Madres. Por eso no encubrimos ni somos cómplices de esos civiles y del Poder Judicial que tiene mucha responsabilidad y complicidad con ellos. ¿Qué más prueba quieren que el propio Menéndez escribió esa carta para defender a Palazzo? Es tiempo de que la UNC restañe todo el daño que se hizo. Tiene que quedar claro hoy, en esta asamblea, en este Consejo, que se dijo que no. Que Nunca Más”.
Antes, Dezzutto había arrancado aplausos entre el público que seguía la sesión on line, cuando con la firmeza de su voz y su ética, destacó lo «absurdo» de estar debatiendo si se premia a dos cómplices del genocidio «cuando lo que debemos hacer es honrar nuestra Memoria y a nuestros compañeros desaparecidos, a nuestra María Burnichón. Miren, si no podemos hacer eso, si no lo podemos respetar, más vale que nos disolvamos mañana. Acá no hay nada que discutir: ¡No se pueden convalidar funcionarios de una dictadura que secuestró, que torturó y desapareció!».
Desde el chat que ardía al costado derecho de las pantallas de las computadoras, sobrevivientes como Letizia Raggiotti, Gloria Di Rienzo, Sara Waitman o les compañeres de Tomás Carmen Di Toffino (quizás la víctima emblemática de Palazzo, quien en el momento de su secuestro era jefe de Personal de la EPEC), vivaban esperanzados con el final del encubrimiento a los cómplices y responsables civiles de la dictadura.
Los grandes perdedores del martes 15 de diciembre, fueron el vicerrector Yanzi Ferreira y el decano de Derecho Barrera Buteler. Jamás antes había ocurrido que expedientes aprobados por unanimidad en sus claustros sufrieran semejante derrota. Se sabe que hay abogados que adhirieron al Terrorismo de Estado que ya fueron nombrados sin que tuviesen esta repercusión. Las facultades evaluarán qué hacer con ellos. Por lo pronto, se ha redactado un anteproyecto que propone modificar los requisitos en la designación y premiación de profesores, elevado por la decana de Ciencias Sociales María Inés Peralta.
Desde la UNC, tras los festejos on line, un profesor de Historia recordó que «la primera lucha de este tipo la dio María Elba Martínez (decana en causas de derechos humanos en Córdoba) cuando junto a Hugo Vaca Narvaja (actual juez Federal 3) evitaron que el abogado Juan Carlos Vega integrara la Comisión Provincial de la Memoria» en 2006. «El Canco» Vega había sido propuesto por la UNC, no obstante haber sido secretario del intendente de facto en 1971, y haberse ocupado como abogado de la intervención militar del Sindicato de Empleados Públicos en 1976. Vega querelló a Martínez, pero perdió el pleito cuando quedó establecido su colaboracionismo.
Con estos antecedentes y con Palazzo y Barbará sin los lauros que pretendían y con los que otres intentaron cobijarlos, el muro de complicidad cívico-eclesiástico (las otras dos patas de la dictadura militar) ha comenzado a desmoronarse en Córdoba. Después de la batalla ganada, fueron muches les que repitieron aquellas perfectas líneas del Manifiesto Universitario de 1918: «Hoy Córdoba tiene una vergüenza menos y una libertad más».
