Por Mariano Kestelboim, en BAE Negocios. El Riesgo País volvió a quedar al borde de los 800 puntos, como en el momento de mayor alarma de la economía macrista, en la antesala del segundo pedido de auxilio al FMI de septiembre pasado. Este indicador es decisivo en el actual modelo financiero especulativo y de negocios para socios del poder y, por la dinámica reciente, anticipa un inminente default.
Se debe a que las políticas oficiales se desentienden del desarrollo productivo y la gobernabilidad se sostiene en base al combustible que brinda el acceso a préstamos de otros países a través del FMI o directamente de la mano del Estado chino. El alto Riesgo País en el anterior gobierno también era un grave problema y, mas allá de que en sus últimos años había conseguido bajarlo y acceder a tasas inferiores en las mercados voluntarios de crédito internacionales a las que debería pagarse hoy, no era el eje central de funcionamiento de la economía; o sea, si bien esos recursos eran muy importantes para dinamizar la actividad, no representaban el corazón del modelo.
La debacle, bajo el actual modelo es inevitable. La economía debe pagar una sobre tasa del 8 por ciento en relación a los títulos de deuda soberana de Estados Unidos para acceder a financiamiento externo. Eso implica un riesgo excesivo para potenciales inversores y el riesgo seguirá en ascenso por varios motivos. La declaración de default de diciembre de 2001 no está tan lejos, el desequilibrio externo, a pesar de la mega devaluación reciente, no fue resuelto (la fuga de capitales, con más de 30.000 millones de dólares en los últimos 12 meses, supera los más altos niveles históricos y el déficit de cuenta corriente de 2018, en relación al PBI, será el más elevado en casi cuatro décadas) y, lo mas importante que los economistas del establishment omiten, las políticas aplicadas van degradando muy rápidamente la plataforma productiva. El camino elegido también dota de un mayor componente de inestabilidad que será muy difícil de resolver y que ahuyenta el desarrollo de inversiones que vuelvan a la economía estructuralmente más competitiva.
El deterioro de la capacidad productiva, expresado en los alarmantes niveles de caída de la actividad industrial, de utilización de las instalaciones fabriles, de destrucción de puestos de trabajo formales y cierres de empresas, deriva en una mayor dependencia externa y en un menor margen para equilibrar el déficit en el intercambio con el resto del mundo. Esa debilidad, agudizada por tensiones distributivas y pérdida de credibilidad del gobierno, va determinando que, en el modelo actual, el tipo de cambio de equilibrio para combatir el déficit externo deba tender a ser cada vez más elevado, generando un círculo vicioso explosivo: menos producción local, mayores dificultades para acceder al financiamiento externo, aumento del peso del pago de la deuda entre los recursos públicos, crecimiento de la percepción de fragilidad, presión a la depreciación de la moneda nacional y, por ende, más inflación retroalimentando la crónica inestabilidad, la contracción de la actividad y la suba del Riesgo País.
El gran interrogante es cuándo el modelo estalla. De hecho, si el gobierno no hubiera podido acceder a la ampliación y al adelantamiento casi pleno de los desembolsos de emergencia del FMI bajo su mandato, más allá del actual desastre productivo, Cambiemos ya se hubiera tenido que ir.
¿Por qué el FMI lo sostiene? Hay, desde ya, factores geopolíticos en juego. Argentina llegó a emplear un esquema de políticas que rechazó todo tipo de condicionamientos externos y que le permitió, a diferencia de sus socios regionales, recuperar parte de su capacidad industrial y regular soberanamente los mercados financieros y, al mismo tiempo, crecer, reinsertar sectores sociales marginados, habiendo quedado muy cerca de conseguir algo inédito en nuestro país: un cuarto mandato presidencial dirigido por el mismo proyecto político.
La contracara es la transferencia extraordinaria de recursos a la actividad financiera. Desde el inicio de la llamada «tormenta» y hasta octubre pasado (último dato disponible), la rentabilidad sectorial, observada por el Banco Central en su «Informe sobre Bancos», trepó un 115 por ciento medida en pesos y un 25 por ciento en dólares por encima de su ya próspero 2017. Así, en esos siete meses, totalizó ganancias por 3.865 millones de dólares. Es una renta enorme, dado que no se trata de una contrapartida por inversiones o desarrollos innovativos. Es el resultado del poder de lobby de las corporaciones financieras que les permitió instalar en los máximos cargos del equipo económico nacional a funcionarios que trabajaban para ellos y diseñaron el modelo que necesitaban para extraer recursos de otros sectores en detrimento del conjunto de la economía.
El desafío de la siguiente gestión, una vez que haya terminado de colapsar el proceso de vaciamiento en pos de la especulación financiera y de una mayor dependencia externa será desarrollar un esquema de políticas que nuevamente genere estímulos a favor de quienes producen y no de los que especulan y abusan de su poder.