El Submarino Jujuy Noticias de Jujuy, Argentina y el mundo
El viernes 26 de julio finaliza la feria judicial. A partir de entonces, se espera que la justicia empiece a citar a testigos en el marco de la causa que investiga las acciones represivas del 17 de junio de 2023 en la ruta 9, en el acceso a Purmamarca, en medio de las protestas contra la reforma parcial de la Constitución provincial. Las abogadas de las víctimas, incorporadas en la querella, pedirán la citación de funcionarios provinciales y también del expresidente Alberto Fernández.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) aceptó finalmente la querella en la causa de Lian Mijael Lamas, el joven que perdió un ojo en medio de la represión policial desatada el 17 de junio de 2023. En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), la abogada Alejandra Cejas remarcó: «Venimos con muchas denuncias y causas, en las cuales se ha negado sistemáticamente la participación de las víctimas». Por esta razón, consideró que en este caso «se ha dado un gran paso».
Junto a su colega Silvana Llanes, Cejas representa a las numerosas víctimas de los operativos represivos de aquellas jornadas. Una vez incorporada la querella, se inicia una etapa en la que pedirán «el marco probatorio necesario», explicó la abogada. «Citar a testigos, sumar toda la documental que hay, los informes que se han producido a nivel nacional e internacional, y llamar a todos los que han tenido participación de alguna manera en estos hechos que han sido luctuosos para Jujuy, sobre todo el 17 y 20 de junio», detalló.
Más allá de esta novedad auspiciosa, Cejas remarcó que el expediente iniciado por los hechos de esas jornadas está «plagado de desprolijidades». Una de ellas se dio el pasado 4 de julio, cuando el fiscal Rodrigo Gabriel Fernández Ríos suspendió por segunda vez una inspección ocular en el cruce de las rutas 9 y 52. «Nosotros la hicimos igual, con víctimas y testigos que se hicieron presentes porque ya estaban citados formalmente», recordó la abogada.
Citación a funcionarios
El lunes pasado se inició la feria judicial. Un día antes, las abogadas presentaron un pedido para que se cite a los funcionarios que estuvieron en el corte de ruta el mismo 17 de junio. «Había funcionarios de todas las carteras, que estaban panfleteando, entregando volantes políticos del Gobierno de Jujuy, y estaban amenazando a las personas que estaban ejerciendo su derecho al reclamar en ruta la nacional. Ya fueron identificados por los testigos», relató Cejas, y reveló que «hoy la mayoría son todavía funcionarios».
La letrada precisó que «había tres ministros, viceministros, diputados, muchos funcionarios locales». Y adelantó que también se va a pedir que se cite al expresidente Alberto Fernández, «porque él dictó el decreto 453, que gestó la creación de una comisión investigadora a nivel nacional por los hechos que sucedieron en Jujuy entre el 16 de junio y prácticamente hasta julio».
«Esa comisión ha funcionado, se ha constituido en Jujuy y ha recabado denuncias y testimonios de las víctimas. Y ha generado informes que estamos analizando», agregó.
Informe final sobre violencia institucional en Jujuy: «Violación sistemática de derechos»
La perspectiva es que se convoque a una gran cantidad de testigos. Sobre los funcionarios locales, Cejas señaló: «Hay que citarlos para que expliquen cómo fue la cadena de mando, quién dio la orden de dispararle a la ciudadanía en la ruta nacional. Y
no solamente eso, sino disparar directo a los ojos, con las secuelas que ha tenido ese accionar».
Víctimas amenazadas
El primer objetivo es determinar las responsabilidades institucionales y políticas de las acciones represivas. «Después vamos a poner a disposición a todos los testigos de la querella que dan testimonio de lo que han vivido, lo que han sufrido. Pero hay que resguardarlos, porque ya sabemos cómo funciona el gobierno de la provincia de Jujuy: amenaza, aprieta, presiona», advirtió Cejas.
En este sentido, reveló que dos víctimas de la represión del 20 de junio de 2023 en San Salvador de Jujuy «han sido brutalmente apretados para que no hablen, con ofrecimiento de plata y recursos». Y cuando esas maniobras no dieron resultado, agregó, «aprietan mandando a la policía».
«Vivimos en un estado casi mafioso. Han pasado muchas cosas, que vamos contando de acuerdo a las autorizaciones de nuestros clientes, y otras las sabemos porque las vivimos nosotras, las abogadas, que también estamos expuestas a la violencia institucional que ejerce el gobierno», señaló Cejas.
Para la letrada, la situación «es muy grave». Y sentenció: «Jujuy está en un estado de excepción».
A su entender, lo preocupante es «que no haya la mínima posibilidad de acceso a la justicia, por eso estamos avanzando a los efectos de que se esclarezcan los hechos, porque no puede pasar que haya víctimas, que haya todo un proceso de daño a la ciudadanía y que no haya culpables».
Por ahora, la causa no tiene tipificación. Para la querella, «de mínima» son lesiones gravísimas. «Estamos hablando de delitos graves y hay que determinar responsabilidad, porque van a querer hacer como siempre, cortar por lo más fino, que puede ser un efectivo -afirmó Cejas-. Pero no es un acto policial, para nosotros hay responsabilidades políticas que tienen que ser resueltas y tienen que ser determinadas en el marco de este proceso judicial».
«La justicia provincial va a tener que dejar de actuar como un comité radical y va a tener que empezar a actuar como justicia, como servicio, porque para eso se les paga», agregó.
