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Frente al acuartelamiento, actos de sedición y manifestaciones del sector policial, organizaciones de derechos humanos señalaron su repudio. Desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) sostuvieron que son acciones que están «por fuera de las leyes que regulan su servicio», y señalaron que «pretenden condicionar al gobierno, utilizando para ello la delegación de la fuerza que el Estado les adjudica».
«No desconocemos la necesidad de recomposición salarial de todos los trabajadores estatales, pero estas acciones exceden ese reclamo», explicaron.
«Las políticas de otorgar mayor poder a la estructura policial, que se vienen produciendo desde hace varias gestiones, lejos de mejorar el funcionamiento de una institución atravesada por la corrupción estructural y la desprofesionalización, le da mayor poder que luego utilizan para funcionar como grupo de presión».
«Llamamos a revertir las políticas actuales, profundizar el control civil sobre las fuerzas de seguridad y democratizar la institución. La policía bonaerense no puede funcionar por fuera de la ley, ni cuando actúa en los territorios ni cuando genera estos reclamos sectoriales. Este accionar agrede la democracia y el orden constitucional. Estos acuartelamientos y manifestaciones son ilegales, y así deben ser tratadas», concluyeron.
En tanto, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) expresó «su más enérgico repudio a las ilegales acciones de presión que viene desarrollando el personal policial en el territorio de la provincia de Buenos Aires. El despliegue de móviles policiales y la exhibición de armas aportan máxima gravedad a esas expresiones».
«Estas conductas, basadas en la intimidación y la exposición de fuerza, importan prácticas extorsivas para con el gobierno democrático que son inaceptables en el Estado de Derecho. En este sentido expresamos nuestra solidaridad y respaldo a las autoridades democráticas provinciales», explicaron.
«Desde APDH siempre hemos señalado que en nuestro país existe un modelo policial militarizado, autónomo, punitivista, arbitrariamente discriminador, que exalta la mano dura y los procedimientos violentos, que naturaliza los abusos de poder y encubre los delitos propios».
Agregaron que «los hechos que se están sucediendo en las últimas 24 horas confirman tal caracterización y también la necesidad urgente de reorientar ese modelo policial hacia otro centrado en el respeto y cuidado de todas las personas, que sea garante de la ley, que contribuya a la resolución de los conflictos que aquejan a las y los ciudadanos y que proteja el interés general de la sociedad, especialmente de los sectores vulnerables que más necesitan esa protección».
«Junto a ello también postulamos que el personal comprometido con esa misión sea tratado con la dignidad y el respaldo que tal trabajo requiere», señalaron.
«Frente al estado de situación rechazamos todo tipo de complicidad mediática y política con el personal policial insubordinado, exigimos el cese inmediato de todas sus ilegales acciones de presión, y llamamos a aferrarse al imperio de la ley y generar políticas públicas tributarias de la convicción de que las únicas sociedades seguras son aquellas que garantizan la plena vigencia de los derechos humanos», concluyeron.
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