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La diputada del FIT-U, Natalia Morales, integrante de la Comisión de Igualdad de Oportunidades con perspectiva de género, afirmó que la provincia sigue sin adherir a la Ley Nacional de Cupo Laboral y en la Legislatura se archivan los proyectos para que Jujuy tenga su propia ley.
«Es la quinta vez que la izquierda presenta un proyecto integral para garantizar el trabajo genuino con plenos derechos, pero las vidas trans no son prioridad para Sadir y el bipartidismo, muy en sintonía con el gobierno de Milei».
El proyecto titulado «Plan de inserción laboral en planta permanente para personas transgéneros, transexuales y travestis» que tiene como objetivo la incorporación al trabajo formal establece:
- Cupo mínimo del 5% de la planta permanente del Estado provincial para personas de Cupo Laboral de género no binario hayan o no accedido al cambio registral establecido en la Ley 26.743, tengan o no tengan antecedentes penales, y que reúnan las condiciones requeridas para ocupar el cargo.
- Pleno derechos y salario que parta de la canasta familiar.
- Capacitación obligatoria y remunerada a las personas aspirantes a cualquier puesto laboral requerido. La misma deberá ser garantizada por el Estado provincial y sus órganos dependientes
- Informes públicos trimestrales y balances anuales sobre la aplicación de la presente ley.
- No suplantación. La implementación del cupo laboral trans no puede implicar autorización para suplantar a trabajadores que ya cuentan con una relación laboral con el Estado y sus organismos.
- Adhesión de municipios y sus organismos.
La legisladora afirmó que en la Legislatura de Jujuy todos los años se invita a las organizaciones y personas trans para que cuenten su situación y planteen su agenda en la Comisión de Igualdad de Oportunidades y Perspectiva de Género, sin embargo, no se tratan los proyectos presentados para dar respuesta a sus problemáticas que la expresan en las calles.
«Lo único que traba que Jujuy cuenta con una Ley de Cupo Laboral Trans en la voluntad política de los bloques mayoritarios en la Legislatura que tienen los votos necesarios para que se haga ley como sucede con la UCR que tiene mayoría absoluta. Sin embargo, cada año que no se trata, condenan a las personas trans a tener una expectativa de vida que no supera los 40 años porque no tienen ni siquiera garantizado el derecho al trabajo, a la educación, salud o vivienda, exponiendo sus vidas a crímenes de audio como sucedió con Ana Paula en el 2024».
Según el Censo de Población Trans Femenina y Masculina realizado en el 2023 realizado en el 2023, por la Fundación Damas de Hierro, Fondo de Mujeres del Sur, y Nuestros Derechos, Nuestro Orgullo en 8 departamentos, Dr. Manuel Belgrano, San Pedro, Ledesma, Perico, Palpalá, El Carmen Tilcara y Yavi, da cuenta de un total de 223 personas censadas, que en materia educativa sólo el 54% curso secundario, y el 30 % de los que sufrió un acto de discriminación decidió continuar con los estudios.
En materia de seguridad social, el 72% no tiene obra social, el 65% no recibe ningún beneficio del estado, el 82% no recibe ayuda económica familiar, y el 85% no percibe jubilación o pensión. Respecto a salud, el 49 % realiza algún tipo de tratamiento de hormonización. Si se trata de trabajo, el 49% de la población se encuentra desocupada y el 17% en relación de dependencia. El 84% sostuvo que es dificultuoso acceder a una vivienda, plan de vivienda, crédito bancario o tarjeta de crédito por razones de género. Respecto a la vivienda, sólo el 11% cuenta sólo cuenta con un servicio esencial como es el alumbrado público y sólo el 35% con alumbrado público, cordón cuneta, pavimento y recolección de residuos.
Integrantes de la Fundación Damas de Hierro y otras organizaciones trans que se hicieron presentes en la Legislatura manifestaron que tanto por los recortes de nación como en la provincia no están teniendo acceso a tratamiento de hormonización, a medicamentos, donde incluso recibieron vencidos afectando su salud y derecho a la identidad.
Además, ante la crisis y falta de empleo la población travesti trans están empujadas a la prostitución y ante la falta de expectativas al consumo problemático. Además de exponerse a situaciones de violencia y transfemicidios como el de Ana Paula Costas, trabajadora sexual que recibió un golpe mortal en la cabeza en el Barrio Alto Comedero.
